México
La lupa de los derechos humanos mira a las sedes mexicanas del Mundial de fútbol de 2026

La euforia deportiva y comercial que desata cada cuatro años la Copa Mundial de fútbol ha sido, en las últimas ediciones, parcialmente opacada por denuncias de violaciones de derechos humanos: más de 250 mil desalojos en Brasil 2014, explotación laboral en la construcción de estadios en Rusia 2018 y miles de trabajadores migrantes muertos en Qatar 2022. Con todas las miradas puestas ahora en 2026, la FIFA promete un evento “respetuoso con los derechos humanos”, un compromiso que se pondrá a prueba en el primer Mundial de la historia con sede compartida por tres países. Un contexto que combina expectativas de cooperación trilateral y una notable fragilidad política y social.

Que la FIFA eligiera la candidatura conjunta postulada por Estados Unidos, México y Canadá llamada United 2026 fue llamativo en 2018, cuando la relación entre estos tres países, históricamente compleja, no estaba atravesando su momento más calmado. La renegociación del Tratado de Libre Comercio mantenía en vilo a la región, con Washington imponiendo aranceles al acero y aluminio, presionando a Canadá por su mercado lácteo y endureciendo su política migratoria en la frontera con México.

La candidatura conjunta fue presentada justamente como un gesto de unidad y diplomacia que contrastaba con la realidad política y comercial. Sin embargo, la candidatura está lejos de ser un acuerdo igualitario a tres bandas. Estados Unidos ha ejercido tradicionalmente de capitán en la región, marcando el ritmo del juego en cuestiones políticas, económicas y migratorias; en la organización del evento deportivo, esto no ha cambiado, ya que ejerce como anfitrión principal, hospedando la mayor parte de los partidos, incluidos el inaugural y la final.

“Este tipo de megaeventos tienen un gran riesgo de aumentar y empeorar las situaciones y problemáticas que ya existen en los territorios”, apunta Francisco Díaz Pinelo

Durante la estancia de Biden en la Casa Blanca las relaciones internacionales fueron relativamente estables, pero el regreso de Trump a la presidencia volvió a tensionar la región, reactivando disputas comerciales, migratorias y diplomáticas que cuestionan la capacidad de hacer equipo de estas tres naciones, y que generan un ambiente de mayor vulnerabilidad para garantizar derechos y equidad. En este contexto complejo, surge la pregunta sobre si un Mundial organizado bajo estas condiciones podrá convertirse en un referente en derechos humanos, cuando las tensiones estructurales y la desigualdad histórica siguen configurando un escenario frágil para los más vulnerables.

Planes de acción con lagunas notables

“Ya sea que hablemos de clima, derechos humanos, enfermedades o discapacidades, estamos comprometidos a desempeñar nuestra parte”, afirma Gianni Infantino presidente de la FIFA en la introducción de la Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos para la Copa Mundial 2026. Este documento es innovador no solo en el mundo del fútbol, pues, aunque eventos como los Juegos Olímpicos han incorporado desde 2012 políticas de sostenibilidad y derechos humanos, nunca antes la organización de un evento deportivo de estas dimensiones había formalizado una estrategia detallada para su garantía, ni designado un cargo específico para la supervisión de su implementación. En diciembre de 2023, la FIFA anunció en nombramiento de Matt Mullen como responsable del programa de derechos humanos para el Mundial 2026, quien al aceptar el cargo declaró estar comprometido con lograr que el evento sea una“plataforma para promover y proteger los derechos humanos en todas las comunidades anfitrionas”.

Como parte de este plan, cada una de las 16 ciudades sede han desarrollado, en colaboración con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y otros colectivos comunitarios, un plan de acción específico para tratar de mitigar los impactos negativos que acostumbran a dejar estos eventos a su paso. México tendrá tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que presentaron en sus documentos evaluatorios preocupaciones comunes.

“Este tipo de megaeventos tienen un gran riesgo de aumentar y empeorar las situaciones y problemáticas que ya existen en los territorios”, apunta Francisco Díaz Pinelo, líder de comunicación del Centro de los Derechos del Migrante en la Ciudad de México, coincidiendo con las preocupaciones reconocieron en los planes de acción presentados por las sedes mexicanas. Los tres destacan la preocupación por la discriminación hacia mujeres, personas LGTBIQ+ y personas con discapacidad, la trata y explotación sexual, la inseguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, los impactos ambientales, la privacidad de datos personales y la precarización laboral en las cadenas de suministro.

