El otra cara del Ibex 35 en Latinoamérica

Con cadáveres pintados en el suelo, carteles que rezaban “El Ibex 35 contra la vida” y un supuesto directivo llamado “Ideando Canales” alabando las acciones de las multinacionales españolas en Latinoamérica, varias organizaciones sociales y medioambientales han presentado a las puertas de la Bolsa de Madrid un documento en el que denuncian las prácticas extractivistas, coloniales y patriarcales de las grandes empresas españolas en países del continente americano.

Ecologistas en Acción, el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres, han publicado hoy el informe El IBEX 35 en guerra contra la vida. Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina. Un análisis ecofeminista. En el informe se estudian tres casos concretos que muestran las prácticas de algunas de las empresas y sus efectos sobre el medioambiente, la población local y en especial sobre las mujeres.

Las mujeres, las que más sufren

Según las organizaciones, en todos los casos analizados se han detectado patrones comunes en los impactos socioecológicos provocados y en la violación de derechos humanos cometidos y muestra cómo la irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género ya que, según apuntan, la implementación de los megaproyectos se asienta sobre la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres, y las profundiza.

Los efectos negativos sobre las mujeres locales que estas grandes obras e infraestructuras que llevan a cabo las empresas españolas, según apunta el informe, van desde la exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones, la precarización económica de las mujeres al fomentar la dependencia del trabajo asalariado en tipos de trabajo muy masculinizados o el aumento de la inseguridad en la vida de las mujeres, de su control social y de las violencias de género.

La otra cara de la Marca España

La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol, y financiado por el BBVA, es uno de los casos investigados en el informe. Situada entre la cordillera de Vilcabamba y la parte baja del río Urubamba, la zona de Camisea abarca cuatro lotes gasíferos que se extienden sobre una superficie de más de un millón de hectáreas, y que incluyen los territorios de cuatro pueblos indígenas –matsigenka, kakinte, asháninka y yine– y al menos tres en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial –nahua, nanti y kirineri–. Los lotes en los que participa Repsol afectan además a cuatro áreas naturales protegidas.

En dichas zonas, entre 2004 y 2012 se registraron siete rupturas en el ducto Transportadora de Gas de Perú. En total fueron derramados alrededor de 10.000 barriles de gas natural licuado, según indica el informe, que contaminaron gravemente los suelos y cuerpos hídricos del bajo Urubamba. Además, las organizaciones indígenas denuncian que como consecuencia de la contaminación provocada por los derrames y el intenso tráfico fluvial, se ha producido una importante disminución de la fauna ictiológica. 

La construcción del complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala por parte del Grupo ACS, de Florentino Pérez, es otro de los casos estudiados por el informe. La empresa española participa como contratista principal de las obras de construcción de tres plantas del complejo hidroeléctrico que, según denuncian estas organizaciones, están dejando sin agua a decenas de comunidades ribereñas debido a la captación del caudal del río por parte de las plantas hidroeléctricas que están siendo construidas por el Grupo Cobra, del Grupo ACS. 

Estas organizaciones denuncian de forma reiterada desde el año 2013 la contaminación  del río como consecuencia de las obras de construcción de las plantas hidroeléctricas, cuya responsabilidad directa recae sobre la multinacional española. Como consecuencia, en septiembre de 2015 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) multó a CMI por el incumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el EIA y, en concreto, por la contaminación de la cuenca durante la fase de construcción del proyecto Renace II. Además lamentan que la apertura de carreteras, túneles y caminos necesarios para la construcción de la infraestructura ha provocado procesos de deforestación y de privatización de tierras a lo largo de la cuenca.

El corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), construido por Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, cierra el estudio denunciando. Este istmo es la franja de tierra más estrecha que separa el Golfo de México y el Océano Pacífico y es la zona que alberga la mayor diversidad biológica y étnica del país. Dadas las condiciones de sus vientos y sus características topográficas, constituyen una de las zonas con mayor potencial de generación de energía eólica a nivel mundial.

Las organizaciones ecologistas denuncian que las empresas energéticas españolas controlan más de la mitad de los 27 parques eólicos, más otros nueve en desarrollo, que se han construido en el Istmo de Tehuantepec.

Las organizaciones ecologistas denuncian que el Itsmo es una de las principales rutas migratorias de aves de América. Un estudio realizado por el Banco Mundial en 2011 reconoce que solo uno de estos parques eólicos, La Venta II, con 98 molinos, construido por Gamesa e Iberdrola y operado por la estatal CFE, habría ocasionado la muerte por colisión de al menos 3.900 aves y 6.000 murciélagos en un periodo de un año.

Por otro lado, las organizaciones locales denuncian que la implantación masiva de parques eólicos está provocando la pérdida de la capacidad productiva de los terrenos en una zona en la que los ingresos mayoritarios de la población local provienen de la ganadería y la agricultura.