Ley Montoro
La asfixia de la universidad española: signo de un problema estructural

¿Por qué a la hora de la verdad no suben los salarios de la manera que exige el estatuto? La respuesta está en la reforma del artículo 135.

Aula universidad
Aula de una Universidad a la caída de la tarde. Foto de Juan Gallo.

Investigador postdoctoral en el ISC-CNR, Roma.

Investigador predoctoral en la Universidad de Granada.


publicado
2019-07-23 13:54

En los últimos dos años, algo ha comenzado a cambiar en todas las universidades del país: los y las predoctorales exigen y luchan por unas condiciones dignas de trabajo. Esto se ha materializado en la consecución del Estatuto del personal investigador en formación (EPIF), que regula gran parte de sus condiciones laborales.

Todo parecía casi resuelto, con un estatuto acordado que, si bien deja algunas lagunas, establece unas condiciones laborales mínimas para los y las predoctorales, es decir, aquellos y aquellas con condiciones más precarias y que además sustentan la base de la investigación en la I+D+i española. Pero ya advertía Richard Feynman que, una vez resuelto el problema, es el tiempo de preocuparse. En los últimos tres meses, tras la aprobación del EPIF el 16 de marzo, no se les ha pagado la subida salarial que les corresponde. Nuevas protestas, en conjunción entre colectivos y sindicatos, recorren las universidades y el conflicto ha sido recogido en El Diario y El País.

Entonces, ¿por qué a la hora de la verdad no suben los salarios de la manera que exige el estatuto? Podemos señalar a diversos responsables a diferentes niveles. Las universidades son las más claras, ya que como empleadoras deben materializar el aumento del salario. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) también generó una incertidumbre inicial que propició dudas y confusiones. Tampoco debemos olvidar, como argumentan las dos primeras con razón, que el gobierno subió los salarios sin aumentar el presupuesto de las universidades.

En consecuencia, debemos señalar cuál es el punto fundamental, la raíz, que lo acaba determinando todo. Como apunta de forma acertada en El País José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la CRUE, en España tenemos en vigor una estricta Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) que impide que las Administraciones Públicas, y entre ellas, las universidades, puedan incurrir en déficit. Sonados son los casos en los que esta ley ha constreñido y provocado dificultades en diversos ayuntamientos, que han propiciado ceses —pese a una excelente gestión con superávit— como el de Carlos Sánchez Mato.

En todo esto, la I+D+i española no es una excepción. Esta Ley de Estabilidad Presupuestaria viene derivada del artículo 135 de la Constitución, que supone limitaciones importantes a las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar políticas económicas y desarrollar el Estado social. Dicho artículo establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones goza de prioridad absoluta frente a la inversión en políticas sociales, infraestructuras, justicia, sanidad, educación o directamente la I+D+i. Todos son servicios esenciales para el desarrollo económico del país, pero pasan a un segundo plano frente al pago de los intereses de la deuda.

A la primera conclusión que nos empuja esta restricción sobre la capacidad de déficit es que el 135 no se trata de un artículo técnico de “equilibrio presupuestario”, como se defiende desde ciertas posiciones, sino que es un artículo profundamente ideológico que marca prioridades, deja unos claros beneficiarios y unos claros perjudicados, garantizando un trasvase de rentas públicas a rentas privadas. Es decir, este artículo de la Constitución blinda la política económica neoliberal, al margen de la fuerza política que acceda al gobierno.

Este problema estructural que nos deja encorsetados como país para desarrollar cualquier política mínimamente ambiciosa fue consecuencia de la reforma de la Constitución que llevaron a cabo el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español durante agosto de 2011 por mandato de la Unión Europea, reforma que se hizo de forma extraordinariamente rápida y sin ningún tipo de discusión ni debate en el seno de la sociedad.

Expuesto lo anterior, se nos plantea el inconveniente que supone esta barrera presupuestaria a la hora de elaborar soluciones a corto y largo plazo. Porque la ironía del artículo 135 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que, al contrario de lo que su nombre indica, no sirve para “estabilizar los presupuestos”. Al limitar la política económica a desarrollar y la capacidad para hacer inversiones, se acaban comprometiendo los ingresos futuros del propio Estado y, por tanto, la propia estabilidad presupuestaria que se “pretende” garantizar.

Cualquier proyecto de país sensato debe cuidarse de no generar un impedimento a largo plazo en la planificación de la economía, de la que la I+D+i es pieza clave, que hipoteque a las generaciones futuras. Para prevenir esto es necesario trabajar en la reversión de los recortes, la reforma laboral y la continua precarización llevada a cabo en los últimos años. Los sindicatos mayoritarios de clase, y entre ellos CC OO ya han apuntado en esta dirección con sus propuestas para el giro social (donde también señalan la necesidad de derogar el artículo 135 de la Carta Magna). En lo inmediato, unos presupuestos expansivos acompañados de un aumento del techo de gasto conllevarían una mejor redistribución de la riqueza que permitiría dotar de oxígeno a las maltrechas administraciones públicas.

En concreto, algunas de las adversidades más inmediatas de la universidad atañen tanto a unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras (incluyendo a la parte más joven, que parece ahora mismo olvidada), como también a un relevo generacional nulo o prácticamente inexistente. En la universidad española hay una ausencia casi total de investigadores e investigadoras jóvenes de entre 27 y 35 años, que en su mayoría han debido moverse a grupos extranjeros en busca de un salario para ejercer su profesión, y que no tienen garantías de retorno.

La situación de carga docente tampoco es halagüeña: muchos y muchas profesoras tienen que impartir una cantidad de horas lectivas que dificultan conciliar la labor investigadora y la docente, sin hablar de la conciliación familiar, constantemente puesta en entredicho y considerada como un obstáculo para la carrera investigadora. La labor de transferencia de los conocimientos a la sociedad termina siendo por completo inviable. La mayoría de estos problemas están relacionados con la organización del trabajo en la universidad (jornadas laborales, conciliación, salarios de las plantillas, contratación de más personal para repartir mejor la docencia, etc.) y por tanto se debe abordar necesariamente desde un aumento de la inversión en las universidades, que nos permita revertir los grandes recortes sufridos durante la crisis. Las centrales sindicales de clase apuntan en esta dirección al servicio de la mayoría; por su parte, el Congreso, con su configuración actual, puede y debe seguir la misma dirección.

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