América Latina
Un mes de revuelta popular en Colombia: sin garantías para negociar

El Paro Nacional en Colombia cumple un mes este viernes 28 de mayo y registra un periodo histórico de revuelta popular, política, social y cultural en las calles de más de 800 municipios, desde las capitales más grandes como Cali y Bogotá, epicentro de las movilizaciones, hasta las poblaciones rurales más pequeñas golpeadas permanentemente por la guerra. Después de protagonizar masivas marchas pacíficas, manifestaciones artísticas y culturales contra el tratamiento de guerra a la protesta social y recibir el apoyo y solidaridad de organizaciones sociales, medios de comunicación y políticos internacionales, el Comité Nacional del Paro aún no ha podido firmar un acuerdo de garantías para ejercer el derecho a la protesta que les permita sentarse a negociar con el Estado el inicio del fin de este estallido social.

Ya reconocidas en comunicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que por ahora el Gobierno de Iván Duque no ha permitido la entrada al país, la magnitud de las cifras de vulneraciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública es proporcional a las acusaciones de “dictadura” o “Gobierno genocida” que los manifestantes lanzan al Estado: un mínimo de 51 personas muertas, 87 casos de violencia sexual, 979 civiles heridos y 132 personas desaparecidas, aunque según varias ONG serían más de 470 en realidad las personas que, por orden del Gobierno, los medios ahora debemos nombrar como “no localizadas”.

los logros contrastan con las pérdidas de vidas, ojos y derechos. La represión es, desde el primer día de Paro, explícitamente violenta, reproduciendo en las ciudades y ante las cámaras vulneraciones que se han perpetrado en contextos rurales de conflicto armado durante más de 60 años de guerra

La miseria, la desigualdad, la guerra y el hambre, normalizadas en muchas regiones olvidadas del país, ya no son situaciones aceptables para una buena parte del pueblo colombiano que las sufre. La sensación es que decenas de miles de personas, desde sus individualidades y desde sus organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles o sindicales, están decididas a mantener los bloqueos y el ritmo de las movilizaciones hasta “acabar con todas las reformas que nos quieren imponer”, asegura Susan Solano manifestante y estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, al suroccidente de Colombia. Por ahora, se ha logrado paralizar la reforma tributaria, detonante inicial de las protestas, tumbar la reforma (aún más) privatizadora del sistema de salud, la gratuidad en la matrícula a la universidad para la clase media y trabajadora, la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la de la ministra de Exteriores, Claudia Blum. Y, lo que muchos destacan, un cambio en la conciencia colectiva.

Jóvenes sin miedo

“Hoy vemos el despertar de Colombia, porque la gente vivía engañada o no quería ver la realidad. Apenas van cayendo en cuenta que estamos bajo una dictadura disfrazada de democracia”, continua la estudiante caucana. Pero los logros contrastan con las pérdidas de vidas, ojos y derechos. La represión es, desde el primer día de Paro, explícitamente violenta, reproduciendo en las ciudades y ante las cámaras vulneraciones que se han perpetrado en contextos rurales de conflicto armado durante más de 60 años de guerra. En su comunicado la CIDH destaca los casos de Lucas Villa, “quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica” y el de Sebastián Quintero, “quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública”. La estudiante Susan Solano marchaba con este último, Sebastián Quintero Múnera, estudiante de ingeniería de 23 años, en el momento en que lo asesinaron.

Entre las armas utilizadas para matar manifestantes destaca una nueva arma militar llamada Venom que la empresa española Vimad Global Services le vende al Estado colombiano

Amigos de la universidad, ese 15 de mayo Solano y Quintero, y otros miles de personas, habían salido a marchar conmovidos por el caso de Alison Meléndez, una joven de 17 años de la capital caucana quién denuncio en redes sociales que agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) la habían detenido y “me manosearon hasta el alma” antes de decidir suicidarse. Llegada la noche empezaron los disturbios y los dos estudiantes pensaron en retirarse cuando a Quintero le impactó un proyectil en el cuello. “A Sebastián lo mataron con una aturdidora de mano, con sevicia y premeditación”, denuncia su amiga. Como cientos de jóvenes que hoy han perdido algún amigo en la primera línea de las protestas, “quedamos muy bajos, muy tristes, pero lo asumimos como grupo y generamos actividades sociales, ollas comunitarias, y esa es nuestra terapia. Nos prometimos entre todos que, si algo nos llegaba a pasar, dadas las circunstancias políticas del país, íbamos a seguir en la lucha y seguiríamos trabajando con la gente en los barrios”, explica Solano.

Represión y propaganda

En un inicio se sospechó que el armamento que había matado al joven de Popayán era un proyectil múltiple que el ESMAD viene usando para su represión desde el comienzo de las protestas y que se presume que ha herido a cientos de manifestantes. Se trata de una nueva arma militar llamada Venom que la empresa española Vimad Global Services le vende al Estado colombiano y que, a pesar de parecerse su estallido al de los fuegos artificiales, “se trata de descargas impresionantes que combinan fuego, gas, humo y estampidas que semejan un diluvio de muerte”, asegura el activista Raul Zibechi en su artículo sobre el nuevo armamento policial en Colombia. Según investigaciones del Centre Delàs de Estudios para la Paz, “España  ha vendido 187,8 millones de euros en armamento y munición a Colombia en los últimos diez años”.

