Sobre las acusaciones de ‘El País’ y ‘El Mundo’ a la economía social

En las últimas semanas, El País y El Mundo están realizando una campaña sugiriendo que en el Gobierno de Ahora Madrid hay una trama de corrupción en favor de varias entidades de la economía social y solidaria. Entre las entidades destacan REAS y Tangente (grupo cooperativo del que forma parte Garúa).

Ninguno de los dos diarios hacen una acusación directa, sino que redactan los artículos de manera que quien los lea se haga a la idea de que existe una trama de corrupción. No la realizan porque saben que no hay ningún dato que la sostenga.

El motivo más habitual de la corrupción es embolsarse dinero público. Pero todas las entidades que están siendo veladamente acusadas son sin ánimo de lucro. Esto significa que por vocación, pero también por obligación legal, no pueden repartir beneficios a final de año. Además, estas apuestas revierten en mejoras sociales, ya que en los contratos no hay margen de beneficio empresarial, todo se invierte en el bienestar social y ambiental. Un segundo medio que tendrían de aumentar sus ingresos quienes trabajan en las cooperativas sería subir las nóminas. En en caso de Garúa, el salario máximo ronda los 1.250 euros netos en 12 pagas por jornada completa. No parece que con esta mirada se esté produciendo corrupción.

Se podría hablar también de corrupción cuando se contrata a una entidad para realizar un trabajo que después no se lleva a cabo. Pero este no está siendo el caso. Todos los servicios contratados a Garúa por el ayuntamiento de Madrid, en realidad todos los trabajos contratados por cualquier entidad, se han realizado. Es más, no solo se han realizado sino que las valoraciones han sido muy buenas.

Otra forma de corrupción consiste en adjudicar contratos a entidades que no estén capacitadas para llevarlos a cabo o que haya otras en mejor disposición para ello. Esto tampoco está sucediendo. Los dos principales conceptos por los que Garúa ha facturado al ayuntamiento han sido por actividades relacionadas con la alimentación sostenible y con un plan de consumo sostenible. ¿Consideran El Mundo y El País que hay otras empresas con mejor capacidad técnica para hacer una transición de comedores escolares convencionales a comedores ecológicos? Garúa lleva años liderando este campo de innovación educativa y ambiental en Madrid. ¿Son acaso las empresas con ánimo de lucro, que necesitan aumentar de forma sostenida sus ventas, las más aptas para asesorar al ayuntamiento sobre cómo realizar un plan de consumo sostenible, que básicamente tiene que pasar por reducir el consumo? Nuevamente, desde Garúa existe una dilatada trayectoria en ese sector.
Una última forma de corrupción podría ser sostener un entramado empresarial cooperativo que de otra manera caería. Nuevamente, esta posibilidad no se sostiene con datos, ya que REAS, Tangente y Garúa tienen una dilatada trayectoria. En el caso de Garúa, de más de 10 años. Y la cuestión no es solo de trayectoria, sino de cifra de negocio. Como se ve en el gráfico, la facturación de Garúa con el Ayuntamiento de Madrid es un porcentaje pequeño de sus ingresos.

En el fondo de este asunto probablemente esté la incapacidad de El País y de El Mundo de concebir otra economía que no sea la del enriquecimiento personal a costa del entorno y del grueso de la sociedad. También la de comprender otra política que no sea la de la destrucción del adversario/a por cualquier medio, incluida la difamación. Pero ni un diario ni el otro, a pesar de que esta es una de sus finalidades, parecen entender cómo está cambiando la sociedad madrileña. Somos muchas las empresas que perseguimos un empleo digno para nuestras/os trabajadoras/es, y al tiempo una mejora social y ambiental. Trabajamos por un bien colectivo, no individual. También somos muchas entidades quienes estamos poniendo en marcha otras maneras de tomar las decisiones colectivas (de hacer política en definitiva) en las que la participación de opiniones diversas es una realidad.

Ahora Madrid subió al Gobierno de la capital con un programa que apostaba por la economía social y solidaria. Así, es obligado que priorice esas nuevas formas de satisfacer las necesidades de la población, aunque la realidad es que lo podría hacer con más ahinco. Es más, por las características intrínsecas del sector, que busca el bienestar colectivo y no el individual, sería lógico que fuese una práctica común de todas las administraciones públicas.