La Manada: una visión desde el antipunitivismo

El llamado caso de La Manada es, desde mi punto de vista, uno de los más importantes acontecimientos mediáticos de los últimos 100 años en Navarra e incluso, diría yo, en el estado, en cuanto demuestra como los procesos y sentencias judiciales pueden ser a su vez motores de cambio y controversia social. Creo que es un camino lleno de luces y sombras, y que, para quienes militamos en las ideas antipunitivistas, supone un punto de inflexión interna, pero también nos lleva a una visión crítica de lo ocurrido en el mundo social.

Con todo he de reconocer que me cuesta, como hombre, abordar una cuestión en la que el protagonismo debe de estar necesariamente en las mujeres. Me enfrento a la necesidad de mantenerme en la visión militante y profesional y no caer en cuestiones de masculinidad negativa. Solamente desde esa experiencia de años en la militancia antipunitivista y en el mundo de la justicia restaurativa me atrevo a escribir estas líneas, buscando construir y aportar a una cuestión no cerrada y aún sangrante.

Las mujeres hoy se mantienen subordinadas al varón en muchas de las construcciones políticas y sociales que hemos creado como sociedad. Una de ellas, la justicia penal, refleja especialmente el concepto de institución patriarcal. Es patriarcal porque se basa en el castigo, la fuerza y la violencia, en la imposición y en el miedo. Es patriarcal porque elimina el dialogo, la creatividad y la restitución, porque elimina las potencialidades feministas de la justicia. Pero también porque el sistema penal es la herramienta de control social del estado patriarcal. El castigo genera miedo, miedo que hace que la sociedad se someta a los criterios de quienes crean ese miedo, y de ese modo el patriarcado se mantiene y sustenta.

El caso de La Manada ha producido un clamor dentro de grupos feministas y mediáticos que no han reflexionado, creo yo, desde este punto de vista. Encontrarnos con imágenes de cabezas cortadas, cuerpos ahorcados, carteles con lemas como “muertos no violan”, peticiones de penas perpetuas, avisar en la calle de donde viven las familias de los condenados, hacer concentraciones en la puerta de quien les recoge en prisión, etc. Pedir más castigo, incluso castigo sin control, extender la sanción a familias y amigos, es sin duda promover lo punitivo, es alimentar al enorme sistema penal-patriarcal que ya tenemos.

Que estas peticiones nazcan de movimientos feministas me sorprende. El feminismo, que debe por naturaleza oponerse a un sistema penal como el nuestro, tiene dentro de sus filas a quien lo fomenta pretendiendo acabar con el patriarcado con más patriarcado.

Cuando en la portada del ABC aparece la foto de feministas bajo un titular que pretende crear la opinión de que la justicia en España protege a los agresores, tenemos que pararnos a pensar si estamos haciendo las cosas correctamente. El ABC tradicionalmente es una fuente de creación de opinión a favor de un código penal más duro, a favor siempre de más castigo, en la creencia de que ello favorece la defensa de quien tiene el poder y permitirle así controlar a la población critica. Por ello sus portadas a favor del código penal para los menores, de la cadena perpetua, de la aplicación general de la ley antiterrorista en el caso de Alsasua, y ahora, de endurecer las penas de los delitos contra la libertad sexual.

Estoy convencido de que nunca fue esta la intención de las mujeres que salen en esa portada, pero también es indudable que el punitivismo patriarcal las usa en cuanto cree que coinciden con sus fines. Además, dentro de este proceso de búsqueda de un mayor sistema de castigo, nos encontramos en este caso con una segunda vía, la petición de eliminar garantías dentro del proceso penal. Eliminar la presunción de inocencia, eliminar el interrogatorio de la acusación, no aplicar las normas de la prisión preventiva de manera limitada, etc... Esto es también punitivismo puro y duro, y también es patriarcado.

Cuando el sistema penal no puede hacer más duros los castigos, busca como hacer más vulnerable al ciudadano ante el código penal limitando sus derechos, quitándole garantías ( el caso Parot es un ejemplo de ello). Además nos engaña, nos hace creer que la pérdida de las garantías del inculpado es proporcional al aumento de los derechos de las víctimas, y ello es falso. Es perfectamente posible un sistema garantista y, a su vez, la existencia de procesos protectores para las víctimas. Los criterios de la justicia restaurativa se basan en este concepto, la figura de la mediación y los principios de la victimología, defienden la coexistencia de ambos valores jurídicos. Sin embargo parece que tenemos que quitar derechos a los imputados de La Manada para dárselo a su víctima. No tiene por qué ser así.

Es además muy peligroso, ya que la búsqueda de recortar garantías en un caso concreto no existe. Las garantías son comunes a todos los procesos penales. Si quitamos el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, en los casos de agresiones sexuales, debemos estar dispuestos a que desaparezca en todos los procesos penales. Damos un arma de destrucción masiva al poder patriarcal que queremos combatir, abrimos la puerta a que todas algún día podamos ser personas sin derechos.

Todo ello no quiere decir que el sistema penal no necesita una urgente intervención de género, que exista un clamor sobre la necesidad de revisar desde los feminismos todo el conjunto del sistema penal, empezando por la promoción igualitaria de jueces y juezas y acabando por una formación de género a los profesionales para que se aplique a sentencias y procesos. Tal vez sea preciso aclarar el concepto de violación y el de abuso sexual dentro del código penal para adaptarlo al concepto social de violación. Simplemente creo en la necesidad de crear un nuevo modelo de justicia penal basado en lo restaurativo, garantista, protector para con la víctima y, por ello, feminista.

En palabras escritas no hace mucho por una sabia amiga, los militantes del ámbito antipunitivista “tenemos la responsabilidad histórica de criticar de manera frontal y desde la raíz el sistema penal imperante porque hay un peligro intrínseco de recurrir al Derecho penal por parte de quienes quieran cambiar la sociedad”.