Marinaleda
Marinaleda, del latifundio público a la tierra colectiva

Las ocho cooperativas que forman El Humoso, el motor económico del municipio de Marinaleda (Sevilla), barajan la posibilidad de comprar las tierras que trabajan. Sobre las cooperativas pesa una orden de desalojo, generada al no ejecutarse la compra por parte del Ayuntamiento. 

La compra es un paso exigido por la administración a raíz de un cambio legislativo tras la extinción del Instituto de Reforma Agraria. El Instituto mantenía en concesión latifundios públicos que la Junta de Andalucía ha puesto a la venta, con condiciones preferentes para los concesionarios. Las ocho cooperativas tenían la concesión de la finca de El Humoso, por la que pagan un canon por ocupación y explotación. 

“La tierra sería indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por la cooperativa como un proyecto único y vinculado a la mejora de la gente del pueblo y su comarca”

El precio de compra-venta ronda los 10 millones de euros por las 1.200 hectáreas. Con la reducción máxima que permite la normativa, que tiene en cuenta la creación de empleo y las inversiones realizadas, el precio podría quedar entre 3,5 y 4 millones. “Hay pulmón financiero para iniciar la compra”, aseguran fuentes de El humoso, que contarían con el respaldo de la banca ética para financiar la compra de la tierra y materializarían la compra a través de una fundación, que otorgaría la titularidad a la fundación y la gestión colectiva, a las cooperativas.

Desde El Humoso han hecho público que están “totalmente en contra de que las tierras se privaticen”. Si la Junta de Andalucía no zanja el expediente con Marinaleda, comprador preferente, las podría sacar a la venta y que estas terminen en un fondo de inversión, como ya ha ocurrido con otros latifundios. 

Si las ocho cooperativas adquieren las tierras, se comprometen a que la titularidad sea colectiva y comunitaria. Para ello, han creado una fundación que blindaría las hectáreas: “La tierra sería indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por la cooperativa como un proyecto único y vinculado a la mejora de la gente del pueblo y su comarca”. 

Desde el comunicado hecho público recientemente, los cooperativistas insisten también en que están de acuerdo con que la compra la efectúe el Ayuntamiento de Marinaleda, para su posterior cesión a las cooperativas mediante un canon y con titularidad pública. Juan Manuel Sánchez Gordillo, de 73 años, ocupa el cargo de alcalde del municipio desde 1979. El Salto se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, pero este no ha aportado más información sobre el proceso.

La lucha por la tierra en Andalucía

Paco Aguaza

Campesinado

La lucha por la tierra en Andalucía

Paco Aguaza

Mientras la dictadura franquista llegaba a su fin, el campo andaluz vivía una nueva primavera. Renacía la lucha secular de quien trabaja la tierra por su dignidad.

Su abogado, Jesús Sendra, explica que la negociación de compra-venta se extiende desde 2015, tras la modificación legal de la Junta de Andalucía

Litigio

De momento, la situación de El Humoso es jurídicamente frágil, ya que pesa sobre las ocho cooperativas una orden de desalojo. Por ello, en diciembre de 2021 interpusieron un recurso contencioso administrativo. Su abogado, Jesús Sendra, explica que la negociación de compra-venta se extiende desde 2015, tras la modificación legal de la Junta de Andalucía que obligó a quien estuviera en concesión se adhirieran a un proceso de adquisición de la propiedad. 

Actualmente existen ocho procedimientos judiciales en distintos juzgados contencioso-administrativos de Sevilla, tantos como cooperativas, que previsiblemente se unificarán en un solo proceso.

La actual gestora de las cooperativas ha conseguido cancelar desde 2015 casi dos millones de euros en deudas

Saldar deudas

En enero, El Humoso ha presentado un informe de gestión del periodo 2015-2021. En 2015 hubo un cambio en la gestión de las cooperativas. Hasta entonces, la deuda acumulada ascendía a 3,1 millones de euros entre pagos a proveedores, entidades de crédito, nóminas pendientes, aplazamiento del canon y de la Seguridad Social. Las deudas de nóminas y a la Seguridad Social están canceladas, del canon de la tierra falta por pagar 80.926 euros, se ha disminuido a la mitad la de las entidades de crédito y a 809.000 euros con los proveedores. En total, la actual gestora ha conseguido cancelar casi dos millones de euros en deudas.

Paralelamente, en ese mismo periodo ha realizado inversiones por valor de 1,1 millón en el área agrícola —máquinas, tractores y mejora del riego—, en el molino y en la fábrica de conservas.

En estos últimos cinco años, El Humoso ha generado un total de 175.508 jornales (132.137 en el campo y 43.371 en la fábrica).

Desde las cooperativas han manifestado que “deseamos que se alcance un acuerdo lo antes posible para poder continuar con nuestras señas de identidad: la tierra no es de nadie y es de todos, y debe ser gestionada como hasta ahora, por las cooperativas que aseguran la generación del máximo empleo posible”.