La Ciudad de México centró su plan en los riesgos asociados a la renovación del Estadio Azteca, pero la falta de diálogo con los sindicatos locales dejó fuera a un sector clave. Monterrey, por su parte, priorizó la movilidad sustentable y los impactos medioambientales, pero decidió no incluir en el proceso a las poblaciones indígenas pese a reconocerlas como un grupo potencialmente afectado. Únicamente Guadalajara presentó un plan más inclusivo, al poner especial atención en la participación de sindicatos y periodistas, y en diseñar mecanismos innovadores como una Mesa Especializada de Derechos Humanos y el Mundial, un “árbol de remedios” para canalizar denuncias y una aplicación móvil de apoyo en emergencias.

“Lo que queremos ver es más acción en estos marcos”, explica Díaz Pinelo, quien destaca que, aunque “existe una aparente preocupación y apertura por parte de la FIFA”, lo que están observando son brechas y lagunas en la implementación. Desde 2021, el Centro de los Derechos del Migrante se unió a otras organizaciones y colectivas en la campaña México Unido para monitorear los derechos humanos en el marco del Mundial. “Hemos estado abogando y queremos alzar la voz porque se están presentando soluciones que son solo parches”, subraya Díaz Pinelo.

Monterrey y la criminalización de la población indígena

El plan de acción de Monterrey justificó la exclusión de la población indígena argumentando en el propio documento que “no existen grupos indígenas locales originarios de Monterrey ni cuestiones específicas de poblaciones indígenas que indiquen un riesgo elevado de discriminación en el contexto del torneo“, lo cual, además de falso, sumado a la situación actual que se está viviendo en la ciudad evidencia una estrategia premeditada de invisibilización de las comunidades que habitan la región.

Según datos del último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en el estado de Nuevo León residen cerca de 80.000 personas que se autoreconocen como indígenas, y cerca de 100.000 que lo hacen como afromexicanas, concentrándose la mayor parte de ellas en el área metropolitana de Monterrey. “Claro que hay población indígena, pero además de los datos oficiales, si el gobierno conociera un poco la realidad local, sabría que aquí vivimos una gran migración estacional y cíclica de personas indígenas”, explica María Isabel Muñiz Lorea, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena Ziuakali de Monterrey, buena conocedora del patrón que siguen muchas familias, principalmente tzotziles originarias de Chiapas, que se desplazan en busca de trabajo durante los meses de poca cosecha en sus comunidades.

Desde el Centro de los Derechos del Migrante quieren garantizar que todas las personas trabajadoras involucradas cuenten con condiciones laborales justas y mecanismos efectivos de denuncia

Desde comienzos de año, el paso y estancia de estas familias ha sido muy vigilada y perseguida por las autoridades locales. “Fueron excesivos, se empecinaron en cortarles el paso y tomar medidas con las personas que ya estaban aquí que infundiesen miedo a venir a los demás para conseguir que ya no viajen a Nuevo León y viajen a otros Estados”, denuncia Muñiz, quien asegura que no es casualidad que esto suceda a pocos meses del Mundial, sino parte de una estrategia de embellecimiento urbano.

“Muchas de estas familias vienen porque las llaman a trabajar, y claro, ellos llegan con sus hijos y sus hijas, que se quedan en la calle mientras los adultos buscan empleo”, señala Muñiz y destaca la hipocresía de que el propio gobierno que los señala y criminaliza, es el mismo que hace convocatorias de trabajo en comunidades de Chiapas, por ejemplo, para mano de obra en la construcción del nuevo monorraíl o en la renovación del metro.

Una estrategia de embellecimiento urbano que busca limpiar la ciudad de rostros indígenas y visibilizar solo una imagen de la ciudad acorde con la imagen turística y financiera que las autoridades quieren proyectar. Muñiz explica que las mujeres indígenas son señaladas por su vestimenta o por estar acompañadas por sus hijos en las calles. “Las vinculan con delitos gravísimos como la trata o la explotación infantil”, asegura María Isabel Muñiz, de lo cual señala como principales responsables al gobernador Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, quien, además de su relación personal, actúa como pareja política y dirige el programa “Amar a Nuevo León”, cuyo objetivo manifiesto es coordinar y ejecutar proyectos de protección de la infancia, la inclusión social de colectivos vulnerables y la mejora de la calidad de vida de las familias en el Estado.

“Desde que entraron hay mucho más racismo y mucho más clasismo”, añade Muñiz y señala que la propia Mariana y su equipo han promovido activamente campañas que asocian a las mujeres indígenas con estos delitos, reforzando prejuicios y la vigilancia sobre sus comunidades. “Sus aliadas están en la televisión llamando a la gente a que si ve mujeres vestidas con ropas tradicionales las denuncien porque probablemente los niños que las acompañan no sean sus hijos, sean víctimas de una red de trata”, señala, describiendo cómo se infunden sospechas infundadas solo por su apariencia y convirtiendo sus rasgos o huipiles tradicionales en marcadores de sospecha.

