Ley de Vivienda
El Consejo de Europa reclama a España que reforme la Ley Mordaza y apruebe la de Vivienda sin demora

“La vivienda no debe ser percibida como un bien de consumo solo disponible para algunas personas”, señala el Consejo de Europa a España. La institución europea ha recriminado al Gobierno español el bajo número de viviendas de protección social como resultado de años de escasa inversión pública, el alto precio del alquiler y compra de vivienda, los desalojos forzosos y el creciente número de personas sin hogar en nuestro país, problemas que, afirma, deben abordarse “con urgencia”, para lo que urge que el Parlamento apruebe sin más dilación el proyecto de Ley de Vivienda, que, según señala, aborda algunas de estas cuestiones, y que está actualmente bloqueado por las discrepancias entre los partidos a la hora de abordar el tope de los alquileres. 

Es una de las quejas lanzadas desde el Consejo de Europa, pero no la única. La alta institución comunitaria también ha señalado la diferencia entre comunidades autónomas en cuanto al acceso a servicios sociales, en especial en cuanto al acceso a la sanidad pública debido a la prevalencia de clínicas privadas en algunas regiones. Sin aludir directamente al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, el Consejo de Europa apunta “la insuficiente inversión pública” y que en muchos lugares “el personal de salud está agotado y abrumado”.

“Las condiciones de empleo también son motivo de preocupación, ya que el sector de la salud se basa principalmente en contratos a corto plazo”, ha destacado el comisario europeo de Derechos Humanos. También, sin señalar directamente a Madrid, el comisario ha enfatizado en la alta mortalidad de las residencias de mayores de algunas comunidades autónomas, que sigue sin ser investigada. En las residencias públicas de mayores en Madrid. En cuanto a los derechos de las mujeres, la institución aplaude la última reforma de la Ley del Aborto, que facilita el acceso a este derecho en todo el país.

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El pasado 6 de octubre la Fiscalía General del Estado solicitaba información de más calidad sobre las muertes en las residencias durante la pandemia y los procesos jurídicos iniciados. En Madrid se comenzará por escuchar a tres familias.

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Otro punto central de críticas desde Europa es la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, que, según confirma el Consejo de Europa, “continúa teniendo impactos gravemente negativos en el disfrute de la libertad de expresión y reunión”, y señala en particular las consecuencias de la ley sobre activistas y periodistas. 

El Consejo de Europa urge a investigar todas las denuncias de abuso policial y fortalecer el marco general de rendición de cuentas de los agentes de Policía

“La redacción amplia e imprecisa de la ley otorga un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas del orden para interpretarla e imponer sanciones, lo que permite su aplicación desproporcionada y arbitraria”, alertan desde la institución europea. “La mejor manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos es proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas sus libertades de expresión y reunión”, subraya el Comisionado de Derechos Humanos, que destaca como preocupantes las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso inapropiado de armas antidisturbios y la falta de números de identificación claros y visibles, especialmente durante las manifestaciones. El Consejo de Europa urge a investigar todas las denuncias de abuso policial y fortalecer el marco general de rendición de cuentas de los agentes de Policía. Ya en febrero, la comisaria de Derechos Humanos reclamó en una carta enviada al Gobierno que se elimine la discrecionalidad policial, las sanciones por desobediencia y faltas a la autoridad y las impuestas a organizadores de manifestaciones.

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Una investigación de Amnistía Internacional muestra cómo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal de 2015 violan el derecho a la protesta.

En cuanto a los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, el Comisario acoge con satisfacción las medidas adoptadas para la protección y acogida de las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Pero denuncia que no existe un acceso real y efectivo al asilo en la frontera entre Nador, en Marruecos, y Melilla. “En la práctica, parece que no hay otra forma de entrar en Melilla y buscar protección ante las autoridades pertinentes que no sea nadando o saltando la valla, arriesgando la vida. Esta situación debe ser atendida de manera integral para garantizar que las personas en necesidad de protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras”. 

El Consejo de Europa recuerda la tragedia ocurrida el 24 de junio, cuando 23 personas murieron y muchas otras resultaron heridas en la frontera con Melilla, y destaca la importancia de la rendición de cuentas plena y efectiva de los responsables de cualquier violación de derechos humanos que se descubra en las investigaciones abiertas sobre estos hechos. También muestra su preocupación por las las conclusiones preliminares del Defensor del Pueblo español sobre lo ocurrido ese día, que constatan que 470 personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observara ningún procedimiento legal. “Si bien todos los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y cooperar con otros Estados para hacerlo, esto debe hacerse en pleno cumplimiento de todas las normas internacionales de derechos humanos aplicables”, afirma el comisionado.

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Dos diputados de la comisión de Interior desplazada a Melilla acusan al ministro de Interior de mentir y critican que aun no se haya puesto fecha para la visualización de las imágenes que deben aclarar las zonas oscuras de un episodio tras el que 70 personas han desaparecido.