La creación del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, un organismo que “ya nació muerto”, era la adquisición de tierras para ser repartidas, dentro de la reivindicación secular de “la tierra para quien la trabaja”, considera el catedrático Manuel Delgado Cabeza

El Humoso, en la ‘reforma agraria’ de Andalucía

La movilización jornalera ha sido una constante desde la Transición, con episodios de mayor o menor impacto y con algunos hitos muy destacados, en una tierra, como la andaluza, sembrada de latifundios, y cuyo medio rural salía del franquismo con una estructura social muy condicionada por la desigual distribución de la tierra y con gran parte de su población sujeta unas condiciones laborales muy duras y salarios muy bajos —para quien tenía trabajo— o emigrada a áreas con cierto tejido industrial o de servicios, habitualmente fuera de Andalucía.

Un concepto aglutinador de las demandas aquel entonces era la ‘reforma agraria’.  En respuesta a ellas —o como gesto para demostrar que algo se hacía desde las instituciones—, en 1984 se aprueba la Ley de Reforma Agraria en Andalucía, “un remedo o simulacro de reforma agraria con el que desactivar la reforma agraria que reivindicaba el pueblo andaluz, y que nació ya muerta, vacía de contenido por su propio planteamiento, estrictamente productivista”, como defiende el catedrático de Economía Manuel Delgado Cabeza. La punta de lanza de ese nuevo marco la supuso la creación del IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria), una entidad pública cuyo objetivo principal era la adquisición de tierras para ser repartidas, dentro de la reivindicación secular de “la tierra para quien la trabaja”. Aunque ese objetivo finalmente quedó en intento, hubo excepciones más allá de la adquisición de tierras “manifiestamente mejorables” y cuya orientación estaba más cercana a la idea original de una reforma agraria que permitiese generar empleo y riqueza en los pueblos a través del reparto de tierras, concebidas no como bienes especulativos, sino comunes. El resultado y símbolo de esa orientación fue El Humoso.

El 8 de agosto de 1990, en asamblea popular, vecinas y vecinos de Marinaleda votan levantando el puño por desalojar esa finca, El Humoso, habiendo cumplido tres meses de su ocupación y después de que su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, anunciase los acuerdos a los que había llegado “con el consejero de Agricultura y con los diferentes estamentos del IARA”. Esos acuerdos eran suficientes “para que nuestro proyecto cooperativo, agrícola y ganadero, realmente pueda llevarse a la práctica”, según afirmaba el propio alcalde. Significaba una victoria para quienes llevaban tras de sí años de ocupaciones de tierras, marchas, acciones… o una huelga de hambre el verano de 1985 que alcanzó resonancia internacional. 

El Humoso es una finca de 1.200 hectáreas, una pequeña parte de las miles que poseía entonces el duque del Infantado en Andalucía. Se sitúa en el término municipal de Écija, a mitad de camino entre esta localidad y la de Marinaleda

El Humoso es una finca de 1.200 hectáreas, una pequeña parte de las miles que poseía entonces el duque del Infantado en Andalucía. Se sitúa en el término municipal de Écija, a mitad de camino entre esta localidad y la de Marinaleda. Ya en 1986, un decreto de la Junta de Andalucía declaró “de interés general de la Comunidad Autónoma” su transformación en regadío. La presión del movimiento jornalero, encabezado por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC, precursor del SAT), llevó finalmente a que el IARA se hiciese con la titularidad de esas tierras en 1991, para posteriormente ceder su gestión a varias cooperativas. Al tener tantas hectáreas, no se podía ceder como una sola unidad agraria, así que se dividió en ocho, tantas como cooperativas accedieron a esa gestión, las que a su vez constituyeron una de 2º grado: Cooperativa de Marinaleda SCA, que se define como “el elemento económico central del proyecto de transformación global del pueblo de Marinaleda”. La lógica no era solo de colaborar en objetivos comunes, sino también dar cabida a procesos de manipulación, elaboración y transformación industrial de la producción agrícola. Si formalmente eran ocho cooperativas –ocho gestoras de otras tantas parcelas–, en la práctica El Humoso se ha mantenido todo este tiempo como una unidad productiva.

El año 2010 plantea un punto de inflexión para el destino de El Humoso. El Consejo de Gobierno andaluz aprueba el decreto ley sobre la reestructuración del sector público andaluz y, con él, el desmantelamiento del IARA y la ventas de las tierras de su patrimonio, bajo condiciones favorables para quienes ya las tuvieran en régimen de cesión. Sin tener efecto inmediato, con este acto la Junta de Andalucía consagra la marcha atrás en su fachada de la reforma agraria; al menos, a ser tenedora de tierras de carácter público para facilitar su reparto, a pesar de quien era consejera de Agricultura por aquel entonces, Clara Aguilera, lo anunció como “una oportunidad única para hacer realidad el lema que inspiró la reforma agraria, de que la tierra sea para quien la trabaje”. Más de una década después, la Consejería sigue intentando deshacerse de tierras del extinto IARA.