Acoso, persecución policial y denuncias: el día a día de los manteros

Mor Sylla caía al vacío desde un tercer piso en el marco de una operación de los Mossos d’Esquadra contra el top manta. El migrante, de 50 años, origen senegalés y residente en el España desde hacía más de quince años, falleció al instante. Ocurría el 11 de agosto de 2015 en Salou (Tarragona). Dos años después, sus familiares y amigos, así como la comunidad senegalesa catalana, volvían a manifestarse en la ciudad costera. Quieren la reapertura del caso, cerrado en septiembre de 2015 por el juzgado número 4 de Tarragona, un archivo ratificado por la Audiencia provincial en febrero de 2016 al considerar el juez que no hay indicios que incriminen a los Mossos en la muerte de Sylla, a pesar de que no quedaron claras las circunstancias de la defunción.

Integrantes del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona se desplazaron a Salou el 11 de agosto para mostrar su apoyo a la familia. Ese día no solo se recordó a Sylla. También a Amadou Wade, fallecido el 24 de agosto de 2016 en Pilar de la Horadada (Alicante) en circunstancias desconocidas, tras escapar de la policía al haber estado vendiendo ropa en un mercadillo, y a Elhadji Ndiaye, quien murió el 25 de octubre del pasado año en las dependencias de la Policía Nacional en Pamplona cuando se encontraba detenido. Nadie ha sido procesado en ninguno de los tres casos. 

Es la cara más dura de la consecuencias de la presión policial y la persecución de la venta ambulante ilegal en España. Pero algunos han dicho basta. Años de detenciones, multas, deportaciones, golpes, carreras con la mercancía a cuestas, comisarías, centros de internamiento de extranjeros y confiscaciones de material han hecho que uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad se una y plante cara a lo que califica sin tapujos como “racismo institucional”. 

“Todos los manteros en cada sitio de España luchan contra lo mismo: el acoso, la persecución policial y la penalización de la manta”, explica Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid. “En una ciudad somos pocos. En Madrid 500, en Barcelona unos 600… pero si nos unimos para una lucha conjunta en todo el Estado nos pueden oír”.

“La persecución en Barcelona y los golpes físicos que recibimos han disminuido. ¿Por qué? Algunos piensan que es gracias al nuevo gobierno, pero yo creo que es porque llegamos a organizarnos”, apunta por su parte Lamine Bathily, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona (SPVAB), organización pionera en el Estado con menos de dos años de vida.

La estrategia está clara, y ya se han puesto manos a la obra para organizar “una coordinadora a nivel estatal” —dice Gueye— de la que el I Encuentro de Manteros celebrado en Madrid los pasados días 6 a 9 de julio fue el embrión.

“El racismo institucional nos condena a la manta”. Este era el lema que abría el encuentro, en el que estuvieron presentes, además de los anfitriones Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM), el SPVAB, el Sindicato Popular de Personas Manteras Mbolo Moye Doole de Bilbao, la Asociación Inmigrantes Valencia, Manteros de Málaga y el colectivo Kwanzaa. En el menú, una mesa redonda que buscó responder a la pregunta ‘¿por qué hay manteros?’; concentraciones frente al Ayuntamiento y al Congreso para pedir la modificación del Código Penal y de la Ley de Extranjería, y exigir el fin de la persecución y las agresiones a manteros, además de reuniones internas para comenzar a armar la coordinadora y para preparar la ofensiva legislativa y mediática proyectada para septiembre. 

El primer pasó se dará en el Congreso, con una proposición de ley que pretende continuar la tramitación de la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos y aprobada en la Comisión de Justicia de la Cámara baja el pasado 4 de abril —con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos— en la que se insta al Gobierno a reformar el Código Penal, para despenalizar la venta ambulante sin licencia, y la Ley de Extranjería, “que aboca a estas personas a la venta ambulante”, según se reza el texto.

Pides todo el tiempo la integración de la emigración y luego pones una ley como la de Extranjería que no lo permite

“Lo que nos gustaría sería que en septiembre se inicie el procedimiento en Comisión y pase a trámite parlamentario”, indica Tania García, jurista de la ASPM. Con esta iniciativa se pretende revertir la reforma del Código Penal de 2015, que suprimió las faltas y creó los delitos leves, circunstancia que grava al top manta. “El Código Penal fue reformado por el PP gracias a su mayoría absoluta, por eso tenemos la esperanza de que sea reformado en esta legislatura”, apunta la jurista. La inclusión de la venta ambulante ilegal como delito, tal como se tipifica en el nuevo reglamento, no solo implica que los manteros detenidos puedan ir a la cárcel, también que tengan antecedentes penales si son arrestados, “lo que dificulta que puedan tener los malditos papeles después”, expone García. 

