Memoria histórica
Dos muertes violentas bajo la dominación roja en el partido judicial de Salamanca
El número de víctimas mortales causadas en la provincia durante la represión franquista supera el millar, en su mayoría ejecutadas extrajudicialmente.
El 19 de julio de 1936 se declaró el estado de guerra en Salamanca, tal como recrea en su última película Mientras dure la guerra el cineasta Alejandro Amenábar, film que se proyectará en el Teatro Liceo de la citada ciudad el día previo a su estreno en todos los cines del país (27 de septiembre), después de haber participado en los festivales internacionales de Toronto y San Sebastián.
En la provincia de Salamanca apenas hubo resistencia a los militares facciosos, salvo en contados y efímeros puntos de la comarca de Béjar. Según el arqueólogo David Hernández Sánchez, de la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, el número de víctimas mortales causadas por la represión franquista en la provincia se cifra en 1124, sin que esa lista se pueda dar por definitiva al día de hoy. De todas ellas, solo 154 fueron fusiladas después de ser condenadas por consejos de guerra (La represión franquista y la memoria histórica en la provincia de Salamanca).
Eso quiere decir que en torno a un millar de personas fueron eliminadas o asesinadas extrajudicialmente, lo que no implica -según David Hernández- que lo hayan sido de una manera descontrolada, dado que "el sistema estaba muy bien definido desde instancias superiores y no era llevado a cabo (salvo en contadas excepciones) por grupos descontrolados con sed de violencia y venganza". El bando de guerra otorgaba todos los poderes a la autoridad militar, entre ellos el judicial, siendo de ese modo la autoridad militar la encargada de juzgar todas las detenciones por causas políticas.
Alberto Santamaría, profesor de Teoría del Arte, ha hecho públicos recientemente unos documentos, localizados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, en los que aparece una relación -perteneciente al partido judicial de Salamanca, con toda su lista de localidades-, en la que se da constancia del "número de personas que durante la dominación roja -según se lee literalmente-, fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas": Dos.
No se especifica el periodo temporal de esa supuesta "dominación roja", que podría abarcar los meses previos a la Guerra Civil, durante el gobierno del Frente Popular, y los periodos variables que discurrieron en cada una de las zonas republicanas durante el conflicto. Eso se desprende del texto relativo a su finalidad: "La Causa General [...] atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador". El decreto por el que se puso en marcha la Causa General se firmó el 26 de abril de 1940.
