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México desoye a la ONU: el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene presos a los cinco de Cancuc (Chiapas)

A pesar de las contundentes denuncias internacionales, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene en prisión a cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, en un caso que ha sido calificado como de grave violación a los derechos humanos.

El 3 de septiembre de 2025, en Tuxtla Gutiérrez, colectivos de derechos humanos, familiares y organizaciones indígenas realizaron una conferencia de prensa para denunciar la continuidad del encarcelamiento de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, todos originarios del pueblo tseltal de San Juan Cancuc. La exigencia fue clara: libertad inmediata, como lo ha ordenado el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su Opinión 21/2025.

“Ya llevamos más de tres años de encierro pagando un delito que no hemos cometido. Sabemos que durante el proceso todo fue falso, son fabricadas las pruebas y el delito que estamos pagando injustamente”

Desde el interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, los presos han hablado con claridad y dignidad. En una carta pública, señalaron: “Ya llevamos más de tres años de encierro aquí en el Cereso pagando un delito que no hemos cometido. Nosotros sabemos que durante el proceso todo fue falso, son fabricadas las pruebas y el delito que estamos pagando injustamente. (...) ¡Ya basta de fabricar delitos! ¡Ya basta de detener gente inocente! ¡Libertad a todos los presos políticos!”

Este mensaje, leído en la conferencia por parte de familiares y representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), refleja una verdad incómoda para el gobierno mexicano: los cinco de Cancuc están en prisión por una acusación sin pruebas sólidas, sin respeto al debido proceso y sin acceso adecuado a defensa legal ni intérprete en su lengua materna.

¿Qué dijo la ONU?

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU fue categórico: la detención de los cinco tseltales es arbitraria. El organismo concluyó que: La acusación fue débil y sin pruebas contundentes, se violó el derecho al debido proceso, no se garantizó un juicio justo, la prisión preventiva oficiosa fue aplicada sin justificación, el proceso estuvo viciado desde el inicio por racismo estructural y discriminación lingüística y cultural. En consecuencia, la organización internacional exigió su liberación inmediata, la reparación integral del daño y la investigación de las autoridades responsables por fabricar el caso.

Un caso político, no judicial

Hasta ahora, el gobierno mexicano —ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum— no ha acatado ninguna de estas recomendaciones. El contexto de las detenciones tiene una raíz estructural y es que San Juan Cancuc ha sido un territorio históricamente organizado desde organizaciones de base que ha resistido la militarización, a los megaproyectos y a la imposición institucional. Los cinco presos son reconocidos en su comunidad por su labor como defensores y promotores de derechos.

La criminalización llegó tras una protesta comunitaria por la presencia policial en la región. El resultado fue una acusación de homicidio calificado por la muerte de un policía, en la que los cinco fueron señalados sin pruebas físicas ni testigos consistentes. Varios informes apuntan a que las pruebas fueron fabricadas, y que la fiscalía ha actuado con dolo.

“Nos han robado tres años de vida, nos han robado la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad ni la esperanza de obtener justicia”

“Nos han robado tres años de vida, nos han robado la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos, pero no nos han robado nuestra dignidad ni la esperanza de obtener justicia”, afirmaron los presos en otra carta enviada en agosto. La frase sintetiza el dolor de la prisión injusta, pero también la fuerza con la que han resistido estos años.

La respuesta del Estado: indiferencia

Lo más alarmante es que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ignorado por completo las exigencias nacionales e internacionales. No ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre la Opinión 21/2025 de Naciones Unidas, y tampoco se ha iniciado una revisión del caso, ni se ha planteado su liberación por la vía legal o política.

Organizaciones como Frayba y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs han señalado que esta indiferencia equivale a complicidad. “Si la nueva administración quiere mostrarse diferente al obradorismo, este es el momento. Liberar a los cinco presos de Cancuc sería un acto mínimo de justicia y un mensaje a los pueblos indígenas de que hay voluntad política”, afirmó un vocero de Frayba durante la conferencia de prensa.

Una parte fundamental del problema, consideran los defensores de derechos humanos, es la prisión preventiva oficiosa, una figura jurídica ampliamente criticada que permite encarcelar personas sin juicio ni sentencia, bajo el argumento de “peligrosidad”. Este mecanismo ha sido cuestionado por la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones nacionales, ya que termina siendo un castigo anticipado, especialmente contra indígenas, pobres y disidentes políticos. El caso de los cinco de Cancuc es emblemático de cómo esta figura se usa para encerrar a quienes defienden sus territorios y modos de vida.

El cambio prometido que no llega

Durante su campaña, Claudia Sheinbaum allegó a afirmar que su gobierno sería de continuidad con el obradorismo en lo social, pero con una profunda vocación por los derechos humanos. Sin embargo, en Chiapas —uno de los estados más militarizados y con mayor represión contra pueblos originarios— no hay señales de cambio. Mientras tanto, los cinco tseltales siguen encarcelados.

La Opinión 21/2025 no es una sugerencia de la ONU, sino un mandato de un organismo internacional del cual México forma parte. Ignorarla no solo prolonga la injusticia, también desacredita el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos y reafirma que, para los pueblos indígenas, no hay justicia real dentro del sistema judicial mexicano. “La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y medios independientes tienen la responsabilidad de mantener vivo este caso. No se puede permitir que pasen más meses sin que haya una respuesta contundente del gobierno federal” señalaron los defensores sociales.

Desde hace tiempo que la consigna ¡Libertad para los presos de Cancuc! se escucha en cada marcha, en cada conferencia de prensa y en cada comunicado que sale de las montañas de Chiapas. Pero también ha empezado a resonar en foros internacionales, en espacios de derechos humanos y campañas solidarias.

Las organizaciones en defensa de los detenidos consideran que si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere marcar diferencia debe empezar por liberar a los cinco tseltales de Cancuc, cumplir con la resolución de la ONU, y abrir un proceso real de reparación. “Cualquier otra cosa será continuar con el modelo de represión e impunidad que ha castigado durante décadas a quienes se organizan desde abajo” concluyó un luchador social.