Monarquía
La cuarta hija de Juan Carlos I y un nuevo escándalo de la casa real borbónica

La prepublicación de un capítulo del libro King Corp. escrito por José María Olmo y David Fernández para Libros del K.O. ha sumado otro escándalo a la carrera sin freno en ese campo del anterior jefe de Estado, Juan Carlos I. Esta cuarta hija, llamada Alejandra, según los autores del libro, fue concebida a finales de los años 70, principios de los 80 y el hecho se le dio a conocer hace unos años a la familia real —incluido el actual monarca— pero, para proteger la “estabilidad institucional”, no ha habido ningún tipo de reconocimiento oficial.

Una vez conocida la noticia, el periodista Ernesto Ekaizer, en su cuenta de Twitter ha divulgado que se puso en contacto con la aristócrata Alejandra de Rojas, hija de Charo Palacios, condesa de Montarco, para confirmar esa relación, pero de Rojas ha optado por no contestar.

El trabajo de investigación de Olmo y Fernández, sin embargo, alude a asuntos no directamente relacionados con los sentimientos de padre e hija, sino a la posible existencia de un esquema financiero para “disponer continuamente de fondos en efectivo” con los que transferir dinero a Alejandra, hija de una aristócrata y dedicada a la industria de la moda. Es un fondo de maniobras que, presuntamente, el que fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 utilizó en otras ocasiones para “agasajar” con regalos y dinero a algunas de sus amantes y parejas.

La revelación por parte de los dos periodistas de la existencia de esa cuarta hija de Juan Carlos I, basada en el testimonio de tres fuentes, redunda en la imagen de “playboy” que ha rodeado al personaje en los últimos años. Esa denominación corresponde a Tom Catan, corresponsal del Times en España quien, en 2007, rompió un tabú sobre el entonces jefe de Estado al hablar de su “vida lujosa” y de las numerosas “amantes” con las que ha establecido relaciones a lo largo de décadas. 

La justicia británica aún debe dirimir si Juan Carlos I acosó a su expareja en sus esfuerzos para recuperar la llamada “donación Lucum”

Entre estos casos ha sido, sin lugar a dudas, la relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein la que ha acarreado más problemas judiciales para Juan Carlos I, quien en los últimos tiempos ha visto, sin embargo, cómo la fiscalía de Ginebra y las autoridades españolas daban carpetazo a algunas de las causas en las que podría haber sido investigado judicialmente. 

En diciembre de 2022, el equipo legal de Juan Carlos de Borbón obtuvo una victoria en los tribunales de Londres, que aún mantienen con vida una de las demandas interpuestas por Zu Sayn-Wittgenstein. Hace cinco meses, la corte británica reconoció la inmunidad parcial del anterior jefe de Estado, pero el tribunal aún debe dirimir si acosó a su expareja en sus esfuerzos para recuperar la llamada “donación Lucum”, relacionada con la fundación del mismo nombre creada en 2008 y con la que el emérito habría recibido una comisión pagada por Arabia Saudí de 100 millones de euros por su mediación en la adjudicación de las obras del AVE Medina-Meca.

La vuelta al mundo

Desde entonces y coincidiendo con la crisis económica, los escándalos de corrupción han estado acompañados de un runrún acerca de sus relaciones extramaritales. Las exclusivas de la artista de variedades Bárbara Rey, o la información que se ha filtrado sobre su relación con la empresaria Marta Gayá, han sido la música ligera con la que se envolvían otros escándalos de mayor trascendencia fiscal y legal: la puesta a disposición del rey de los servicios secretos dependientes de los gobiernos españoles para limpiar los restos de carmín dejados durante estos escarceos, en el primero de los casos, o la red empresarial tejida en la noche mallorquina a partir de los años 80.

En el caso de Zu Sayn-Wittgenstein, la relación, que comenzó en el coto de caza de La Garganta (Ciudad Real) en 2004, coincide con la intensificación de las relaciones comerciales con Rusia y Oriente Medio. Según escribió la periodista Ana Romero en Final de Partida (La esfera de los libros, 2015), hacia el año 2009, “don Juan Carlos pidió también algo muy concreto a los representantes de la Administración socialista con los que conversó: su deseo de incrementar el número de viajes a la península arábiga, que en esos años constituía un fantástico destino económico al que los líderes occidentales acudían atraídos por la potencia de los petrodólares. Arabia Saudí (a través de la familia Al-Saud) y Emiratos Árabes Unidos (UAE, en sus siglas en inglés, con la familia Al-Nahyan pero también la Al-Maktoum) eran los destinos top del rey”. 

Esa petición fue cumplida y dio lugar a una serie de excepciones: el monarca dejó de informar a los Ministerios de Exteriores de su actividad y sus avances en esos viajes. Fruto de esas relaciones, que ya se habían forjado antes de la muerte de Franco y en la Marbella de la “beautiful people” de los 80, pero que se han intensificado en los últimos años, Juan Carlos de Borbón ha establecido, tras su salida de España en el verano de 2020, su residencia en Abu Dabi, y ha iniciado los trámites para el traslado de su residencia fiscal a ese emirato. 

Lo relevante, pues, no es el escándalo moral sobre las andanzas de la persona que ocupó la jefatura del Estado desde la restauración democrática de 1977, sino cómo esas relaciones han parecido ser las consecuencias, o las catalizadoras, de una serie de mecanismos de extracción de fondos que han sido, presuntamente, escamoteados del control de la Agencia Tributaria. La insostenibilidad de los escándalos que rodean a Juan Carlos ha marcado los primeros nueve años de reinado de Felipe VI, quien en marzo de 2020 emitió un comunicado asegurando que renunciaba personalmente a la herencia económica que pudiera recibir tras la muerte de su padre. Una decisión que no tiene consecuencias legales, ya que el Código Civil impide expresamente esa posibilidad: “Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”, dice el artículo 991 de este ordenamiento.