Movimientos sociales
Un fallo judicial suspende el desalojo de La Casa del Cura en Malasaña ordenado por el Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro acaba de obtener un fallo judicial favorable a la medida cautelar que solicitara en un recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Madrid. El dictamen paraliza la orden de desalojo interpuesta por el consistorio, a partir de haber revocado la cesión por cuatro años que la administración municipal de Manuela Carmena concediera a la citada asociación para el uso del inmueble conocido como La Casa del Cura.

La sentencia no se pronuncia sobre el fondo del asunto, es decir, la pertinencia de los fundamentos que presenta el Ayuntamiento para interponer la revocación de la concesión y ordenar el desalojo del local, pero da lugar a la medida cautelar solicitada por la asociación vecinal.

Al mismo tiempo, en la resolución, la jueza señala que la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro no ocupa ilegalmente el inmueble y que desarrolla en él proyectos de interés público y social. Y señala —en términos inequívocos— que la consumación del desalojo acarrearía “perjuicios de difícil reparación”:  “(…) No se trata de una ocupación ilegal, sino que el uso del edificio fue concedido legítimamente a la Asociación recurrente por el Ayuntamiento de Madrid, siendo el desalojo, aún por las causas indicadas por el Ayuntamiento, de ayuda a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, un evidente perjuicio de difícil reparación, a lo que se une que los fines de la Asociación son proyectos de interés público y social, razón por la que le fue concedido el uso del edificio. En consecuencia, por lo expuesto, procede suspender ese desalojo hasta que sea resuelto el recurso contencioso-administrativo en este Juzgado, y sin que ello conlleve pronunciarse sobre la revocación acordada por el Ayuntamiento”, dictamina.

El fallo permitirá que continúe operativo el banco de alimentos y que se sigan reuniendo las 38 asociaciones vecinales que desarrollan actividades en el espacio

Este fallo, además de ser una victoria —al menos provisional— de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro, permitirá que continúe operativo el banco de alimentos que quincenalmente provee de cesta de comida a decenas de familias carentes. Y posibilitará también que en sus aulas se sigan reuniendo las 38 asociaciones vecinales que programan y desarrollan sus quehaceres en el espacio, actividades que abarcan los ámbitos educativo, ecológico, teatral, musical, entre otros.

LAS SINUOSAS RAZONES DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento decidió revocar la cesión y reclamó la devolución del espacio, con el argumento de que lo necesitaría para complementar el trabajo que prestan los otros dos centros sociales que actualmente funcionan en el distrito. El alcalde firmó la revocación en junio pasado, decisión que fue ratificada en el pleno de la Junta Municipal de Centro, con el voto favorable del PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos que integran la coalición de gobierno municipal.

Es cierto que en el documento de cesión hay una cláusula que permite al consistorio que, en caso de interés público, pueda revocar la cesión antes del plazo de finalización, de cuatro años. Pero esto tendrá que ser decidido en el ámbito de la Justicia, ya que las actividades de las 38 asociaciones que actualmente desempeñan actividades allí también son de interés público, según acredita y da fe la jueza autora del actual fallo. Además, por curiosa paradoja, el distrito Centro concedió este año una subvención de 3.000 euros a La Casa del Cura, fundamentada en el valor social de las actividades que desarrolla. Difícil entender esta dicotomía.

En 2019 el colectivo ganó esta cesión en un concurso, convocado en 2018, en el que participaron otros varios, entre ellos el de San Egidio

Para intentar comprender más cabalmente lo sucedido, El Salto entró en contacto con Pilar Cirugeda, integrante y portavoz de la citada asociación, quien hizo un pormenorizado relato del diferendo que enfrenta a Ayuntamiento y asociaciones vecinales.

Explica Cirugeda que en 2019 el colectivo ganó esta cesión en un concurso en el que participaron otros varios, entre ellos el de San Egidio. El local —relata la portavoz— fue entregado el 15 de abril de 2019 y solo lo pudieron utilizar de abril a julio, porque ahí —por decisión municipal— comenzaron las obras de instalación del ascensor. La obra culminaría en febrero de 2020.

