Fondos Next Generation
Greenpeace denuncia que el plan España Puede no tiene garantías para una recuperación justa y verde

Los ojos del Gobierno están puestos hoy en Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea visita Madrid este miércoles para entregar en mano a Pedro Sánchez la evaluación de la Comisión Europea del plan de inversiones y reformas enviado por el Ejecutivo español a Bruselas relativo a los fondos europeos de recuperación postpandemia. De la decisión depende que el Estado español tenga acceso a 69.500 millones de euros a fondo perdido en transferencia directa. Además, España tendrá la posibilidad de acceder a 84.800 millones en créditos aún no solicitados.

Pero el Plan España Puede que ahora recibirá el visto bueno de Europa no es el más adecuado en opinión de Greenpeace, ya que según la organización este no garantiza una recuperación verde y justa. La ONG ambientalista ha evaluado detalladamente las inversiones dirigidas a las transición ecológica, que suman el 40,29% del total presupuestado en el plan. De los 71 puntos analizados, 28 han obtenido una valoración favorable pero 28 “presentan riesgos, incertidumbres o no detallan información suficiente para valorarlos” y 15 más obtiene una calificación negativa, entre los que figura el gran olvidado del plan, en opinión de la ONG: la transformación del sistema agroalimentario.

“Urge que se reconsideren las prioridades respecto al modelo agrícola y ganadero, promoviendo también una transformación hacia la senda de la sostenibilidad, la reducción de la huella ecológica (de carbono e hídrica) y la asunción de los límites físicos del territorio. El apoyo a la ganadería extensiva y la agricultura ecológica son fundamentales para este cambio de modelo”, remarcan desde la organización ambientalista.

Un plan para todos, no para el Ibex

“El Plan España Puede no debe servir a los intereses de los sectores de la energía, la aviación, el turismo o el sector agroalimentario de forma que sigan con su habitual modus operandi”, ha señalado Alicia Cantero. Esta portavoz de Greenpeace apunta que “la clave para la recuperación verde y justa estará en la forma en que los proyectos y las reformas del plan se ejecuten”.

Entre los aspectos clave y deficiencias del Plan, Greenpeace destaca que este “debe asegurar la aplicación rigurosa del principio de no hacer daño” y que ninguna reforma, medida o proyecto financiado con fondos europeos para la recuperación debería ejercer presión sobre los ecosistemas, producir mayores emisiones contaminantes, prolongar la vida de combustibles fósiles como el gas (o la energía nuclear) o generar desigualdades sociales o territoriales.

“El plan debe evitar que los fondos sean acaparados por las grandes empresas con mayor músculo económico y tecnológico”, remarca Greenpeace

Asimismo, inciden en que la recuperación no solo necesita fondos, sino reformas económicas y fiscales como la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales para el medio ambiente, un mayor uso de la compra pública verde, una reforma fiscal que incluya la fiscalidad verde u otros incentivos para permitir la transición ecológica.

Cuidado con la tecnología

Escépticos con la transformación tecnológica, desde Greenpeace advierten de “no poner todos los huevos en la cesta de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE)”, recordando que “sin impulsar reformas y cambios en el modelo de ciudad, en el entorno rural y en la forma en la que nos movemos, nos alimentamos, trabajamos y generamos la energía, además de resolver las desigualdades territoriales y la brecha de género, no habrá una recuperación justa”.

También piden evitar la burbuja del hidrógeno verde, limitando su uso a suplir consumos energéticos que no sea posible electrificar —como el transporte pesado—, así como para su uso como materia prima para procesos industriales: refinerías, metalurgia, etcétera. “Hay que asegurarse de que el hidrógeno no forme parte de la estrategia del lobby del gas para implantar el hidrógeno azul, el obtenido a partir de la quema de gas fósil. Existe un alto riesgo de que las empresas de combustibles fósiles, que ahora abanderan esta nueva revolución tecnológica, quieran rentabilizar las inversiones que ya tienen para, además, alargar la vida de sus centrales e infraestructuras de gas”, advierten.

Una revolución en materia de movilidad, con mayor inversión en la transformación de la trama urbana para adecuarla a las nuevas circunstancias de teletrabajo, priorizando espacios públicos y verdes, así como un cambio de patrones de movilidad urbana y no solo confiando todo al coche eléctrico, son otras de las claves necesarias para Greenpeace.

Comunidades energéticas locales

Respecto a la parte energética del plan, Greenpeace aboga porque las comunidades autónomas establezcan una planificación para la ordenación de futuras instalaciones, incluídas las infraestructuras de evacuación, que no entre en colisión con los valores y servicios ambientales del territorio; así como establecer una vigilancia exhaustiva sobre los procedimientos administrativos, aprobación o de ejecución.

Poniendo el acento en las comunidades energéticas locales, la ONG recuerda que estas “pueden y deben jugar un papel relevante en la urgente transición energética como oportunidad irrenunciable para construir un nuevo modelo energético distribuido, no especulativo, con capacidad flexible, y donde la eficiencia, el ahorro, la participación de la sociedad y la inteligencia (tecnológica y social) se conviertan en aspectos centrales para construir el necesario sistema 100% renovable”.

Por último, Greenpeace, con un contundente mensaje, piden que la recuperación sea “para las pymes, no para el IBEX, destacando que este debe evitar que los fondos sean acaparados por las grandes empresas con mayor músculo económico y tecnológico, para lo cual “el Gobierno debe facilitar el acceso a los fondos de pymes y micropymes, empresas de economía social, sostenible y solidaria y personas autónomas, y aquellos sectores y clusters cuya actividad contribuya a una recuperación verde, justa y equitativa, que corrija también el desequilibrio territorial”.