Democracia participativa
Crecer sin perder la democracia

Para canalizar la capacidad propositiva de su base social de más de 87.000 personas y entidades socias, Som Energia creó la moción: un mecanismo por el que cualquier propuesta que llegara desde abajo se centralizaba en su plataforma Decidim, el Participa. Se valoraba técnicamente, y si reunía un mínimo de 500 apoyos llegaba a votación en la Asamblea General.

El problema apareció después. «La Asamblea no tiene todo el contexto y no es consciente de los recursos limitados de la cooperativa pese al crecimiento», explicó Mònica Gifreu, del equipo de Cultura Cooperativa de Som Energia, en la mesa sobre tecnología y democracia cooperativa de la Universitat d'Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) de este año. Toda propuesta aceptada acababa aprobada en Asamblea, y el resultado fue un repositorio de compromisos que el Consejo Rector no daba abasto a ejecutar.

¿Quién dice que algo no se puede hacer?

La respuesta de Som Energia fue dejar de centralizarlo todo. En lugar de recoger propuestas en un único embudo, se pasó a proponer temáticas a explorar a partir de lo que iba llegando por los distintos canales de comunicación y participación. Y ahí llegó la segunda sorpresa, porque la base social pidió volver atrás. «Querían recuperar el canal único, no manipulable, donde toda propuesta que llega desde la base social es visible para todo el mundo con su documentación y sus valoraciones», explicó Gifreu. La alternativa que encontraron no fue renunciar al filtro, sino discutir quién tenía que aplicarlo: modificar el órgano que decide qué propuestas siguen adelante, quizá una comisión formada por todos los órganos.

Lo que se encontró Som Energia es una discusión mucho más interesante que la de siempre porque, al estar atravesada por el filtro de la digitalización, ayuda a pensar dónde se coloca el punto en el que alguien dice que algo no es viable y con qué legitimidad lo dice. Som Energia probó a colocarlo aguas arriba, en la entrada de propuestas, y su base social respondió que prefería tenerlo aguas abajo, pero visible.

En el coloquio sobre economía social y solidaria de las VI Jornadas de Autodefensa Laboral de Jaleo, recogido en estas mismas páginas, una de las claves más señaladas fue justamente la democratización del conocimiento. Específicamente se hace referencia a la participación real, que requiere que todas las personas puedan comprender la información económica, participar en la gestión y acceder a procesos de formación continua, porque cuando el conocimiento estratégico queda concentrado en una minoría la democracia se convierte en una mera formalidad. El caso de Som Energia enseña la otra cara del mismo enunciado. Se puede socializar la propuesta sin socializar el conocimiento sobre los límites materiales de la organización. Y entonces la asamblea vota bien cosas que no pueden pasar.

No es un detalle menor para un movimiento que sitúa la cooperación entre sus principios rectores y la define, en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS, como una propuesta de autoorganización orientada a construir relaciones económicas colaborativas, democráticas y transparentes. Colaborativas, democráticas y transparentes a la vez: ahí está la dificultad.

De la consulta ciudadana al censo de personas socias

Conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de estas plataformas de gobernanza y participación digital.

En la base está Decidim, la plataforma de software libre de participación nacida en Barcelona y hoy utilizada por administraciones, movimientos y organizaciones de medio mundo. Sobre ella, cada entidad monta su propia instancia y la adapta. El Participa de Som Energia es una de ellas. Al ser código abierto, la plataforma puede alojarse en máquinas contatadas por las propias cooperativas, y los datos de sus socias no viajan a servidores de terceros. El código se puede auditar y la organización puede alojar la plataforma donde quiera, cambiando de proveedor si lo ve necesario. Para un sector que reivindica la soberanía tecnológica esto no es un detalle menor, dado que la herramienta con la que decides no debería pertenecer a alguien que pueda cambiar sus condiciones de uso mañana.

Pero Decidim se pensó para la gobernanza pública —consultas ciudadanas, presupuestos participativos, procesos municipales— y las cooperativas tienen otras necesidades tales como asambleas con validez jurídica, censos de personas socias, votaciones con garantías, órganos de gobierno con mandatos y relevos. Ahí nace Cercles.coop, impulsada desde 2020 por la Confederación de Cooperativas de Catalunya (CoopCat), financiada de forma colectiva entre varias cooperativas y gestionada actualmente por Colectic, que es además partner oficial de Decidim.

