La UE debate la protección legal de los filtradores

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo vota hoy la aprobación de un informe para la protección de los filtradores o alertadores.

Sesión del Parlamento Europeo
Sesión sobre el estado de la Unión en el Parlamento Europeo.

publicado
2017-10-02 08:00:00

Rosa Pérez Garijo entró en la Diputación de Valencia con el objetivo de destapar tramas de corrupción como el caso Taula. Se llevó cinco denuncias. Ana Garrido, una de las denunciantes del caso Gürtel, sufrió acoso laboral y una campaña de desprestigio. Son algunos de los casos sufridos por las personas que se han decidido a denunciar la corrupción y que han recibido represalias por ello.

Hoy, 2 de octubre, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votará la aprobación de un informe para la protección de los filtradores o alertadores. El informe servirá para reclamar a la Comisión Europea la elaboración de una directiva.

La propuesta, presentada por la eurodiputada francesa Rozière Virginie, se ha realizado a partir de una mesa redonda en la que han participado organizaciones como Transparencia Internacional, Eurocadres o la Federación Europea de Periodistas.

“El borrador que hemos leído creemos que es muy positivo, muy progresivo en la protección de los alertadores”, señala Alfa Sánchez, miembro de la plataforma XNet, que subraya que están tratando de promover el término ‘alertador’ frente a otros como ‘filtradores’ por la connotación negativa de este último.

Denunciantes con "utilidad pública"

El texto que se votará mañana señala que “la actuación de los denunciantes de irregularidades ha demostrado su utilidad en muchos ámbitos, como la salud pública, la fiscalidad, el medio ambiente, la protección de los consumidores, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos sociales”, pero que que en muchos casos, “los denunciantes son objeto de represalias, intimidaciones o intentos de presión”.

También explica cómo, mientras en algunos países de la Unión Europea se han establecido mecanismos de protección para los filtradores, en otros están totalmente desprotegidos y la Comisión Europea no ha planteado medidas adecuadas para asegurar dicha protección.

Entre las medidas propuestas están el apoyo psicológico, jurídico a los denunciantes, la creación de un organismo independiente, tanto a nivel estatal como europeo, encargado de recoger las denuncias, así como la tipificación como delito de las represalias que los filtradores puedan sufrir en su lugar de trabajo por denunciar irregularidades.

A raíz de una enmienda presentada por el exteniente Luis Gonzalo Segura, el texto recoge expresamente la protección a los militares que alerten sobre posibles delitos. “Lo valoramos en positivo, porque muchas veces son ellos los que están sometidos a una disciplina especial, y por eso son más vulnerables, y muchas veces las informaciones que revelan son de suma importancia y hay vidas en riesgo”, afirma Sánchez poniendo como ejemplo el caso de Chelsea Manning, quien fue condenada a 35 años de prisión en agosto de 2013 por filtrar información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán.

Canales internos y externos

Desde XNet valoran que el borrador que se votará contempla tanto a denunciantes en el sector público como en el privado. También que se contemplen canales internos y externos de denuncia.

“Es muy importante que la propuesta señale que los denunciantes se pueden dirigir, recibiendo protección, a canales externos como pueden ser ONG o prensa, ya que si solo se contemplan los canales internos de denuncia dentro de las propias empresas o instituciones afectadas, es posible que estas mismas hagan de tapón y tomen represalias”, explica Sánchez.

Precisamente este punto es uno de los que protagoniza una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) al borrador, con la que se pretende que la posible directiva contemple que cualquier denuncia, para recibir protección, tenga que pasar antes por los canales internos.

Otra enmienda, también presentada por el EPP, propone la inclusión del concepto “de buena fe”, por el que quedarían fuera de protección las denuncias que, según aleguen las empresas o instituciones afectadas, se han hecho, no por interés general, si no por perjudicarles.

Desde XNet también subrayan como positivo que el borrador permita las denuncias anónimas. “Aun así pensamos que se tiene que hacer más hincapié, promoviendo mecanismos y canales para ello, ya que es la mayor protección que puede tener un alertador”.

Desde esta plataforma señalan como punto negativo que el texto inicial otorga a los sindicatos la función de acompañar a los denunciantes en sus gestiones. “No estamos muy a favor porque, en el caso de España, muchas veces los grandes sindicatos han estado implicados en tramas de corrupción”.

Protección de los alertadores

A pesar de la buena acogida del borrador, desde XNet señalan que hay medidas que echan en falta, como la protección mientras se estudia si la denuncia debe estar sujeta a protección, que se proteja también a los ‘facilitadores’, como puedan ser periodistas, asociaciones y personas en general que ayuden al alertador; y que los alertadores no tengan responsabilidad legal a raíz de las informaciones en cuanto a denunciar por derecho al honor, difamación, secretos comerciales y acuerdos de confidencialidad.

En los últimos meses, la propuesta ha contado con el apoyo de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios -con 36 votos a favor frente a 13 en contra, entre los que se cuenta el de el eurodiputado Gabriel Mato, hermano de la exministra de Sanidad Ana Mato–, de Control Presupuestario, de Empleo y Asuntos Sociales, de Medio Ambiente y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Desde Eurocadres se lanzó una campaña de recogida de firmas para reclamar el desarrollo de esta directiva que, hasta la fecha ha recogido cerca de 80.000 de firmas de apoyo.

Una vez que el texto sea aprobado, la Comisión Europea tendrá que decidir sobre el desarrollo de una directiva que lleve a la realidad la protección de los alertadores. “Habrá que estar al tanto a la propuesta de la Comisión Europea, que no quede en un brindis al sol”, concluye Sánchez.

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