Laboral
Las personas migrantes están infrarreprensentadas en los sectores laborales cualificados

Cualquiera que haya visitado o vivido en países como Francia u Holanda en las últimas décadas habrá advertido la manifiesta infrarrepresentación en nuestro país de personas de minorías étnicas en puestos de trabajo cualificados o socialmente valorados (médicos, ingenieros, expertos diversos, etc.). Si bien España tiene un recorrido relativamente corto en la recepción de migrantes (de África y América latina, principalmente), esta realidad no deja de ser la manifestación de una disfuncionalidad estructural porque no solamente inhabilita a los recién llegados y los nacionales descendientes de migrantes con competencias habilitantes, sino que además pone de manifiesto una política de integración constrictiva. En otras palabras, los esfuerzos consentidos en reducir la brecha socioeconómica con los países del Norte de Europa desde la entrada de España en la entonces Comunidad Europea en 1986 distan de la voluntad política mostrada para la conformación de una sociedad donde la funcionalidad del ascensor social se erige en la principal garantía de cohesión social y de integración de la población migrada. En Cataluña, el modelo de integración que ha tenido un éxito claro con la migración interna venida de otros puntos de España durante el franquismo está mostrando signos de desgaste ante una nueva realidad demográfica.

Abordar la cuestión de la inmigración se ha convertido en una empresa sumamente compleja no solamente a causa de su incidencia en las previsiones demográficas y económicas sino también debido al hecho que es un tema que se ha instalado irremediablemente en el debate político con las consiguientes repercusiones en las dinámicas de convivencia. Categorizada a la vez como “problema” y “amenaza” por unos, y “oportunidad” y “solución” por otros, la cuestión migratoria se ha afianzado en la encrucijada de los intereses de las propias personas migrantes, de sus países de origen, de las sociedades receptoras y, cada vez más, de algunas formaciones políticas.

No es anodino que los programas de contratación en origen de trabajadores extranjeros predominen en periodos de bonanza económica mientras que el retorno constituye el principal recurso para sufragar las tensiones sociales derivadas de las crisis económicas

A causa de su motivación intrínsecamente económica, la mayoría de las migraciones contemporáneas que tienen los países industrializados de Europa y de América del Norte como destinos son sujetas a apreciaciones contradictorias en función de los contextos económicos porque inciden de manera notoria en la percepción social y la idiosincrasia de las políticas públicas de asistencia a la migración. No es anodino que los programas de contratación en origen de trabajadores extranjeros predominen en periodos de bonanza económica mientras que el retorno constituye el principal recurso para externalizar la situación de exclusión social que afecta a las personas migrantes y, por ende, sufragar las tensiones sociales derivadas de las crisis económicas.

Los trabajadores migrantes internacionales que constituyen cerca del 5% de la fuerza laboral mundial (OIM, 2021) juegan un papel crucial en el sostenimiento de las economías occidentales. Ante un panorama de natalidad muy baja (estimado en 1,3%, lejos del ideal 2,1% considerado como tasa de reemplazo generacional) y de población envejecida, diversos estudios supeditan la sostenibilidad de la economía y sistema de Estado del Bienestar español a la llegada de fuerza laboral extranjera. Por lo tanto, la cuestión no radica en considerar la necesidad o no de contar en los próximos años con la mano de obra inmigrante sino en la calidad y condiciones de su aportación en las economías de sus países de acogida.

La teoría de la Nueva Economía de las Migraciones percibe la migración como una estrategia familiar de diversificación de las fuentes de ingresos en previsión de situaciones adversas. Este enfoque teórico aporta luz a las migraciones subsaharianas que son generalmente proyectos comunitarios: es la familia que invierte para enviar uno de sus miembros al extranjero con el objetivo de que este último ayude económicamente la familia en forma de remesas. En consecuencia, en muchos países subsaharianos, la inmigración internacional se ha consolidado en el mantenimiento de las economías familiares y locales con una aportación de 12% y 15% respectivamente en los PIB de Senegal y Gambia, países cuyos nacionales son de los colectivos de subsaharianos más numerosos en España. Asimismo, algunos estudios sostienen que 7 de cada 10 senegaleses dependen directa o indirectamente del impacto económico de la inmigración. En 2017, las remesas doblaban el total de los fondos destinados a la ayuda al desarrollo para el continente africano (African Institute for Remittances).

