Ley de Seguridad Ciudadana
Cinco años de la Ley Mordaza, más de 500 millones recaudados

La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza por su amenaza al derecho a la reunión y a la libertad de expresión, cumple hoy cinco años desde su aprobación. Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, los diferentes cuerpos policiales han abierto 765.416 expedientes sancionadores, con los que el Estado ha recabado 416,51 millones de euros. A esta cantidad es necesario añadir la de 2019, que el Ministerio del Interior aún no ha hecho pública pero que oscilará alrededor de los 150 millones más, que es la cifra recaudada el año anterior.

En sus cinco años, la Ley Mordaza ha tenido dos picos de expedientes sancionadores: las manifestaciones que tuvieron lugar tras el referéndum del primero de octubre en Catalunya y el actual estado de alarma. Los últimos datos ofrecidos por Interior el pasado sábado indican que se han abierto más de 173.000 expedientes sancionadores en quince días, una cifra que dibuja una difícil línea divisoria entre estado de alarma sanitaria y estado policial a medida que en las redes sociales distintas asociaciones y personas a título individual cuelgan vídeos que recogen abusos policiales y desbaratan el principio de proporcionalidad.

Y es que a lo largo de estos cinco años ha habido múltiples casos sancionados que ponen en entredicho la Ley Orgánica 4/2015: desde cantantes a activistas feministas, desde manifestantes independentistas catalanes a un periodista vasco que grabó a dos ertzainas cuando vulneraban su derecho a ser atendido en euskera, pasando por el bombero que se negó a cargar armas en el puerto de Bilbao.

Devoluciones en caliente

Pero quizá el colectivo más afectado por esta ley, que organizaciones como Amnistía Internacional criticaron contundentemente, es el de las personas migradas, ya que a través de la Ley de Seguridad Ciudadana se permiten las devoluciones en caliente. 

Cinco años después, el proyecto de sentencia que está elaborando el Tribunal Constitucional planteó anular el artículo que permite las devoluciones en caliente, el que sanciona las manifestaciones frente al Congreso de los Diputados y el Senado y el que otorga la posibilidad de incautar las imágenes de las actuaciones de los cuerpos policiales. Sin embargo, quedaba a expensas de la resolución del Tribunal Europeo, que sí avala dichas devoluciones.

En rueda de prensa el pasado 15 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue interpelado por el corresponsal del diario The New York Times, que le recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió derogar dicha ley que ahora se está aplicando profusamente. El ministro sostuvo que “no es el momento” para plantear la supresión e indicó su intención de “promulgar una ley que verdaderamente sea consensuada y garantice la actuación y actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.