Economía social y solidaria
La contratación pública como política de fomento de la Economía Social

Las compras y contrataciones de nuestros gobiernos locales, regionales y estatal representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, un volumen nada desdeñable en términos de incidencia e influencia en la economía y el modelo de desarrollo. Simplemente, con las obligaciones y exigencias que se imponen a las empresas para contratar con las entidades públicas se podría conseguir una mayor y mejor cultura fiscal, ética y sostenible en el tejido empresarial. Ese 20% de nuestra economía debe estar al servicio del bien común, y ser aprovechado para potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, promoviendo así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.

En este ámbito es donde las empresas y entidades de la Economía Social juegan un papel crucial, como apuesta de futuro, por muchos motivos: por su gran arraigo en el territorio, ejerciendo como agentes de desarrollo local y rural, fijando población; creando oportunidades y empleo estable e inclusivo a través de la inserción de colectivos desfavorecidos, comprometidas con la equidad social y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; permitiendo mayor participación de la sociedad en la economía a través de estructuras más democráticas, tal como representan las empresas cooperativas o las asociaciones… etc. En definitiva, las entidades de la Economía Social representan un modelo económico y empresarial que puede ayudar a favorecer un futuro desarrollo mucho más inclusivo, con mayores cotas de bienestar social y sostenibilidad ambiental.

Entidades de la Economía Social con las entidades del sector público, ya no sólo para garantizar los impactos positivos anteriormente descritos, sino para tender hacia una economía más plural y una mejor calidad democrática. De este modo se busca reequilibrar el poder que actualmente tienen las grandes empresas y multinacionales (las cuales, además, son las adjudicatarias del 70% de la contratación pública1), capaces de incidir de forma determinante en las decisiones de los gobiernos, condicionando la voluntad democrática de los Pueblos y los derechos de las personas, algo que, a todas luces, debería estar por encima de cualquier interés económico, como ha puesto de manifiesto La campaña “Derechos para las personas. Obligaciones para multinacionales” así lo ha puesto de manifiesto, coincidiendo con el inicio del Foro Económico de Davos el pasado 22 de enero.

 La actual Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo de 2018, ha sido un punto de inflexión en relación a la normativa anterior. Sin ir más lejos su artículo 1, en el que establece el Objeto de la propia Ley, habla de que se debe “facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”. A la luz de este artículo, todas las entidades del sector público tienen el mandato de facilitar la participación de las empresas y entidades de la Economía Social en los procesos de contratación administrativa.

La Ley anterior, aunque permitía la consideración de criterios sociales y ambientales (entre los que se incluía, por ejemplo, la obligación de reservar parte de sus contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción social), tuvo poca repercusión, es más, algunas instituciones públicas incluso desconocían su existencia. Por ello, aunque son numerosas las buenas prácticas en relación a la contratación pública responsable no tuvieron un gran impacto social y económico. Y es que las entidades del sector público han estado mucho más preocupadas por garantizar un impoluto trámite administrativo de estos procesos (especialmente tras los numerosos escándalos de corrupción asociados a los procesos de contratación administrativa) que en exprimir todo su potencial para favorecer el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Aprendizajes y propuestas

Llegadas a este punto, hay que echar la vista atrás y aprender de los errores. Uno de ellos ha sido que los gobiernos locales, regionales y estatal no han identificado la contratación administrativa como una política estratégica que puede incrementar el impacto de algunas políticas públicas. Viéndolo desde esta perspectiva, volcar en la contratación administrativa las políticas de igualdad, de inserción socio laboral, cooperación internacional, transición económica y ecológica o de apoyo a la economía social es el primer paso que permitiría aprovechar todo su potencial.

La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello: formación de los/as trabajadores/as públicos, sensibilización y estímulos para el tejido empresarial, coordinación de procesos de contratación pública para favorecer sinergias y ‘círculos virtuosos’, como diría aquel, para catalizar algunos procesos de cambio económico y social que irían mucho más rápidos si tuvieran el apoyo público. Las Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Madrid y Aragón, con la colaboración de IDEAS y el Ayuntamiento de Madrid, han puesto en marcha la 2ª Edición del Curso de Experto sobre Contratación Pública Responsable con el ánimo de dar la capacitación suficiente a trabajadores y trabajadoras públicos, empresas y entidades del tercer sector para poder implementar políticas en esta materia. Oportunidades formativas de este tipo son las que se deben potenciar y aprovechar para hacer realidad una contratación pública social y ambientalmente más responsable.

