Desahucios
Desahucios, decretos y la represión que no cesa

Las imágenes de la policía golpeando, gaseando y disparando a las activistas que trataron de impedir el desahucio de Maricarmen han marcado un antes y un después en el movimiento por la vivienda. Aunque estamos acostumbradas a unos niveles muy altos de violencia policial en los desalojos, que no suele aparecer en las noticias, es cierto que el despliegue de fuerza en este caso fue extremo. La indignación social que provocaron esas imágenes, junto con la injusticia del desahucio (como la de todos los desahucios), ha sido parte de las causas por las que la Puerta del Sol se ha llenado de nuevo de tiendas de campaña para exigir un cambio en el modelo de vivienda en nuestro país. 

No podemos pensar que éste ha sido un caso aislado. La violencia que vimos (o sufrimos en nuestras carnes) el pasado 23 de septiembre forma parte de la respuesta habitual que los movimientos sociales se encuentran cada vez que se organiza una acción mínimamente disruptiva, así como de la escalada represiva que se viene dando desde la pandemia en el Estado español. Si bien los Estados que se dicen democráticos deben presentar un margen de tolerancia a la protesta para mantener su legitimidad y la apariencia de un sistema que protege y garantiza los derechos de la ciudadanía, este margen se estrecha cuando los intereses políticos o empresariales se ponen en juego, cuando el movimiento gana demasiada fuerza, o cuando el Estado trata a toda costa de que la protesta no se extienda. 

Para ello, el Estado hace uso, desde hace años, de diversas estrategias que buscan tanto generar un efecto disuasorio generalizado, como anular la capacidad de movilización de individuos específicos que sirvan además como casos ejemplarizantes para el resto. Así, entre estos repertorios represivos encontramos las identificaciones masivas y sanciones administrativas indiscriminadas, lo que ha venido a llamarse burorrepresión; las persecuciones penales a activistas, como ocurre ahora con las 8 de Becerril o las 4 de Valladolid (encausadas por su participación en las protestas contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista del año pasado); la vigilancia y monitoreo de activistas tanto de forma presencial (con seguimientos, instalación de micrófonos, policías infiltrados, etc.) como digital, con la vigilancia en redes sociales, uso de cámaras con inteligencia artificial y drones, o las intervenciones telefónicas; o la violencia policial directa en acciones, protestas y manifestaciones, incluyendo el uso de armamento “menos letal” como balas de goma, gas lacrimógeno o cañones de agua. Usadas en diferentes casos, con diversa intensidad y también en función de los propios recursos policiales disponibles, todas estas estrategias y todos los casos documentados en los que se emplean son ejemplos de que la represión es una constante en la vida de quienes se organizan contra la precariedad y la injusticia en el Estado español. 

No obstante, y aunque encontramos ejemplos de represión en toda la historia de la democracia española, cabe señalar que, en comparación con los años previos a la pandemia, estamos viviendo una escalada represiva de la que se está hablando muy poco. Los informes de Defender a Quien Defiende, en los que se realiza un diagnóstico anual del derecho a la protesta, ya apuntan a esta intensificación de la represión. En los datos que recogen de 2025, señalan que este año se caracterizó por “un mayor uso de la fuerza, una ampliación del recurso a figuras penales de alta gravedad y una consolidación de estrategias judiciales y privadas de desgaste”. Las 13 policías infiltradas destapadas en colectivos sociales de todo el Estado desde 2022 también son signo de la intensa vigilancia y criminalización a la que están sometidos los grupos que se organizan para plantar cara a las políticas de precariedad del Estado y del capitalismo, o para tratar de buscar alternativas que permitan hacer vidas más sostenibles. 

Si observamos los datos oficiales que ofrece el propio Estado, podemos observar que esta tendencia se confirma. Según los datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número total de agentes de policía nacional y guardia civil lleva aumentando todos los años desde 2018 (a excepción de 2024), llegando a su máximo histórico en 2026, con un total de 161.349 agentes entre ambos cuerpos, lo que supone aproximadamente 325 agentes por cada 100.000 habitantes, también un máximo histórico desde que hay registros. Por otra parte, los presupuestos de ambos cuerpos llevan aumentando, en términos absolutos, desde 2014, si bien en 2020, debido a la llegada de los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis de la pandemia, experimentaron un fuerte incremento. Así, entre 2020 y 2025, el programa 132A del Ministerio del Interior (Seguridad Ciudadana, en los Presupuestos Generales del Estado) para el conjunto de las dos Direcciones Generales aumentó un 35,27% su presupuesto. 