Cercles.coop no se presenta como un programa, sino como un repositorio de recursos de código libre para la gobernanza digital cooperativista. Incluye una plataforma de votación segura con actas generadas automáticamente, la posibilidad de celebrar asambleas virtuales con transmisión en directo, soporte técnico y una guía de participación descargable para programar reuniones de manera autogestionada. En el terreno jurídico, promete trazabilidad de la información y protección de los datos personales, que es exactamente el punto donde las cooperativas suelen ir a ciegas. Y en el terreno del proceso, permite desde consultas simples hasta procesos colaborativos complejos y grupos de trabajo estables.

Lo que no hace, y conviene decirlo, es sustituir el trabajo de fondo. No decide qué se pregunta ni cuándo, no reparte el poder dentro de la cooperativa, no repara conflictos que la organización no quiere abordar y no incorpora por sí sola a quien está al otro lado de la brecha digital. Tampoco es gratis, si no que implica implantación, formación y mantenimiento, y ese coste recae sobre entidades que muchas veces trabajan al límite y con pocos recursos. Una plataforma puede dar la sensación de memoria colectiva mientras acumula documentos que nadie lee.

En la misma dirección apunta el trabajo del propio proyecto Decidim. Elsa Boloix, responsable de comunicación y comunidad, explicó en la mesa que se ha desarrollado un nuevo componente de elecciones pensado para cooperativas, que permite configurar las preguntas de forma sencilla y contempla el voto delegado y ponderado. En el coloquio de Jaleo, José Luis Carretero recordaba precisamente el voto delegado de las asambleas de la Barcelona de 1936 como modelo a revisitar. El debate sobre cómo se representa una voluntad colectiva grande no lo ha abierto la tecnología, lo ha heredado.

El legado que se marcha con el mandato

Hay un segundo problema del que se habló en la mesa y que casi nunca aparece en los debates sobre digitalización, porque no se arregla comprando nada.

Las personas que pasan cuatro años en un Consejo Rector acumulan aprendizajes, debates, red de contactos, criterio. Y cuando termina el mandato, se van con todo puesto. «Uno de los retos de las organizaciones es que el conocimiento adquirido por la experiencia vivencial de las personas en el día a día no se pierda cuando se van a casa», señaló Gifreu. Lo que se hereda, o no, es la capacidad de resolver problemas.

En esta dirección, Som Energia está construyendo espacios propios para sus órganos de gobierno: uno de socias activistas y otro del Consejo Rector. La idea es tener un registro vivo de los debates que ya se han tenido, desde perspectivas distintas, para que nadie empiece de cero. El reto, tal como lo planteó Gifreu, es que ese legado quede fijado y accesible sin convertirse en una acumulación de información, con conocimiento dinámico y actualizado. Es el mismo riesgo que la ESS lleva años nombrando como mal de estructura: que una entidad acabe dedicando más energía a sostenerse a sí misma que a cumplir el objetivo que le dio origen. Documentar por documentar también es estructura.

Llegar a la asamblea con el trabajo hecho

Del lado de las cooperativas medianas, Núria Alonso, socia de Colectic, describió un uso distinto del que suele asociarse a estas plataformas, más allá del sistema de votación. Colectic lo ha aplicado, por ejemplo, a su propio debate sobre igualdad salarial, uno de esos temas que en cualquier cooperativa consume asambleas enteras sin llegar a ninguna parte.

«El recorrido fue por fases; primero una encuesta a las socias para saber de dónde partían las posiciones, después la publicación en la plataforma de los informes y la documentación económica que hacían falta para opinar con criterio, luego un foro donde discutir con ese material», explicó Alonso. «A la asamblea presencial se llegó con la deliberación avanzada y con los puntos de fricción identificados, que era exactamente lo que había que resolver entre todas y en persona».

El tema no es menor en un sector que se mide precisamente por ahí: la Auditoría Social de 2025 sitúa la diferencia salarial media de las entidades de la ESS en 1,7. Detrás de esa cifra hay decenas de discusiones internas como la de Colectic, y la diferencia entre llegar a ellas con datos compartidos o llegar a pelo.

Esta forma de entender la herramienta digital como un espacio interno permanente de debate abierto, que ordena el proceso entero en lugar de digitalizar solo su último minuto, es una de las posibilidades de Cercles.coop. Y es también, según Alonso, la excepción más que la norma. «Cercles.coop se usa principalmente para votar, pero en Colectic aprovechamos su potencial de recogida, priorización y trabajo interno de temas, y para la elaboración colaborativa de protocolos: funcionalidades que están disponibles para todas y apenas se tocan».

