Amnistía señala a 15 empresas que el Gobierno debería vetar por contribuir al apartheid y el genocidio

La ONG de derechos humanos defiende que las administraciones “prohiban e inhabiliten” a las multinacionales que hacen negocio con el apartheid y la maquinaria de guerra israelí, algo que el Gobierno español no contempla.
Bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza
Bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Imagen de la exposición ‘Gaza a través de sus ojos’ en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.
@MartinCuneo78
@martincuneo.bsky.social
21 sep 2025 12:58

La responsabilidad del genocidio en Gaza y del apartheid y la ocupación israelí de los territorios palestinos no es una responsabilidad exclusiva del ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo “están facilitando con su complicidad, su apoyo o su parálisis autoimpuesta” al genocidio y el apartheid.

Un reciente informe de Amnistía Internacional arroja luz sobre la responsabilidad de las empresas que contribuyen a la maquinaria de guerra israelí y a la colonización de los territorios ocupados y la responsabilidad de las administraciones públicas, que tienen en sus manos sancionar a aquellas compañías que contribuyen a la violación de los derechos humanos.

En la última semana, el Gobierno se ha negado a realizar acciones contra las empresas israelíes Enlight y ICL, con millonarios contratos en España pese a las campañas del movimiento de BDS

Entre las 15 empresas a las que dedica el informe, figura la compañía Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), empresa participada al 3% por el Gobierno vasco, a la que acusa de “complicidad en las violaciones de derechos humanos” cometidas por Israel contra la población palestina. “Ya es hora de que los Estados, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y otros actores no estatales pongan fin a su adicción letal a las ganancias y los beneficios económicos a toda costa”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El informe publicado incluye una batería de medidas que deben tomar los Estados “para cumplir sus obligaciones”, unas iniciativas que van mucho más que las nueve medidas que anunció Pedro Sánchez el pasado 8 de septiembre. La primera de ellas, no contemplada por el ejecutivo de Sánchez, es “prohibir e inhabilitar a las empresas que contribuyen o están directamente vinculadas a los crímenes de Israel”. 

En la última semana, el Gobierno se ha negado a realizar acciones contra las empresas israelíes Enlight y ICL, con millonarios contratos en España, pese a las campañas del movimiento de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) que documentaron su contribución al genocidio y a la ocupación ilegal de territorios palestinos. 

Entre las multinacionales que no deberían favorecerse de ayudas ni contratos públicos por su contribución al genocidio y el apartheid figuran la estadounidenses Boeing y Lockheed Martin; las empresas armamentísticas israelíes ElbitSystems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI); la empresa china Hikvision; el fabricante español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF); el conglomerado surcoreano HD Hyundai; la empresa de software estadounidense PalantirTechnologies; la empresa tecnológica israelí Corsight, y la empresa de aguas estatal israelí Mekorot.

Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor se suman a esta primera lista por su contribución al mantenimiento, la consolidación y la expansión de asentamientos ilegales israelíes en el territorios palestinos ocupados.

“Pero no nos equivoquemos: estas 15 empresas son sólo una pequeña muestra de todas las empresas responsables de sostener un gobierno que está provocando una hambruna artificial y cometiendo un homicidio masivo de civiles", dicen desde Amnistía Internacional.

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