Por otra parte, aunque no existen datos exactos de las sanciones impuestas en el contexto de la protesta, podemos analizar los 17 artículos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como la Ley Mordaza) que pueden relacionarse con acciones de protesta, para tener una visión aproximada de cómo se está sancionando la protesta. Con datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, y eliminando los años 2020 y 2021, en los que hay un fuerte incremento de sanciones por desobediencia debido al estado de alarma, podemos observar que, entre 2015 (cuando se aprueba la ley) y 2024 (último año con datos al hacer el análisis), se impusieron 151.539 multas por el artículo 37.04 (faltas de respeto a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado); 110.917 por el 36.06 (desobediencia o resistencia a la autoridad, o negación a identificarse); y 43.421 por el 36.03 (desórdenes en la vía pública). Son, de lejos, los tres artículos más sancionados de todos los analizados. 

Además, como ya hemos adelantado, si comparamos el periodo previo a la pandemia (2015-2019) con el posterior (2022-2024), observamos un aumento tanto de las multas como de su precio. Así, si en el periodo prepandemia hubo una media anual de 36.348 sanciones, tras la pandemia se incrementó en un 39,73%, con una media de 50.787 sanciones anuales. En cuanto al precio, entre 2022 y 2024 se impusieron más sanciones graves que leves (al contrario que en el periodo prepandemia, cuando se impusieron más sanciones leves que graves). Además, para todos los artículos analizados excepto en dos, el precio medio de las sanciones ha aumentado. Así, si en el periodo prepandemia la media de precio por sanción eran 374,49€, tras la misma ha aumentado a 440,33€ de media por sanción, un 17,58% más. 

Por tanto, y aunque no todas estas sanciones corresponden al contexto de la protesta, podemos aventurar con bastante seguridad que se está multando más la protesta, y con sanciones más graves y caras, que antes de la pandemia. Esto, unido al incremento tanto de presupuesto como de efectivos policiales que se ha intensificado también tras 2020, apunta a que, efectivamente, el gobierno más progresista de la historia está apostando por una gestión punitiva y represiva de la protesta, y del control social de forma más amplia. 

Los movimientos sociales no son, ni mucho menos, los únicos receptores de la violencia del Estado. Lo que está ocurriendo en Ceuta en estos momentos es el ejemplo más evidente de que la necropolítica afecta primero y principalmente a las personas racializadas y migrantes, en el contexto de un sistema neocolonial que continúa deshumanizando, explotando y lucrándose a costa de los territorios y personas del Sur Global. Afecta también a las pobres, a las expulsadas del mercado laboral, a las que les niegan los papeles y la ciudadanía, a las que tienen consumos problemáticos de droga, a quienes okupan, a las locas. A quienes podrían haber sido Maricarmen, pero no lo fueron porque viven en La Cañada, o en el B9, o en la 1315, y no son blancas ni pagan su alquiler todos los meses en un barrio céntrico de Madrid. La represión contra los movimientos sociales está íntimamente relacionada con la violencia sistémica que explota o deshecha las vidas de las migrantes y las pobres. Es parte de la respuesta punitiva a las consecuencias de la precariedad estructural a la que somete, de forma diferencial, este sistema a la mayoría de personas. Por eso, la represión no empieza ni termina con Maricarmen, ni con los movimientos sociales. Una crítica a la represión debe ser una crítica a la violencia del capitalismo racial y a las respuestas penales que ofrece para tratar de gestionar sus coletazos. Hacer frente a la escalada represiva supone comprender su carácter estructural, puesto que la violencia es la característica definitoria del Estado; y supone también afirmar que es posible organizarse, más allá de los casos mediáticos, para hacerle frente.