Colombia
Las trabas en el camino del cambio en Colombia

Líder campesino colombiano, Robert Daza es portavoz del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos. La organización a la que tradicionalmente ha pertenecido es el Comité de Integración del Macizo Colombiano que trabaja en los departamentos de Nariño y Cauca, en el sur del país. Vive en la vereda de Altollano, en el municipio de San Pablo (departamento de Nariño), en el límite con el Cauca, donde participa en proyectos de economía local en una asociación de café.

Durante los últimos años, y hasta mitad del año 2020, ha pertenecido al equipo del senador del Polo Democrático Alternativo Alberto Castilla en Bogotá. En diciembre del pasado año fue detenido en un operativo dirigido por la Fiscalía acusado de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La jueza le liberó a los cinco días de su detención y Daza afrontará finalmente el proceso judicial en libertad, al igual que los otros detenidos en dicha operación: Teófilo Acuña y Adelso Gallo, quienes pertenecen a las mismas organizaciones nacionales que Daza.

“Falso positivo judicial” es el nombre con el que se conoce la persecución legal en Colombia por motivos políticos utilizando a la Fiscalía

Este líder campesino estudió Agronomía y Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario y desde 1999 ha participado en numerosas luchas y movilizaciones campesinas, como los paros agrarios y cafeteros, una militancia que ha sido especialmente activa contra la entrada de multinacionales mineras en su región a las que las comunidades no han dejado entrar, debido a que estas destruirían su forma de vida y el ecosistema. Esta es la razón por la que tanto él como diferentes organizaciones han calificado el proceso en su contra como un “falso positivo judicial”, nombre con el que se conoce la persecución legal en Colombia por motivos políticos utilizando para ello principalmente la figura de la Fiscalía.

Hace unos meses fue elegido para continuar el trabajo del senador del Polo Democrático en una lista cerrada y cremallera de la coalición de izquierda Pacto Histórico. Daza explica que se trata de “una alianza para tener un programa de gobierno que transforme el país y tener un presidente que atienda todas las necesidades que la gente está planteando”. En esta coalición su papel es “la vocería desde el campesinado en una lista que esta conformada por una diversidad de personas: delegados de indígenas, afros, mujeres, ambientalistas, políticos alternativos como Iván Cepeda, María José Pizarro, Gustavo Bolivar…”. Además, en la coalición se integran partidos de la izquierda como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y el Movimiento Alternativo Indígena y Social.

Al referirse a su papel en la lista precisa: “No somos políticos de tradición ni de la política alternativa, somos líderes sociales, líderes campesinos; hemos estado con la gente en carretera, negociando en mesas, dando formación en agricultura y agroecología, en la construcción de territorios agroalimentarios, en procesos nacionales como Cumbre Agraria. El compromiso como liderazgo es seguir luchando por el reconocimiento del campesinado; que se respeten sus territorios, que su trabajo sea reconocido, que no sea un trabajo que es aprovechado por otros, como en el caso de de los mineros”.

El Pacto Histórico es “una alianza para tener un programa de gobierno que transforme el país y tener un presidente que atienda todas las necesidades que la gente está planteando”, explica Daza

Con el antecedente de las históricas protestas que se han dado en Colombia desde noviembre de 2019 —que fueron objeto de una dura represión que a fecha de hoy no ha terminado— las elecciones de 2022 se presentan como una oportunidad de cambio y la propuesta del Pacto Histórico como un factor de esperanza. En marzo se celebrarán comicios a las cámaras del Congreso y en mayo la primera vuelta de las presidenciales en las que el senador Gustavo Petro será la apuesta de esta coalición. Daza precisa que en esta formación hay movimientos de izquierdas, pero también de la política tradicional, como es el caso del senador Roy Barreras.  “El propósito común es conseguir la presidencia de la República en la persona de Gustavo Petro y con una mayoría en Senado y Cámara de representantes, tener un programa de gobierno que transforme el país y tener un presidente que atienda todas las necesidades que la gente esta planteando”, relata.

El próximo 13 diciembre se cerrará la lista definitivamente y se conocerá el puesto final de Daza en la misma y, en consecuencia, las opciones reales de conseguir un puesto en el Senado en las elecciones de marzo de 2022.

El líder campesino llega a Santa Rosa desde Nariño, después de dos días de viaje, con un morral por único equipaje y con un sombrero de palma de iraca que raramente se quita de la cabeza. Desde ahí reemprende el viaje para continuar hasta Montecristo, en el Sur de Bolílavar, para participar en un acto por la vida y la memoria de Oswaldo Pérez y Erley Osorio. El primero fue asesinado en julio por las disidencias de las FARC en la vereda Mina Piojo y el segundo en septiembre, a manos de paramilitares del Clan del Golfo en el municipio de Montecristo. Estos hechos provocaron el desplazamiento de unas 1.500 personas a Santa Rosa durante varias semanas.

La Serranía de San Lucas es una “zona roja” con presencia histórica de la guerrilla del ELN. A esta se han sumado en los últimos tiempos paramilitares y disidencias de las FARC, a pesar de la gran presencia militar en el área desde 2019, con la fuerza de tarea conjunta Marte del ejército, que no ha sido garantía para la protección de las comunidades. La pequeña minería artesanal se convirtió en la forma de vida de colonos procedentes de diferentes lugares del país que hace mas de cuarenta años comenzaron a llegar a la región huyendo del conflicto interno colombiano o simplemente buscando una forma de vida. En el final de la década de los años 90, una fuerte arremetida paramilitar causó el terror en los habitantes, aunque en los últimos años la amenaza proviene del Estado, que intenta implementar una legalidad que equipara a las grandes multinacionales con los pequeños mineros con la intención de desalojar a estos últimos y dejar el territorio expedito favor de las transnacionales.

