Minería
Los señores de la mina: así paga la Xunta el ‘greenwashing’ del lobby minero

El vecindario que salvó la tierra y el oro de Corcoesto ha marcado el camino. A corto plazo, no habrá megaminería en el país. Los desastres en Touro o Penouta, los casos de corrupción y el dinero público gastado en vano confirman los malos tiempos para la minería metálica en Galicia.

Con todo, existe una compleja red de empresarios y ‘lobbistas’ decididos a defender el derecho al lucro de las grandes mineras. Conscientes de la derrota social, han articulado una campaña de greenwashing para convencer a la ciudadanía de que la megaminería es sostenible y parte del llamado ‘progreso’. Para eso, esta red de amigos cuenta con el dinero público gallego a su disposición.

Las administraciones han gastado, como mínimo, unos 430.000 euros en el ‘greenwashing’ de la minería

El anfitrión de este club es la Cámara Minera de Galicia, una entidad de derecho público tutelada por la Xunta, que viene siendo quien paga. En los últimos años, la Cámara —entidad sin ánimo de lucro— ha recibido más de 100.000 euros en contratos menores a dedo y subvenciones, además de 192.150 euros de un convenio con la Consellería de Empleo para “realizar acciones formativas de la población activa en el sector minero”. Este convenio fue financiado vía Next Generation, los fondos con los que Alfonso Rueda criticaba al Gobierno estatal por no llegar a Galicia. Para la Cámara Minera, vinculada al PP, llegaron.

El presidente de la Cámara, Juan José López Muñoz, es concejal del PP en Santa Comba. Además, trabaja para Strategic Minerals —dueña de la mina en Penouta y promotora de una de litio en Avión— y ha trabajado para Rafaella, ahora Pivotal Metals y entonces propietaria de San Finx y Varilongo. López también es parte del Colegio de Ingenieros de Minas, organizador, por ejemplo, de los encuentros sobre Mujer y Minería, también a dedo y pagados con dinero público (en 2022, 18.150 euros).

En la patronal minera se conocen todos. El tesorero de ese colegio es Amorrortu Barreda, responsable técnico de Cobre San Rafael, donde coincide con el geólogo Pablo Núñez, responsable de relaciones institucionales de la misma empresa. Núñez había trabajado para Edgewater, promotora de Corcoesto, y es delegado del Colegio de Geólogos, otro ente que también ha recibido dinero de la Xunta a dedo.

Las derrotas, como la de Touro, unen. A favor del megaproyecto también estaba el empresario y asesor-influencer de Atalaya Mining Venancio Salcines. Salcines es de esos señores de negocios que saben moverse. Es colaborador de EsRadio, La Voz de Galicia y CRTVG, posee la única universidad privada de Galicia (Cesuga) e incluso tiene una fundación que lleva su nombre.

Meses después de la firma del convenio entre la Cámara y la Consellería de Promoción del Empleo para la formación en el sector minero (los 192.150 euros antes mencionados), la escuela de finanzas de Salcines realizaba cursos con el mismo objeto. Cesuga y la Cámara Minera firmaron para ese fin, y en paralelo, otro convenio para “potenciar la formación en el sector minero”.

El 87% de los empleos vinculados a la minería en Galicia se corresponden con la extracción de rocas ornamentales y cantería. A la minería metálica, un 0%.

Pero no todo es minería. La propia Consellería de la Xunta licitó por 900.000 euros la ejecución de un programa de empleo con la Fundación Venancio Salcines y firmó otro convenio de 240.000 euros para un programa de fomento del emprendimiento. En total, 1.140.000 euros. Porque Venancio es de esos empresarios carismáticos que saben moverse. Fue concejal del PSOE en Cambre hasta que se pasó con las facturas de gastos de representación. Llegó a pedir factura por un café. Con el tiempo, encontró cerca del Partido Popular y de la patronal minera un grupo de amigos más ajustado a sus intereses.

‘O Encontro’ es el foro económico donde se encuentran cada verano, organizado por la universidad privada de Salcines y patrocinado por el banco Santander, Hijos de Rivera, Cobre San Rafael o la propia Xunta. Como no podía ser de otro modo para cualquier patronal seria, el foro se realizó en A Toxa y fue inaugurado por Alfonso Rueda. Allí participaron el CEO de Atalaya Mining —con experiencia en minería en el Congo que no respeta los derechos humanos—, otros responsables de Cobre San Rafael, directivos de Cesuga, varios conselleiros y otros empresarios como el presidente de Ence.

Además de este ámbito de poder, cabe señalar los contratos menores entre la Xunta y una consultora viguesa. Solo en los dos últimos años, la consultora ha recibido 103.325 euros en seis contratos menores a dedo con objetos como “difusión minería sostenible”, “servicios minería” o la redacción de la ‘Agenda de impulso de la minería sostenible 2030’ presentada en el verano de 2023 por la Xunta.

En total, entre convenios, acuerdos y contratos a dedo, la Xunta ha destinado unos 430.000 euros al fomento de esa teórica minería sostenible, siempre sin contar los acuerdos con la fundación de Salcines. Además, cabe destacar la Axenda Escolar Mineira promovida por la Cámara de la mano de La Voz de Galicia y difundida a 2.000 estudiantes de los colegios gallegos y que ya va por la tercera edición.

Mucho poder y no tantos empleos

Según datos de la Estadística Minera de España, en 2021 había en Galicia 3.373 trabajadores vinculados a la minería en Galicia: 2.008 dedicados a la extracción de rocas ornamentales, como la losa, y 928 en productos de cantera. En minería metálica, tan solo 9 personas en la producción de los 58 totales, relativas a la mina de Penouta paralizada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

Dicho de otro modo, la minería metálica promovida por Strategic Minerals, Atalaya Mining o Pivotal Metals da trabajo a cero personas en Galicia. Tan solo trabajan para ellas, y según sus perfiles de LinkedIn, las personas que promueven el greenwashing minero que, por lo de ahora, pagamos todas las gallegas.