La pregunta que quedó abierta en el debate es si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o simplemente de falta de tiempo para explorarla. Nadie la respondió, y probablemente no tenga una sola respuesta. Lo que el caso de Colectic sugiere es que el salto no es tecnológico sino metodológico. Alguien tiene que diseñar el recorrido, decidir qué se pregunta primero, qué documentación hace falta y en qué momento se cierra el foro. La plataforma sostiene ese diseño; no lo sustituye.

El derecho cooperativo que se escribe sobre la marcha

Montse Altaba, abogada especializada en derecho cooperativo e integrante del equipo jurídico de Som Energia, aportó la capa que suele faltar, porque hay prácticas que las cooperativas dan por seguras y no lo son del todo.

Las garantías legales de las asambleas generales y los consejos rectores telemáticos admiten una regulación mucho más amplia por Estatutos y reglamento de régimen interno de la que la mayoría de entidades desarrolla. Hay riesgos que casi nadie contempla, empezando por la suplantación de identidad. Hay supuestos en los que el voto debe ser anónimo. «Y hay derechos de las personas socias que tiran en direcciones opuestas: la participación digital abre espacios democráticos a quien vive lejos y a la vez puede discriminar a quien está al otro lado de la brecha digital», explicó Altaba.

Esa tensión conecta con una pregunta que la ESS se hace desde hace tiempo y que en el coloquio de Jaleo se formuló sin anestesia: quién puede permitirse participar en espacios militantes por la mañana. La participación digital amplía el acceso de unas y lo estrecha para otras, y ninguna de las dos cosas se resuelve con un manual de usuario. La Carta de REAS incluye entre sus principios la equidad, entendida como la construcción de espacios habitables en los que cualquier persona pueda participar desde el reconocimiento de su diversidad. Una asamblea telemática puede ser un espacio así o exactamente lo contrario, según a quién deje fuera.

Altaba subrayó además algo que debería leerse como una advertencia y no como un consuelo: «la práctica del día a día construye derecho cooperativo». Es decir, que lo que hoy hacen las cooperativas sin cobertura clara será mañana el estándar.

Discutir el poder, no los principios

Ninguna de las cuatro intervenciones prometió que digitalizar resuelva la gobernanza. Lo que dejaron sobre la mesa es algo más incómodo y también más útil: cuando una cooperativa crece, las decisiones que antes se tomaban de manera informal —quién decide qué se debate, con qué información y en qué momento— tienen que escribirse en alguna parte, y una plataforma obliga a hacerlo. A partir de ahí esas decisiones se pueden discutir, cambiar o impugnar, cosa que no ocurre mientras viven en la cabeza de quien lleva más tiempo en la casa.

Sostener eso cuesta tiempo, dinero y formación, y ahí aparece un riesgo que la ESS conoce bien, el de que la participación acabe siendo un lujo al alcance de quien puede dedicarle horas. Cuando la deliberación se descuida la organización no se para, sino que sigue funcionando, a veces incluso mejor, con menos gente decidiendo. Es la vieja contradicción que Rosa Luxemburgo apuntó en Reforma o revolución y que las cooperativas siguen habitando: competir en un mercado que premia la rapidez mientras se sostiene una manera de decidir que necesita justamente lo contrario.El balance de la mesa, visto de golpe, parece pobre. Som Energia no ha cerrado su debate interno sobre dónde colocar el filtro y quién debe aplicarlo. Colectic constata que la mayoría de cooperativas no usa ni la mitad de lo que la plataforma permite, y cuando se preguntó si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o de falta de tiempo, nadie se atrevió a cerrar la respuesta. Decidim ofrece componentes y no soluciones. Y el marco legal va por detrás de lo que las cooperativas ya están haciendo. Ninguna de las cuatro ponentes salió de allí con una receta. Lo que sí hubo fue una conversación muy concreta sobre cómo se organiza la deliberación antes de llegar al voto y quién se hace cargo de esa parte, que es justo donde las cooperativas tenemos menos referencias compartidas y más ganas de encontrarlas. Los principios los tenemos escritos desde hace décadas, y también los quórums y las mayorías; lo que apenas hemos empezado a poner por escrito es quién decide qué llega a votación, cómo y con qué información delante.