Multinacionales
Fernández-Maldonado: “La zanahoria no es suficiente, hace falta el garrote para que las empresas cumplan'”

Nos encontramos en una cafetería de València cuando la camarera se acerca y nos pregunta “¿Queréis azúcar moreno o blanco para el café?”. Justo el entrevistado me está hablando de la ‘debida diligencia’, el proceso por el que las empresas toman las medidas necesarias para identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos que generan sus actividades. Enrique Fernández-Maldonado Mujica es sociólogo y presidente del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) y coordinador de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú (PSCEDH).

No puedo evitar quedarme mirando el pequeño sobrecito de azúcar –moreno finalmente– y pensar en todo el camino que ha recorrido para llegar a nuestra mesa. Sobre todo conociendo las implicaciones sociales y ambientales que tiene su explotación en terceros países.

Del sur global a la mesa: ¿Dónde queda el rastro?

Finalmente, abro el sobre y lo vierto en el café. El azúcar se diluye, igual que las responsabilidades de las empresas a lo largo de la cadena de suministro. Sin una normativa sólida de debida diligencia en derechos humanos y medioambiente, en algún punto entre la producción y esta mesa en València, la trazabilidad se difumina.

Esta debida diligencia que describe Fernández-Maldonado no es un ejercicio abstracto de responsabilidad corporativa, sino una herramienta para hacer visible lo invisible y poder exigir acciones concretas frente a la elusión de responsabilidades.

La debida diligencia se traduce en tres pilares clave: , identificar y prevenir los riesgos negativos de las operaciones de la empresa, que adopten mecanismos de protección y mitigar

La debida diligencia se enmarca en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados en 2011. En la práctica, se traduce en tres pilares clave: en primer lugar, identificar y prevenir los riesgos negativos de las operaciones de la empresa. El experto señala que no lo puede hacer la empresa sola: “tiene que hacerlo en diálogo y con el método participativo: con los titulares de derechos, con los grupos de interés, con los actores locales y con aquellos que se ven directamente afectados”.

El segundo pilar, es que adopten mecanismos de protección para los titulares de derechos. “Si yo sé que tú como trabajadora, o como comunidad aledaña a una fábrica, te vas a ver afectada por la contaminación o por el ruido o por X razones, ¿qué medidas voy a asumir yo como empresa para protegerte a ti?”, indica.

Y lo tercero es mitigar. “Si a pesar de adoptar medidas de prevención y protección vulnero derechos, porque existen o se dan contingencias, mejor contar con una política de mitigación y remediación.” Fernández-Maldonado asegura que, aunque pueda parecer muy amplio en su interpretación, este es el mecanismo legal que va a garantizar que las empresas actúen de forma que no vulneren los derechos de las personas.

Un derrame que continúa: la catástrofe de Repsol como ejemplo de disolución de responsabilidades

Hace cuatro años, Repsol produjo el mayor desastre ecológico registrado en el mar del Perú, con el derrame de 10.000 barriles de petróleo. Una catástrofe que aún arrastra consecuencias. “Los análisis siguen detectando componentes tóxicos en peces, algas y en la propia población”, explica el entrevistado: “no se ha logrado eliminar del todo el impacto”.

Las consecuencias no fueron solo ambientales. Comunidades enteras han visto desaparecer su forma de vida. “Hay familias que llevaban generaciones viviendo de la pesca y de un día para otro tienen que reinventarse”, explica Fernández-Maldonado. A ello se suma una compensación económica que, según reportan los afectados, ha sido insuficiente y desigual. Lo que tiene claro el experto es que Repsol no ha hecho lo suficiente para mitigar y remediar los impactos negativos de ese derrame.

“Nos interesa que este caso no quede en el olvido, sino que se siga discutiendo para que Repsol no se desligue de sus responsabilidades”, denuncia Fernández-Maldonado

“Nos interesa que este caso no quede en el olvido, sino que se siga discutiendo para que Repsol no se desligue de sus responsabilidades”, denuncia. “La empresa atribuyó la responsabilidad del derrame al barco carguero italiano, pero si nos ceñimos al concepto de debida diligencia, Repsol ha debido contar con un sistema de prevención y de acción inmediata. El derrame de petróleo duró 10 horas, solo a la hora 10 pudieron detenerlo, y eso evidencia la ausencia de protocolos de seguridad para evitar situaciones como esta”, sentencia Enrique.

El marco global: medidas descafeinadas

El caso de Repsol pone sobre la mesa la necesidad de contar con un marco regulatorio global para evitar o mitigar este tipo de catástrofes que tienen impacto directo en el medio ambiente y en la vida de poblaciones enteras. Sin embargo, la Unión Europea acaba de adoptar lo que la ONG Manos Unidas clasifica como “una versión rebajada de la Directiva sobre debida diligencia empresarial: insuficiente para garantizar derechos humanos y sostenibilidad”.

La Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad, integrada en el Ómnibus I, se trata de la primera norma aprobada por la Unión Europea que unifica criterios y amplía el control a escala continental. Esto puede suponer una herramienta importante para comunidades campesinas, pueblos indígenas o personas trabajadoras cuya vida y medios de subsistencia se ven afectados por proyectos empresariales. La idea es que las empresas puedan ser juzgadas por violaciones de derechos humanos en cualquier país, independientemente de dónde operan.