LEY DE EXTRANJERÍA

La Ley de Extranjería dicta que para solicitar la regularización por arraigo social es necesario, entre otras condiciones, haber permanecido un mínimo de tres años en España. Para la jurista, “lo peor para los compañeros es la dificultad de ganarse la vida en esos tres años: o manta, o explotación laboral severa o ser víctima de trata de seres humanos en la economía informal; no hay otra alternativa”. Y esa circunstancia, una larga espera en la que no es posible tener un contrato laboral, no solo afecta al migrante. Según expone García, “durante esos tres años estás en un limbo en el que tu supervivencia es bastante complicada, y no solo la tuya, también la de la gente que dejas en tu tierra esperando a que tú produzcas para enviar dinero”. 

“La Ley de Extranjería es racismo institucional, la gente no tiene derecho a trabajar y encima si vende en la calle la meten en la cárcel”, denuncia Gueye. “Es un agujero sin salida, y esta es una ley racista que dice que la gente no tiene derecho a integrarse. Pides todo el tiempo la integración de la emigración y luego pones una ley que no lo permite, porque alguien que no tiene papeles no tiene derecho a trabajar, ni a estudiar, ni a nada. ¿Cómo quieres que se integre?”.

VERANO CALIENTE

Mientras esperan que sus demandas lleguen al Congreso, el día a día laboral de los manteros continúa, una actividad que, dependiendo de la zona, es más o menos perseguida. “En Madrid todo sigue igual. Nunca se ha visto tanta persecución a los manteros como desde que empezó el Gobierno del cambio de Carmena”, afirma Gueye.

La ASPM tiene documentadas quince agresiones policiales a manteros en lo que va de año, por eso la denuncia de este tipo de abusos es una constante entre los colectivos de migrantes. “Estamos en contacto con el Ayuntamiento, porque la mayoría de las agresiones son ejecutadas por miembros de la Policía Municipal. Asimismo, se han interpuesto quejas ante el Defensor del Pueblo que siguen su tramitación sin que hasta la fecha se hayan resuelto”, indica García.

A pesar del contacto, por el momento las gestiones han sido infructuosas. “Debido a su situación de irregularidad y extrema vulnerabilidad, para ellos denunciar les coloca en una situación muy delicada, porque van a seguir en la calle y denunciar a un policía, a priori, no es lo más seguro del mundo para una persona en esta situación”, explica.

Ordenanzas municipales como las de Barcelona o Madrid, que sancionan la venta ambulante sin licencia, implican además multas pecuniarias, lo que complica la situación. “Si tienen multas impagadas se dificulta la regularización porque supone tener deudas con la Administración pública”, señala la jurista. Por ello, desde la ASPM abogan por reformar dichas ordenanzas y cambiar las multas económicas por trabajos en beneficio de la comunidad. En ese sentido, García apunta que “el Ayuntamiento de Madrid está siendo bastante amable en la interlocución”. Además, señala algunos avances adelantados por el Consistorio de la capital, como la futura tarjeta de ciudadanía o de vecindad que “acreditará el arraigo y les permitirá el padrón, con determinados requisitos, pero que facilita respecto a los existentes”. 

Se trata de un aumento de presión sobre los migrantes que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por el SPVAB, a pesar de los tímidos planes de inserción de Ada Colau para ayudar a los manteros a salir de la venta ambulante —la cooperativa de venta y servicios Diomcoop, que integra a 15 exvendedores, y la integración de varias decenas de migrantes en diferentes puestos laborales dependientes del Ajuntament— y la creación de los gestores de conflictos en la calle, figura pensada para mediar con vecinos y comerciantes en caso de disputa. 

En ciudades como Bilbao, Málaga o Valencia la situación es, con matices, más relajada. “El año pasado la policía nos molestaba mucho, pero ahora tenemos una asociación, estamos más tranquilos y no tenemos problemas con la policía”, explica Samba Kundu, mantero en Málaga. Una situación similar a la que se vive desde hace unos meses en el centro de Valencia, aunque no en toda la ciudad. “En los mercadillos del centro, desde hace unos meses, está todo muy tranquilo”, señala Faye, “pero luego vas a la playa de la Malvarrosa y es algo fuera de lugar, no puedo calificar a la policía: te provocan, te humillan, policías locales siguen a manteros hasta la puerta de su casa para quitarte las cosas… yo no vuelvo más”.