Llegar a Montecristo desde Santa Rosa revela parte de la problemática de la región: el abandono estatal que se refleja en las vías que son construidas y mantenidas por las comunidades ante la inacción del Gobierno

En un intento de llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública por el incremento de la violencia, la Federación Agrominera del Sur de Bolivar (Fedeagromisbol) organizó un acto para honrar la vida de todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra, de hermandad y amistad con los habitantes del Montecristo, para remarcar a los grupos armados, incluido el Ejército, que no van a permitir que les involucren en su acciones de guerra. Narciso Beleño, representante legal de Fedeagromisbol, afirmaba antes de su celebración: “Queremos hacer un acto público por la vida y reclamarle a las cuatro fusiles, porque son cuatro grupos armados en el territorio, que nosotros no estamos en su conflicto. Que nos dejen por fuera”. Para ello, una caravana de unos 60 vehículos, con origen en diferente lugares de la Serranía de San Lucas, se desplazaron por las trochas que conducen hasta Montecristo.

Llegar a Montecristo desde Santa Rosa revela parte de la problemática de la región: el abandono estatal que se refleja en las vías que son construidas y mantenidas por las comunidades ante la inacción del Gobierno colombiano. Las trochas, en algunos casos auténticos caminos de herradura, se convierten en lodazales cuando llueve y solo se pueden transitar gracias a los vehículos todoterreno y a la pericia de los conductores.

La caravana, compuesta de varios centenares de personas, busca dotar al acto de un carácter masivo y así dar protección a los propios participantes y vecinos de Montecristo, especialmente ante la presencia de paramilitares: unos 300 efectivos conforman el grupo paramilitar que opera en dicho municipio. En Colombia, los nexos entre el Estado y los paramilitares están históricamente y judicialmente acreditados y no hay otra forma de entender la llegada y presencia a estos territorios de estos grupos armados.

Daza enfatizó en la necesidad de organizarse "para defender el territorio de las transnacionales mineras y actores armados: que las comunidades cierren filas para que la muerte en Colombia deje de ser una estadística

El día posterior a la llegada de la comitiva, el 26 de noviembre, se desarrollaron diferentes actos en Montecristo. El primero, una reunión en la que participaron autoridades locales, Defensoría del Pueblo, representantes de la comunidad, de Fedeagromisbol y vecinos del lugar. Más tarde tendrá lugar una manifestación por la cabecera municipal y, para finalizar, una declaración pública para la comunidad y para los grupos armados que tienen presencia en la región. El casco urbano se encontraba altamente militarizado durante los días ante los avisos de las autoridades por la convocatoria del acto.

En la intervención de Daza en la reunión, este enfatizó en la necesidad de organizarse “para defender el territorio de las transnacionales mineras y actores armados: que las comunidades cierren filas para que la muerte en Colombia deje de ser una estadística”. Asimismo, denunciaba que en este contexto de violencia “no hay una investigación que castigue a los culpables o por lo menos reconozca la verdad de quien los mandó matar o porque los mataron. En Colombia tiene que haber verdad, justicia y reparación porque sino nos seguirá persiguiendo el problema del conflicto y no nos dejaran vivir en paz”. Más tarde, Daza se reunió con mineros sobre el sentido de librar la disputa institucional presentándose a las elecciones, no solo desde la lucha en la carretera y en escenarios de negociación, sino de confrontación en las instituciones.

En un país en el que la compra de votos es tradicional y donde muchas regiones son dominadas por clanes políticos que compran voluntades, la campaña de Daza es diferente: no ofrece cosas ni dinero, solo entrega unas tarjetas de visita en las que aparecen sus redes sociales y número de whatssap. Con estas reuniones busca construir mandatos con la gente para llevarlos al Senado de la República. Así, del mismo modo que en la legislatura de Alberto Castilla se habían promovido proyectos legislativos para lograr el reconocimiento del campesinado, respecto a los mineros, afectados por una normatividad que no favorece la minería ancestral o tradicional, sino a la gran minería, “un gobierno alternativo tiene que plantear con ellos proyectos para defender la pequeña minería”.

Daza insiste en que nunca ha habido en la historia la oportunidad de cambiar los gobernantes del país. "No es cambiar y quedar esperando los ríos de leche y miel. El Gobierno no lo va a hacer Gustavo Petro solo, aunque tenga mayorías. Tiene que haber comunicación permanente fluida para convertir en leyes. Institucionalidad que atienda solo se consigue con el dialogo: en el programa que se está construyendo tienen que ir esas propuestas, hay que ir con un programa de Gobierno que luego se convierta en programa de desarrollo”.

Los actos de Montecristo terminaron y Daza regresó a Nariño para continuar con otro tipo de campaña. En este caso, la celebración de una consulta popular contra los proyectos extractivistas que la minera sudafricana AngloGold Ashanti quiere implantar en el suroccidente colombiano que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, aunque la validez de estas consultas está en cuestión.

Desde la veredas del campo colombiano o la curul del Senado, Daza seguirá trabajando por el reconocimiento de la dignidad del campesinado, uno de los sectores de Colombia que, a pesar de dar de comer al país, más ha sufrido hasta la actualidad el conflicto interno, las crisis económicas y las medidas neoliberales de los diferentes gobiernos.