Sin embargo, su aprobación ha sido descafeinada por presión de lobbies empresariales e injerencias políticas, lo que implica poner en una “situación de vulnerabilidad y de desprotección a las economías del sur, que tienen vínculos comerciales con empresas o con la economía europea”, asegura el entrevistado. Las modificaciones incluyen retrasar su aplicación hasta 2029 y limitar su alcance a grandes corporaciones, dejando fuera a miles de empresas. Según Manos Unidas, “esta influencia corporativa sienta un precedente peligroso y pone en riesgo la credibilidad de la UE como referente internacional en derechos humanos y sostenibilidad.”

En esta línea, Enrique desmiente el discurso de que las ONG estén en contra de la inversión privada: “Lo que no queremos es una inversión propia del capitalismo salvaje que no le importan las personas ni el medio ambiente”, afirma. “Y no es una aseveración sin fundamento, tenemos mucha evidencia que sustenta que la forma como está funcionando el capitalismo en la actualidad no genera sólo efectos positivos en la generación de empleos o en la tributación, sino que tiene impactos negativos sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre las sociedades.” Alude a la debida diligencia como una herramienta que le permite a los grupos de interés exigir a las empresas cumplir con ciertas reglas de conducta para que no afecten sus derechos.

Zanahoria o garrote: el mito de la autorregulación

El debate que subyace a esta normativa no se limita a lo técnico, sino que se ve condicionada por planteamientos ideológicos. ¿Pueden las corporaciones autorregularse o es necesario imponer sanciones?

Fernández-Maldonado lo explica con una metáfora sencilla: la zanahoria y el garrote. “Siempre digo que lo más sostenible es apostar por la zanahoria, por el incentivo. Que las empresas lo hagan de motu proprio por convicción”, explica. “Pero como eso no siempre ocurre, es importante que haya una sanción para quienes no cumplen con ciertas pautas de comportamiento”.

El experto indica que hasta que no se produzca un cambio cultural por el que las empresas consideren las buenas prácticas como un fundamento de competitividad, va a seguir siendo necesario el garrote. Ese “garrote” tiene cifras concretas. El sociólogo pone como ejemplo la ley alemana de Debida Diligencia, aprobada el 2022 y vigente desde 2023, donde las multas pueden oscilar desde un millón de euros hasta los mil millones para faltas graves.

Las empresas se han movilizado para debilitar la directiva europea y retrasar su aplicación a 2029. “hoy por hoy la zanahoria todavía no está siendo tan eficiente y hay que aplicar un poco de garrote para que las cosas cambien”

Justamente porque las sanciones deben ser fuertes para que sean efectivas, las empresas se han movilizado para debilitar la directiva europea y retrasar su aplicación a 2029. Enrique opina que “hoy por hoy la zanahoria todavía no está siendo tan eficiente y hay que aplicar un poco de garrote para que las cosas cambien”.

El cambio social como una cuestión de hábito: Un trabajo de hormiga

Más allá de la acción legal, Fernández-Maldonado apunta a la conciencia del consumidor como un pilar fundamental. Sin embargo, reconoce que el camino es ‘un trabajo de hormiga’. “Desde que pasó lo de Repsol, yo no he echado una gota de diésel en ningún grifo de la compañía. Me puedo quedar sin gasolina y tener el grifo de Repsol al frente y prefiero empujar mi auto”, confiesa. “Pero no todos piensan así ¿no?”. La intención no es buscar solo el boicot individual, sino la construcción de una masa crítica.

Terminando la charla, Enrique lanza una mirada de optimismo histórico que resuena con cambios que ya hemos vivido en Europa. Recuerda cómo hace apenas unas décadas parecía imposible prohibir el tabaco en lugares cerrados; o cómo en Perú, nadie usaba el cinturón de seguridad. “La multa hizo que usaran el cinturón por miedo al castigo, pero después, la seguridad se convirtió en la zanahoria porque entendimos que salva vidas”, reflexiona. Con la debida diligencia cree que el proceso será similar: primero la sanción económica para frenar el “capitalismo salvaje”, y luego un cambio cultural donde la explotación ya no tenga cabida en el mercado.

Nos levantamos de la mesa. El azúcar moreno ha desaparecido por completo en el fondo de la taza, pero la conversación ha dejado un rastro de claridad. Seguir apostando por el “trabajo de hormiga” de ONGs como Perú EQUIDAD o la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos (PSCEDH), asegura que, en un futuro cercano, podamos elegir el azúcar con la certeza de que los derechos de las comunidades y la integridad del territorio no se hayan diluido por el camino.

Nota de la autora: Cabe contextualizar que Enrique Fernández-Maldonado Mujica, se encuentra de visita en Valencia en el marco de una gira de incidencia sobre debida diligencia y Derechos Humanos, organizada por ActionAid España (antes Alianza por la Solidaridad) y financiada por la Generalitat Valenciana.