El activista y artista de Pereira Lucas Villa, el joven Sebastián Quintero y la masa de manifestantes que salen a diario a ejercer su derecho a la protesta social son denominados por las dos principales cadenas de televisión, RCN y Caracol, o la revista más oficialista, Semana, como “vándalos” o “terroristas”. Y la estrategia del Estado para criminalizar la protesta y lograr cierto silencio mediático a nivel internacional ha llegado hasta el punto de la publicación de una “entrevista” en lengua inglesa al presidente Iván Duque en la que no hay periodista ni preguntas, y en la que solo se expone una versión estigmatizante de los hechos. En este video presuntamente creado por el mismo equipo de prensa del líder uribista, Duque responsabiliza de las movilizaciones del Paro Nacional al líder opositor Gustavo Petro, de la coalición Colombia Humana, quien respondió que lo acusan de “la crisis que ellos mismos produjeron”.

El número de muertos supera los 51 si se hace una lista de los líderes sociales con un papel en el paro que han sido asesinados en sus casas por sicarios y si se presume que buena parte de los 490 desaparecidos hasta ahora puedan no volver a aparecer, como es costumbre en Colombia

Petro, principal candidato de la izquierda junto a la lideresa afrocolombiana Francia Márquez y favorito en encuestas para las elecciones presidenciales que se celebraran dentro de un año, ha hablado de la posibilidad de que se avecine un golpe de Estado y este 27 de mayo, después de que el Senado votara en contra de la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, publicó el siguiente twit: “Lo que ha hecho el Senado de la República es avalar el asesinato de jóvenes en Colombia y el terrorismo de Estado. Las mayorías de este congreso han firmado por la masacre de su propio pueblo, y lo hacen por corrupción”. Además de defender al ministro de Defensa que lidera la militarización de las ciudades y el uso de armas con munición real para reprimir las protestas, el Gobierno ha decidido promover al comandante general de la policía nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, quién después de las críticas por la violenta actuación policial afirmó: “Esos policías son unos verracos y me les quito el sombrero”.

El número de muertos supera los 51 si se hace una lista de los líderes sociales con un papel en el paro que han sido asesinados en sus casas por sicarios y si se presume que buena parte de los 490 desaparecidos hasta ahora puedan no volver a aparecer, como es costumbre en Colombia. A lo largo de la semana pasada aparecieron cadáveres en basureros, flotando río abajo o a la vera de la carretera en las afueras de Cali, la capital de los bloqueos de vías permanentes. La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia confirmaba el 25 de mayo que “los dos jóvenes cuyos cuerpos aparecieron en la recta Cali - Palmira son integrantes de la primera línea del punto de La Nave de Cali. De represión policial a detenciones, desapariciones forzadas y ejecuciones clandestinas”. Por otro lado, a través de redes sociales y con fotografías donde aparecen decenas de jóvenes detenidos, esposados y sentados en el suelo entre estantes de comida, la cadena de supermercados Éxito fue acusada de tener centros ilegales de tortura en alianza con la policía.

Sin garantías para negociar

El Comité Nacional del Paro ya ha hecho varios intentos frustrados de negociación con el Estado. Por ahora bien parado en la raya, el comité está en estos momentos negociando las garantías necesarias para negociar. Como afirmaron representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) después de ser víctimas de un ataque de la policía junto a civiles armados en el que 12 comuneros indígenas resultaron heridos de bala, el Paro no está dispuesto a negociar mientras no haya garantías para el derecho a la protesta social. Sin embargo, según Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados CAJAR, el Estado está usando una “estrategia dilatoria”. “Ante más de 2.600 violaciones graves de derechos humanos se le pide levantar la asistencia militar, que se desmonte o se suspenda el ESMAD y que se acepte la supervisión internacional”, explica. Si bien, según el abogado y delegado del Comité Nacional del Paro, ya existe un preacuerdo de garantías y una metodología de negociación, parece improbable que el Gobierno cumpla con condiciones como la desmilitarización de las ciudades o el control sobre las municiones de las armas utilizadas por el ESMAD.

Y no solamente se le ha rechazado la entrada al país latinoamericano a la CIDH. Juan Grabois, abogado argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, quien formaba parte de una delegación internacional de observadores de derechos humanos que llegó este marte 25 de mayo a Bogotá fue “agredido con empujones y un golpe en el rostro por parte de funcionarios de migración” y informado de que su “presencia era una amenaza para la seguridad del Estado”. Sin garantías de seguridad ni para observadores ni para manifestantes, con la autoorganización de sectores sociales y lo poco que el pueblo tiene que perder, el Paro Nacional parece tener fuerza para seguir movilizado otro mes.