Opinión
DOE, Diario Oficial del PP en Extremadura. Memoria Histórica

Hay partidos para los que en tiempos de elecciones vale todo. Si a ello se suma que se dispone del gobierno durante ese tiempo de elecciones, la cosa está clara: se juega con ventaja.

Esto parece suceder con el PP de Extremadura, partido que gobierna esta comunidad mediante la presidencia de María Guardiola y su equipo. Si hace apenas unos días utilizaba la plataforma educativa Rayuela para enviar la felicitación de Navidad a todas las familias extremeñas, adelantándose una semana a la fecha en que tradicionalmente se venía haciendo (las clases acaban el 22 de diciembre, un día después de las elecciones), el pasado lunes 15 de diciembre se publicaba en el DOE (Diario Oficial de Extremadura), el “Decreto 175/2025, de 9 de diciembre, por el que se acuerda de forma singular la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de actuaciones de exhumación, identificación y dignificación de víctimas de la guerra civil en Extremadura, y se regula su concesión”.

Nada llamaría la atención la publicación de este decreto si no fuera porque, como ha hecho saber la ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura) las subvenciones de las que se habla no provienen de la Junta de Extremadura, que derogó la Ley de Memoria Histórica y Democrática, sino de fondos estatales habilitados por el Plan Nacional para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión política posterior, repartidos por el Gobierno de España entre las Comunidades Autónomas el 10 de junio de 2025, tras acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática. Como se dice en el mismo decreto publicado por la Junta de Extremadura, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya dictó una resolución que formaliza los compromisos financieros derivados del acuerdo del 10 de junio. Este acuerdo afecta a las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana.

En este sentido, a Extremadura le correspondieron 186.379,62 €, condicionados a actuaciones específicas, tales como localización y sondeos de fosas (Llerena), exhumación de cuerpos (Valverde de Llerena), análisis antropológicos y genómicos (Miajadas), proyecto y construcción de memorial (Fuentes de León). Es decir, concluye el comunicado de la ARMHEX, son fondos finalistas que se destinan a esas actividades y no pueden ser cambiados para otros temas, por lo que la Junta de Extremadura no tiene más remedio que emplearlos en esas tareas o renunciar a ellos.

Cabe preguntarse, entonces, ¿a qué viene publicar en el DOE, órgano dependiente de la Junta extremeña, algo que ya se ha publicado en otros órganos estatales, dado que los fondos no provienen de Extremadura, sino del Gobierno central?

Como denuncia en su comunicado la ARMHEX, es lamentable que estas actuaciones se anuncien en periodo electoral, a pesar de que derivan de una Resolución de la Secretaría de Estado de Memoria democrática ya publicada, criticando que se puedan utilizar eventualmente para blanquear la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Según miembros de la ARMHEX, “parece que la estrategia busca aparentar un cierto compromiso institucional, mientras al mismo tiempo se deroga el marco normativo autonómico que garantizaba la continuidad de estas políticas públicas integrales de memoria democrática”.

El comunicado de la ARMHEX recuerda que la reciente derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y su sustitución por la llamada Ley de Concordia supone un claro retroceso en las políticas públicas de memoria democrática y en la protección de los derechos humanos de las víctimas.  En la nueva Ley de Concordia, que algunos llaman ya la “Ley Guardiola de la desmemoria”, elaborada entre el PP y Vox sin consulta ni participación de las asociaciones memorialistas, se elimina el reconocimiento y reparación integral de víctimas de la dictadura, desaparece la condena al franquismo, se obstaculizan las exhumaciones y se incumplen las recomendaciones de la ONU, como se constata en el último “Informe de los Relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas”. Y lo que es más grave, continúa el comunicado, se suprime cualquier alusión a las mujeres y las referencias al ámbito educativo, esencial para potenciar los valores democráticos y la educación en derechos humanos como herramienta para fortalecer las garantías de no repetición.

Como en el caso del presunto empleo de la plataforma Rayuela con fines electoralistas, el uso del DOE publicitando en tiempo de elecciones actuaciones que no son propias, da a entender, a juicio de las asociaciones memorialistas, no solo que se esté haciendo un uso inapropiado de los recursos públicos en beneficio particular para obtener el voto, sino también un ejercicio de hipocresía suma y falseamiento torticero que trata de ocultar la política negacionista del Gobierno de Extremadura en materia de memoria histórica y democrática, así como el derecho que tienen las familias extremeñas a encontrar a sus desaparecidos, de los que se estima que hay todavía más de 13.000 en las fosas y cunetas de esta Comunidad Autónoma.