Menores migrantes
Desatendidos por la administración, atacados por las derechas

La irresponsabilidad no solo pasa por quienes van a hacer campaña política a un barrio señalando a los menores migrantes como causantes de inseguridad y falta de convivencia, sino que también pasa por quienes durante años han estado estigmatizando a estos menores.

Vecinos de Hortaleza en una manifestación para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con su responsabilidad como tutora
Vecinos de Hortaleza en una manifestación para exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con su responsabilidad como tutora. Sandra Blanco
Ex-asesora de la Junta de Distrito de Hortaleza

publicado
2019-12-05 17:40

No sé si le estamos dando la importancia que merece, o estamos lo suficientemente preocupados como sociedad para asimilar un hecho como el acontecido en Hortaleza, donde alguien arrojó un artefacto explosivo al interior del recinto de un centro de menores bajo la consigna “esto es el comienzo de una nueva España”.

La irresponsabilidad no solo pasa por quienes van a hacer campaña política a un barrio señalando a los menores migrantes como causantes de inseguridad y falta de convivencia, sino que también pasa por quienes durante años han estado estigmatizando a estos menores, a la falta de recursos destinados para su adecuada atención y protección y a no poner por encima de todo el interés superior del menor independientemente de su lugar de procedencia.

Y es que cuando hablamos de menores migrantes solo vemos migrantes, nunca niños y niñas, adolescentes solos necesitados de protección.

Vamos a contar algunas cuestiones que deberían saber estos defensores de la “nueva España”.

En la Comunidad de Madrid existen dos centros de menores de primera acogida, el “Hortaleza” y el “Isabel Clara Eugenia”, situados ambos en el distrito de Hortaleza. Allí son derivados niños y niñas en situación de desamparo por múltiples cuestiones, que van desde conflictos familiares pasando por la pérdida por fallecimiento de sus tutores legales o niños y niñas cuyo único recurso para subsistir es ser acogido por una institución.

Estos centros de primera acogida actúan desde la temporalidad, es decir, son instituciones que acogen a menores en situación de desamparo bien hasta que se resuelve su situación y pueden volver con sus familiares, bien hasta que son derivados a un centro de menores, este ya no de primera acogida, sino con carácter más duradero hasta que cumplen la mayoría de edad o hasta que se resuelve su situación personal.

Por lo tanto, el tiempo de estancia en un centro de primera acogida debería oscilar entre los 6 y 9 meses como máximo, pero nos encontramos con periodos de estancia mucho más largos, lo que incide en que estos centros estén saturados y sin los recursos adecuados para el desempeño de sus funciones diarias. De ello se llevan quejando los trabajadores y trabajadoras desde hace tiempo, de la precarización laboral y de la falta de un plan y un proyecto educativo adecuado para atender la gran variedad de casos y situaciones diversas a las que se enfrentan con cada menor.

Cuando empezamos a trabajar en la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza con el gobierno de Ahora Madrid, nos marcamos como prioridad, conociendo de antemano la situación de estos dos centros de primera acogida, que llevan más de 20 años en el barrio, poner todos los recursos a nuestro alcance para mejorar la situación.

Cabe decir que los ayuntamientos no tienen competencias en cuestiones de tutela ni guarda y custodia de menores, que en este caso corresponden a la Comunidad de Madrid.

Impulsamos una mesa técnica donde estaban representadas tanto la administración local como la de la Comunidad de Madrid, Samur Social, el Centro de Atención a Drogodependencias (CAD), Policía Municipal y personal directivo de ambos centros.

Pusimos a disposición de estos, con recursos municipales, dos proyectos de mediación que trabajaban tanto dentro como fuera del centro, porque con la excusa de que los “centros de menores no son cárceles”, los menores deambulaban todo el día por el barrio sin tareas concretas que realizar, ni talleres, ni un proyecto educativo adecuado a sus necesidades, independientemente de su nacionalidad o su lugar de procedencia.

Denunciamos en varias ocasiones que la Comunidad de Madrid no cumplía la obligación de tramitar la tarjeta de residencia a los menores migrantes, que tenía bajo su guarda y custodia, ni les gestionaban tampoco el empadronamiento necesario para obtener la misma, con lo que muchos de ellos, que cumplían 18 años estando en el centro, se quedaban automáticamente en situación administrativa irregular.

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De esto saben mucho Fundación Raíces y la Asociación el Olivar, que llevan décadas trabajando con menores y adolescentes en situación de calle.

Tuvimos la suerte de encontrarnos con un vecindario solidario, con colectivos como Boxing Crew, la Torre de Hortaleza, Amejhor, el sindicato de barrio de Hortaleza y tantos otros que llevan años trabajando con menores en situación de riesgo y saben cómo es su barrio; solidario, seguro, amable, acogedor y muy alejado de los discursos de odio que pretenden estigmatizarlo.

A los de “esto es el comienzo de una nueva España” les digo que toda sociedad que no protege a sus niños y niñas, vengan del lugar que vengan, es una “nueva España” podrida.
Por suerte, somos muchas enfrente.

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