Ziuakali está trabajando directamente con las mujeres y sus infancias, ofreciendo apoyo y acompañamiento legal y psicológico y ofreciendo traducción a quienes lo necesitan, ya que muchas no hablan español o no lo hacen con total fluidez. “Estamos demostrando una a una que las acusaciones son falsas y que, en contra de lo que ha dicho Mariana en numerosas declaraciones, si se están acreditando el parentesco de estas mujeres con sus hijos” cuenta la coordinadora quien asegura que es un proceso largo y que en muchos casos han visto como ante el cierre de una carpeta les abren otra. “Es corrupción y hasta a las intérpretes les hemos tenido que decir que tengan mucho cuidado y que no permitan que no firmen nada si estar seguros de que lo han entendido, porque luego ha pasado, que llegamos al juicio y hay cambios en el discurso entre lo que han declarado y lo que luego han firmado”, relata Muñiz sobre un problema que, aunque está presente desde hace año, se ha intensificado por la premura del Mundial. “Las mismas delegadas y acompañantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nos han dicho que hay prisa porque la delegación de FIFA ya está instalada en la ciudad”, concluye.

Trabajadores migrantes y derechos laborales

A través de la campaña México Unido 2026 y otras iniciativas diversas organizaciones han perseguido desde 2021 llamar la atención de la FIFA señalando las lagunas de las evaluaciones y planes de acción propuestos. Desde el Centro de los Derechos del Migrante, su atención se ha centrado en los derechos laborales, su principal área de trabajo, buscando garantizar que todas las personas trabajadoras involucradas en la Copa Mundial cuenten con condiciones laborales justas y mecanismos efectivos de denuncia y reparación. “Si la FIFA realmente quiere dejar un legado positivo, tiene que asumir compromisos vinculantes en materia de derechos laborales y no limitarse a declaraciones de buena voluntad”, subraya Francisco Díaz Pinelo.

Como explica Díaz Pinelo, “este tipo de megaeventos demandan trabajo en muchas industrias paralelas: alimentos, hotelería, ocio...”. En el caso del Mundial de 2026, al organizarse en tres países con dinámicas migratorias ya de por sí complejas, el flujo transfronterizo de mano de obra para atender las demandas del evento es algo a lo que prestar atención. “Es muy difícil llevar un control de cuantas personas se moverán, se han movido ya o se están moviendo desde México hacia Estados Unidos o Canadá por ofertas de trabajo vinculadas al evento”, cuenta Díaz Pinelo, que asegura que esa dificultad de control complica mucho dar garantía a sus derechos incluso de aquellos que se mueven de forma regulada y con visados de trabajo temporales.

Francisco Díaz Pinelo, del Centro de los Derechos del Migrante, explica que “se piensa que los trabajadores que llegaron allá con una visa, pues ya la armaron y la realidad es muy distinta”. En Estados Unidos, muchos trabajadores extranjeros son contratados a través de programas de trabajo temporal y llegan con visado pero una vez allá, la exigencia de sus derechos laborales y de las condiciones acordadas se vuelve una odisea. "Los empleadores tienen mucho poder sobre la vida de los empleados y se da una especie de privatización de la migración”, señala Díaz Pinelo, mencionando casos de robo de salarios, discriminación y represalias ante cualquier denuncia que atienden continuamente en su organización. “Son dinámicas de abuso que ya existen, pero se sabe que estos contextos de organización de eventos tan masivos, las agravan”, constata.

Derechos humanos en juego

La organización del Mundial 2026 afecta directamente a comunidades indígenas, trabajadoras migrantes y sectores históricamente vulnerables. Vecinos de la zona han denunciado desplazamientos derivados de las obras del Estadio Azteca en la ciudad de México y en Guadalajara, destaca el caso del colectivo de artesanos que ocupaban el Parque Rojo como zona para vender su mercancía y que cuentan que, más allá de las afectaciones derivadas de las obras, el problema fue la imagen que los medios dieron sobre ellos. “Dejamos de dar información al respecto por las noticias amarillistas y las reseñas en nuestra contra que salían cada vez que hablábamos”, explica el colectivo.

Pese a los planes, a menos de nueve meses de la inauguración, el “legado positivo” que la FIFA había prometido garantizar para todas las ciudades sede del evento, sigue siendo incierto: los desplazamientos forzados, la criminalización de comunidades indígenas y la precarización laboral de trabajadores migrantes evidencian que las brechas en derechos humanos y laborales permanecen abiertas y sin mecanismos efectivos de supervisión. “Lo que buscamos es que la FIFA garantice de manera vinculante los derechos, no solo que haga declaraciones de buena voluntad”, concluye Díaz Pinelo.