SOS Racismo pide que se investigue la agresión a un interno en el CIE de Aluche

Según la denuncia, la agresión y posterior aislamiento a un compañero por parte de tres policías nacionales sin identificación causó la respuesta de un grupo de 86 personas.

CIE Aluche 1
Internos del CIE de Aluche protestan en el tejado, en octubre de 2016. Dani Gago

publicado
2017-08-01 08:14:00

SOS Racismo ha presentado este martes una denuncia en la que piden que se investigue la presunta agresión policial a un interno del CIE de Aluche en la noche del lunes. Según el escrito presentado al juzgado de guardia, el interno, tras negarse a cenar pescado, recibió una patada en la pierna y diversos puñetazos en la oreja y en la espalda. Después de esto, prosigue la denuncia, fue aislado en un pasillo.

Esta agresión provocó que un grupo de 86 internos se organizaran en defensa de su compañero. Fuentes policiales relatan que el grupo se amotinó, reventado puertas y provocado daños en el mobiliario, pero reconocen que, cuando llegó la Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Prevención y Reacción, los internos se sentaron en el suelo, evitando así una situación de violencia. A las 22:30h de ayer, las fuerzas de seguridad daban la situación “por controlada” y los internos volvieron a sus celdas. Todos se negaron a cenar, en solidaridad con su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP) ya había alertado de que, en los últimos meses, el centro de detención estaba masificado.

Fuentes policiales apuntan que el grupo habría intentado huir de las instalaciones –donde se retiene a personas sin papeles que no han cometido ningún delito– antes de ser deportadas a sus países de origen, utilizando el soporte de una canasta a modo de ariete para tratar de forzar una puerta que daba al aparcamiento, sin conseguirlo. 

Clara García, de SOS Racismo, explica a El Salto que la organización ha solicitado un informe médico de las agresiones, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro.

“Presentamos esta denuncia porque tenemos miedo de que los internos sufran represalias y queremos evitar deportaciones, ya que hay varios del Magreb a los cuáles pueden expulsar muy fácilmente”, explica García. Por ello piden que se suspenda el proceso de deportación del interno agredido, así como los de todas aquellas personas que hayan sido testigos, de cara a garantizar que se puedan practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. 

Motín en el tejado

No es la primera vez que el CIE de Aluche deja entrever los abusos que se cometen entre sus paredes. El pasado mes de octubre, medio centenar de internos se amotinó en el tejado de estas dependencias. Allí permanecieron toda la noche mostrando pancartas con el lema “Libertad” y desde donde se pudieron escuchar gritos de “ayuda” y “aquí hay mucha injusticia”.

Varios concejales de Ahora Madrid y algunos diputados autonómicos y estatales de Podemos apoyaron entonces las protestas de los internos desde el exterior del centro. En esta ocasión, las concejalas Rommy Arce y Esther Gómez han manifestado su apoyo a la protesta: “Seguimos apostando por una ciudad sin instituciones opacas, seguimos exigiendo #CIEsNo”, apuntaba esta última. Ahora Madrid también ha recordado en su cuenta de Twitter el “imperativo” de exigir el cierre de los CIE.

El Ayuntamiento de Madrid se ha sumado estos últimos meses a la petición del cierre definitivo del centro. En julio, la mesa sectorial de trabajo del Consistorio sobre estas instituciones declaró que los CIE debían ser “abolidos” al asegurar que encerrar a personas que no habían cometido ningún delito para asegurar que no acatasen su orden de expulsión es “desproporcionada y discriminatoria”. El Ayuntamiento planteó en julio la posibilidad de alojar a los internos en viviendas públicas mientras se resuelva su expediente de Extranjería.

La Administración local recoge así las denuncias que numerosas organizaciones e instituciones sociales llevan años realizando y que afirman que en el centro se producen violaciones de los derechos básicos de los internos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo señalaron ya que, además, hay indicios de que los internos sufren torturas.

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