Cuando parecía que la situación de la Casa estaba resuelta, la asociación solicitó una reunión con el concejal, pero —para su sorpresa— el mismo día, según la portavoz, salió en el periódico ABC la noticia de que este responsable político iría a revocar la cesión porque necesitarían el inmueble para ampliar la oferta de servicios sociales en el barrio, “nos enteramos por la prensa”, expresa.

Según la portavoz, con la desescalada, y no existiendo ninguna comunicación formal de revocación, la asociación retomó las actividades, procediendo a la limpieza y desinfección del espacio, cumpliendo con todas las normativas sanitarias. Y, como dato curioso, relata que “el ayuntamiento nos escribió —en tácito reconocimiento de la legitimidad del uso— diciéndonos que preparáramos un protocolo, para aplicar las normas de la covid y que pusiéramos el contrato de la luz a nombre de la asociación”, relata.

Sin embargo, en vía paralela, el consistorio habría empezado a mover el decreto de revocación y —afirma Cirugeda— como paso siguiente les envió una carta notificando ese hecho y dándoles un plazo para hacer las alegaciones que consideraran pertinentes. Y que, si no las hubiere, se procedería al desalojo. Según la portavoz, el colectivo las presentó y el Ayuntamiento las rechazó explícitamente, dándoles un plazo para el desalojo voluntario que finalizaba el 29 de julio. Antes de su vencimiento, el día 27 la asociación presentó el recurso contencioso administrativo en el juzgado, señala.

Operarios de la Constructora Ortiz habrían intentado forzar la puerta para cambiar la cerradura, ante lo cual la Asociación llamó a la Policía Nacional y presentó una denuncia por intento de ocupación del espacio

Por si no bastase con la acción municipal descrita, según Cirugeda, el 30 de julio a las 16hs., subrepticiamente, unos operarios de la Constructora Ortiz habrían intentado forzar la puerta para cambiar la cerradura. Ante este hecho, la asociación llamó a la Policía Nacional y presentó una denuncia por intento de ocupación del espacio. Según la portavoz, los que pretendían violentar la puerta no presentaron ninguna orden, ni documento oficial ante la policía nacional, por lo que tuvieron que desistir de la iniciativa. Lo único que portarían —pero que no habrían mostrado explícitamente— sería una orden municipal para comprobar si el colectivo había abandonado —o no— el edificio.

Después de ese extraño acontecimiento no hubo ninguna acción posterior. Y, al día de hoy, la asociación ha retomado las actividades y proyectos que justificaron la solicitud original del espacio. Destaca la portavoz —con manifiesto asombro— que el concejal del distrito está haciendo circular la versión de que “el barrio no tiene Servicios Sociales, por culpa de los irresponsables que están en La Casa del Cura”.

Vecinos consultados por este medio –que prefieren preservar su identidad- se muestran convencidos de que la actitud del Ayuntamiento obedece a inconfesables motivos de orden político. En las últimas elecciones municipales, la derecha obtuvo apenas un 35% de los votos en ese distrito, que sería considerado “un reducto de rojos” por algunos políticos de ese espectro ideológico. Además, los vecinos dejan en evidencia el contrasentido argumental del consistorio, que manifiesta la necesidad de contar con este inmueble para ampliar el trabajo de Servicios Sociales, cuando apenas a 500 metros de él —en el Centro de Servicios Sociales Maravillas, sito en la calle San Joaquín— dispone de un magnífico edificio con amplios espacios sin utilizar. Con el agravante de que, por falta de celadores, no consiguen abrir por las tardes. “¿Con qué personal van a hacer funcionar La Casa del Cura, entonces!?...”, se pregunta una de las vecinas, en tono irónico.

El desalojo está suspendido, sin plazo. El próximo —y definitivo— paso será el dictamen judicial sobre los argumentos del Ayuntamiento para exigir la recuperación del local y los que amparan a la Asociación de Vecinos de Malasaña, Universidad y Centro para continuar con el usufructo del espacio, para realizar las labores sociales que interesan al barrio.