Y es que las instituciones públicas españolas no están solas. Se cuentan por centenas las buenas prácticas dentro de la Unión Europea en relación a la consideración de cláusulas sociales, ambientales y éticas. Contratación de suministro eléctrico con energías renovables, gestión de comedores colectivos con alimentos ecológicos, instalación de máquinas expendedoras de bebidas calientes con productos de comercio justo o contratación de colectivos socialmente vulnerables en obras públicas son algunos de los contratos que ya cuentan con numerosas y exitosas experiencias. Son las cláusulas de apoyo a la Economía Social, especialmente la reserva de contratos a cooperativas, asociaciones y fundaciones, las que se encuentran en un estadio menos maduro, las que necesitan, por tanto, de un mayor impulso y valentía. Por su parte, el Gobierno de España ha aprobado recientemente su Plan Estatal de Compra Ecológica que, sin duda, será toda una referencia para las entidades del sector público del país.

La actual Ley de Contratos Públicos, transponiendo las Directivas europeas del ramo, ha establecido una importante herramienta para el apoyo a la Economía Social: la reserva de contratos. Este instrumento permite limitar la concurrencia de empresas en las licitaciones públicas, permitiendo sólo que presenten ofertas a las empresas de la Economía Social. La Ley desarrolla dos tipos de reserva: una referente a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción que puede aplicarse a cualquier tipo de contrato y otra a otras entidades de la Economía Social, limitada a algunos tipos de contrato; las cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones cumplen los requisitos establecidos en la Ley para concurrir a estas licitaciones.

Algunos de los contratos recogidos en esta segunda reserva son los servicios de ayuda a domicilio, de organización de eventos, suministro de comidas a domicilio, o los servicios postales, entre otros. Sería un importante revulsivo social y económico que estos contratos, actualmente en manos de grandes operadores económicos, pasaran a ser gestionados directamente por las propias personas trabajadoras que prestan estos servicios a través de cooperativas o por empresas sociales, sin ánimo de lucro, asociaciones o entidades ciudadanas.

Estos cambios no serían a coste cero, requerirían de un esfuerzo jurídico, social, económico…, aunque ofrecen la oportunidad de experimentar con nuevos modelos empresariales que pueden ser muy beneficiosos para la economía local. Tampoco hay que creer que las multinacionales y grandes empresas quedarán impasibles ante una pérdida de cuota de mercado sino, como ya hacen, lanzarán campañas mediáticas en contra de las empresas de la Economía Social, como ya ha ocurrido en Madrid, donde los periódicos EL MUNDO y EL PAÍS han difundido sospechas infundadas contra empresas y personas vinculadas a la Economía Social, y eso solo siendo (las empresas de la Economía Social) adjudicatarias de menos de un 1% de los contratos del Ayuntamiento de Madrid.

Pero no solo hay que recurrir a la reserva de contratos, sino que las entidades de la Economía Social, y más aún, las de la Economía Social y Solidaria, tienen, por lo general, en su ADN unos principios que se corresponden con criterios éticos, sociales y ambientales y que se pueden incluir en los pliegos de contratación pública. Criterios sociales como: la mejora de las condiciones salariales y laborales por encima del convenio sectorial y territorial de legal aplicación; establecimiento de medidas que garanticen la igualdad en el acceso al empleo, la retribución, promoción, formación y permanencia, así como la prevención del acoso sexual en el trabajo (incluso en en entidades de menos de 250 personas trabajadoras); la aplicación de criterios de equidad y transparencia fiscal o criterios ambientales, como la minimización del consumo de recursos naturales como materias primas, combustibles y agua, la mínima generación de residuos peligrosos y no peligrosos, así como su reutilización o reciclabilidad o la aplicación de medidas de eficiencia energética o utilización de fuentes de energía renovables. Para ello, sólo hace falta voluntad por parte de las Administraciones Públicas y, desde la sociedad civil reclamar que se incluyan estos criterios en los procesos de contratación.

En definitiva, “caminante, no hay camino, se hace camino al andar” por lo que es necesario echar a andar iniciativas, contando con la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y empresas, para que los contratos públicos atiendan al bien común, y podamos construir entre todas otro modelo de economía, sociedad y desarrollo que nos permita vivir bien.