Migración
Solicitantes de asilo devueltos por Gran Bretaña son abandonados en Barajas

“Estamos decididos a poner fin a estos cruces del canal facilitados ilegalmente. Hoy más personas han regresado a España”, decía un tuit publicado por la cuenta oficial del Ministerio de Interior británico el jueves 3 de septiembre. Hacía referencia a un vuelo de devolución que a las 10 de la mañana de aquel día dejó en el Aeropuerto Adolfo Suárez, en Madrid, a 11 jóvenes de origen sirio devueltos en cumplimiento del Reglamento de Dublin III.

We are determined to put an end to these illegally facilitated Channel crossings.

Today more people have been returned to Spain. pic.twitter.com/lfwHXqzLkB

— Home Office (@ukhomeoffice) September 3, 2020

“Estamos trabajando para eliminar a aquellos que han viajado por un país seguro y entran en el Reino Unido por rutas ilegales. Nuestros esfuerzos para facilitar el retorno a los estados miembros de la UE son completamente legítimos y apropiados”, se lee en un vídeo que acompaña el tuit del Ministerio y en cuya imagen se marcan varias rutas aéreas que salen de Londres y se dirigen a España, Francia, Grecia e Italia, entre otros países, es decir, a aquellos Estados “seguros” por donde han pasado las personas cuya devolución ejecuta ahora.

Como escribió en El Salto la letrada de la Red Jurídica Abogados, Patricia Orejudo, este Reglamento —firmado el 26 de junio de 2013— establece tres elementos esenciales: “Primero, una serie de criterios para determinar qué Estado debe examinar cada solicitud que se presente en territorio de la UE. Segundo, mecanismos de traslado forzoso de quien solicita protección en un Estado que no es responsable al Estado que sí lo es. Y tercero, el reconocimiento de las decisiones de un Estado miembro en el resto, por lo que las y los demandantes de asilo tienen sólo una oportunidad para solicitarlo en la Unión Europea”.

Lo que prevalece, entonces, es el lugar por donde la persona ha ingresado al territorio de la Unión Europea, de allí las justificaciones legales de las autoridades británicas a la hora de argumentar que sus gestiones están amparadas por la legislación, con independencia del proceder de nuestro país.

Sin embargo, no es la primera vez que el Estado español se desentiende de la recepción de las personas conocidas como “dublinadas”. Por el contrario, suele ser la práctica habitual en el marco de las políticas migratorias establecidas.

“El sistema de Dublín se fundamenta en la idea de que cualquier Estado al que pueda retornarse a una persona es un país seguro, ya que tanto el Estado que solicita el retorno como el Estado al que se va a devolver a la persona comparten unos estándares equivalentes de protección: no en vano son, ambos, Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, su funcionamiento está en entredicho”, aclara Orejudo.

Acogidos por los movimientos sociales

Bajo el intenso calor que marcó las horas del jueves 3, los 11 hombres cuyas edades oscilan entre los 18 y los 45 años, aguardaron más de 8 horas hasta que fueron recogidos. Las redes militantes habían hecho su trabajo, y sobre las 19 horas se improvisó una acogida para las primeras noches. “Estaban agotados después de pasar todo el día sin saber si alguien iba a ir a buscarlos ni a dónde ir”, contaron.

Desde el colectivo SOAS Detainee Support (SDS) que apoya a personas migrantes detenidas por motivos de extranjería o en proceso de deportación, y el movimiento Voicestopped, se había alertado del vuelo. También han confirmado que está prevista una segunda devolución conjunta para el jueves 17 de este mes.

La totalidad de los jóvenes tienen redes personales y familiares en Gran Bretaña: hermanos, parejas, amistades. Sin embargo, ese arraigo no ha servido para detener su devolución

La totalidad de los jóvenes tienen redes personales y familiares en Gran Bretaña: hermanos, parejas, amistades. Sin embargo, ese arraigo no ha servido para detener su devolución. “Antes de salir definitivamente de la Unión Europea, Gran Bretaña está acelerando los procesos de devolución de personas por el Reglamento de Dublin”, explican desde SDS, pero cuestionan que se haga “bajo la idea de que van a un país seguro, pero en realidad son abandonados en el aeropuerto”.

A cuatro meses de la salida definitiva de la Unión Europea, Reino Unido acelera los vuelos de devolución hacia los países de ingreso de los solicitantes de asilo. La propia ministra de Interior, Priti Patel, hace gala de mano dura hacia dos frentes: las devoluciones y el bloqueo de llegadas de embarcaciones por el Canal de la Mancha.

“Hoy sacamos a las personas que vinieron aquí en pequeñas embarcaciones. Anteriormente habían solicitado asilo en otro lugar y no tenían ningún derecho a estar en el Reino Unido. Las deportaciones continúan siendo frustradas por abogadas activistas, pero no cejaré hasta que esta ruta sea inviable”, afirmó en un tuit publicado el día de ejecución de las devoluciones a España.

En el mismo sentido se pronunciaba en el periódico The Sun el ex comando de la Royal Marine a cargo de frenar las llegadas por el Canal de la Mancha, Dan O’Mahoney. “Desde que comencé mi nuevo rol he estado en el Canal con patrullas de la Fuerza Fronteriza y he visto las condiciones de primera mano. He sido testigo de barcos sobrecargados llenos de hombres, mujeres y niños que corren riesgos increíbles. Mi equipo y otros trabajan día y noche para acabar con esto”, aseguraba.

Mientras tanto, la mayoría de los jóvenes sirios devueltos siguen sin poder definir su futuro. Tras huir de la guerra en Siria, perder familiares en algunos casos, pasar meses en prisión y ser torturados en otros, llegaron a España y decidieron continuar rumbo a Reino Unido arriesgando su vida —también— en el cruce en precarios botes de goma desde Calais (Francia). Ahora, devueltos por Gran Bretaña y olvidados por España, su futuro es incierto a merced del apoyo mutuo de las redes ciudadanas y de movimientos sociales.

España y sus incumplimientos

El Reglamento de Dublín compromete al Estado que recibe a las personas retornadas a garantizarles las condiciones materiales básicas que aseguren su subsistencia. Un extremo que los sucesivos gobiernos de España han vulnerado al considerar que las personas que hubieran solicitado protección y posteriormente hubieran dejado el programa de Acogida, estaban renunciando voluntariamente a las ayudas y, por ende, no eran merecedoras de las mismas.

Esta exigencia quedó taxativa en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia, con fecha 20 de noviembre y 7 de diciembre de 2018, que intiman al Estado español a reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa de las personas retornadas en aplicación del citado Reglamento. En ese sentido, el propio Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dictó en marzo de 2019 nuevas instrucciones en las que se comprometía a un cambio en la interpretación restrictiva de sus obligaciones.

“Al admitir el traslado a España, el estado asume una responsabilidad con la persona devuelta, siendo la más básica la de garantizar un nivel de vida digno en el caso de carecer de recursos económicos”, dice la Instrucción, y agrega que “no se considerará causa de pérdida de las condiciones materiales de acogida el abandono de acogida temporal o de primera acogida financiada por la DGIAH, cuando el beneficiario haya sido devuelto a España en virtud del reglamento de Dublín y se mantengan el resto de requisitos para el acceso al sistema de acogida de acuerdo con lo dispuesto en el manual de gestión”.

Pese a las sentencias judiciales, recomendaciones de Defensoría del Pueblo, Instrucciones y denuncias de organizaciones sociales, la situación de las personas dublinadas sigue siendo de abandono al llegar a España.