La constatación es que, en España, las personas migrantes ejercen, en su mayoría, trabajos poco cualificados y con escaso valor añadido.

Con un índice de 51,7% España es, después de Grecia e Italia, el tercer país de la Unión Europea con más extranjeros (no originarios de la UE) ejerciendo trabajos por debajo de sus cualificaciones (Eurostat, 2021). Resulta, por lo tanto, prioritario enmendar esta anormalidad porque en el informe titulado “La contribución de la emigración a la economía española” (2020), el Defensor del Pueblo reconoce que en España “la dependencia de la migración cualificada en el medio y largo plazo no solo se justifica por la complejidad que supone la reorientación del sistema formativo, sino que juega en contra el hándicap demográfico que supone una población envejecida y con escaso o nulo crecimiento vegetativo”.

Sometida a un escrutinio profundo, observamos que la residual presencia de personas racializadas en esferas laborales cualificadas obedece a múltiples factores, tanto sistémicos como inherentes a la idiosincrasia de los mismos proyectos migratorios. De manera fehaciente, la economía española se sustenta en sectores como el turismo, la hostelería o la agricultura; explicando de esta manera el fácil encaje del migrante poco cualificado como es el caso de los africanos a la vez que dificulta la participación del cada vez más importante segmento de trabajadores cualificados. Esta situación plantea retos importantes en el medio y largo plazo tanto en términos de competitividad como de cohesión social.

Los múltiples obstáculos para la convalidación de estudios cursados en los países de origen constituye un problema serio. El Observatorio de las Migraciones en la Universidad estima en menos de 1% el segmento de personas migrantes que tienen acceso a estudios superiores en nuestro país

Además de la configuración del mercado laboral, está la naturaleza de las migraciones africanas que son generalmente proyectos familiares en que el envío de remesas constituye una prioridad; lo cual constituye un factor limitante a la hora de formarse para aspirar a trabajos más cualificados. Los múltiples obstáculos para la homologación y, sobre todo, la convalidación de estudios cursados en los países de origen constituye un problema serio. En su informe de 2019, el Observatorio de las Migraciones en la Universidad estima en menos de 1% el segmento de personas migrantes que tienen acceso a estudios superiores en nuestro país.

Después, los obstáculos para el reconocimiento de títulos extranjeros a través de los procesos de convalidación o de homologación como antesala al ejercicio profesional y a la actualización formativa constituyen también otro hito en la larga carrera de obstáculos hacia el trabajo cualificado. Otro factor no menos importante es el marco normativo que mantiene los recién llegados en una situación de irregularidad administrativa (durante un periodo mínimo de 3 años) o limita el acceso a puestos de trabajo públicos (las personas subsaharianas necesitan 10 años de residencia legal para solicitar la nacionalidad española; una de las condiciones para ser funcionario). Y, por último, interviene una falta de conciencia ciudadana y de voluntad política para la diversidad y un modelo de inclusión más funcional.

La posición profesional de los trabajadores migrantes participaría notablemente de la lucha contra la negativa narrativa sobre la inmigración y ayudaría a afrontar con mayores garantías el preocupante problema del fracaso escolar del alumnado migrante al crear modelos de referencia y visibilizar los casos de éxito.

Consciente de la envergadura del problema y de su impacto en nuestro futuro político y social, el recién Plan de Acción sobre Integración e Inclusión (2021-2027) de la Unión Europea prioriza “fomentar la educación y formación inclusivas desde la primera infancia hasta la educación superior, centrándose en un reconocimiento más rápido de las cualificaciones y el aprendizaje de idiomas”, por un lado, y “mejorar las oportunidades de empleo y el reconocimiento de las cualificaciones para valorar plenamente la contribución de las comunidades de inmigrantes, y de las mujeres en particular, y garantizar que reciben apoyo para alcanzar su pleno potencial”, del otro. Se trataría, en definitiva, de implementar acciones que buscan añadir valor a la contribución de las personas migrantes a la economía de su país de acogida y garantizar la funcionalidad del ascensor social gracias a la cultura del esfuerzo y la incentivación de la formación.