Memoria histórica
Cuenta atrás para la salida de Franco del monumento fascista que él ideó

141 batallones de presos para una cifra aproximada de 20.000 republicanos condenados a trabajos forzosos a razón de 50 céntimos diarios. Una obra iniciada en 1940 en la que participaron San Román —filial de Agromán—, Molán y Banús, Huarte y Cía, empresas de adictos al régimen franquista que se beneficiaron del trabajo en condiciones infrahumanas de los presos. Un lugar al que se trasladaron los cadáveres de entre 30.000 y 50.000 muertos de la Guerra Civil, tanto del bando golpista como del legítimo republicano. Es la mayor fosa común de España, aunque hoy solo se tocará uno de los cadáveres que se encuentran allí: el de Franco.

El llamado “Valle de los caídos” en la ladera de Cuelgamuros, situado en los alrededores de El Escorial (Madrid), se convierte hoy por unas horas en escenario principal de la historia de España. A las 10.30 horas de la mañana, 79 años después de que Francisco Franco proyectara la idea de un monumento a su victoria, los restos del dictador serán trasladados al cementerio de Mingorrubio, junto al embalse de El Pardo, donde se encuentra el panteón de los Franco y está enterrada la que fue su esposa, Carmen Polo. El objetivo es terminar con el modelo español de impunidad que ha permitido que se haya consagrado un monumento funerario megalomaníaco a un dictador fascista hasta 43 años después de su muerte. Un espacio ideado ya desde 1939, en el periodo más netamente fascista del régimen de una dictadura militar que Franco impuso desde el final de la guerra hasta 1977.

El momento elegido permite que el hito sea capitalizado por el PSOE, que dentro de 18 días acude a las elecciones generales con la fotografía de Franco fuera del Valle que él mismo ideó. Han sido inútiles los esfuerzos de la familia del dictador para que el Tribunal Supremo reculase en una decisión que sale de los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019, unos acuerdos que el Gobierno entronca con la Ley de Memoria Histórica promulgada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El martes, 22 de octubre, la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal emitía un auto que rechazaba el recurso de reposición presentado por los siete hermanos Franco. Era la última negativa judicial a la familia del dictador, después de que el Constitucional explicase en una resolución que no es “ni injustificada, ni arbitraria” la decisión de exhumar al dictador y de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo descartase intervenir ante la demanda de paralización de los Franco. 

En campaña

Desde el 11 de octubre, el complejo del Valle de los Caídos permanece cerrado al público como preparación para la exhumación. El operativo técnico estará acompañado de representantes del Gobierno y de la familia del dictador, que ha pedido no interlocutar con los miembros de la comitiva socialista. En opinión de los Franco, el Gobierno va a “profanar” la tumba y expropiar el cadáver. La familia ha confirmado que el hijo sacerdote del guardia civil golpista Antonio Tejero será el encargado de la misa tras las que se enterrará a Francisco Franco en El Pardo, en un ataúd cubierto por la bandera con el águila de San Juan.

Al margen de Vox, que ha utilizado también el argumento de la “profanación” para atacar la exhumación de Franco dirigida por el Gobierno socialista, el resto de los partidos en campaña han dado por amortizado el voto de los nostálgicos franquistas y apenas han intervenido en el asunto.

Grupos ultras como Hazte Oír han recogido más de 17.000 firmas para que Pablo Casado, candidato del PP en las próximas elecciones del 10 de noviembre, se pronuncie sobre la exhumación de Franco. Los sectores ultras han recordado que en agosto de 2018 Casado aseguró que no iba a defender el Valle “ni a quien está enterrado dentro”. Tampoco Ciudadanos ha hecho de la exhumación un tema de campaña electoral, conscientes de que la fecha de hoy será un aldabonazo para las aspiraciones del PSOE de recuperar votos a su izquierda tras la imagen de mano dura mostrada en Catalunya. Unas aspiraciones compatibles con el deseo de Ciudadanos de no perder más voto centrista, en un momento en el que las encuestas apuntan a un desplome de escaños del partido de Albert Rivera. El bloqueo de PP y Ciudadanos a la salida del cadáver de Franco de Cuelgamuros se ciñó a no apoyar los trámites legislativos de los socialistas antes de llegar a la exhumación.

Desde que en septiembre se frustrase la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al Ejecutivo de forzar los tiempos para llegar a la exhumación del cadáver poco antes de las elecciones. A principios de mes, Iglesias aseguró en Murcia que considera “una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado a un dictador, pero sería indigno que alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática de este país”. Esta semana, en una entrevista con El Diario, Iglesias ha acusado a Sánchez de hacer “electoralismo” con la “momia” de Franco. Más moderado, Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, ha recordado que “quedan cosas por hacer” y que la exhumación de hoy es un “solo paso” en el camino de la reparación de las víctimas.

La extrema derecha teme que, tras la exhumación de hoy, el Gobierno se plantee desmontar la cruz “más grande del mundo” —de 150 metros de altura— situada en Cuelgamuros, como reclaman asociaciones memorialistas desde hace décadas. Resignificar el espacio pero además promover una cultura de los “derechos humanos” frente a la “cultura de la impunidad” son los primeros pasos, dicen los expertos, para terminar con la presencia del Valle de los Caídos como un parque temático de los fascistas, algo para lo que son necesarias más medidas además del traslado de Franco.