Laboral
Yolanda Díaz propone extender la democracia en el trabajo como forma de completar la Transición

Con mucha expectación, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz ha presentado un informe de 500 páginas desarrollado durante un año por expertos sobre la democracia en el ámbito laboral. “Ahora es el turno del Ministerio  para desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución Española”, ha afirmado la ministra ante los medios, antes de desgranar los ejes de análisis y propuestas legislativas. 

Díaz ha propuesto poner en marcha “la primera ley que democratice la participación en las empresas” por parte de las trabajadoras y trabajadores, además de que le informe pide crear un índice que mida la voz y la propiedad por parte de las plantillas de las empresas, algo que estaría sujeto a una puntuación que darán ventaja a la hora de acogerse a subvenciones o en la contratación pública. “Es algo que teníamos pendiente en España, que sí se hablaba en la transición: la reforma empresarial española”, ha indicado la ministra.

“Millones de personas trabajadoras entran en sus lugares de trabajo dejando fuera esa democracia", ha asegurado la ministra, que califica de “anomalía” lo que ocurre en España

Para la líder de Sumar, “durante casi 50 años se han conquistado derechos políticos y laborales pero millones de personas trabajadoras entran en sus lugares de trabajo dejando fuera esa democracia, dejan fuera su posibilidad de decidir sobre algo tan importante en sus vidas”. Algo que, en sus palabras, es una “anomalía” tanto democrática como en el seno de la Unión Europea donde 18 de los 27 estados miembro ya tienen legislación para aumentar la participación en las decisiones empresariales de las personas trabajadoras. De hecho, el informe indica que “España es uno de los seis únicos países en los que la cogestión se limita a las entidades estatales”. 

Para Isabelle Ferreras, socióloga y presidenta del comité que ha elaborado el informe, “la gobernanza en las empresas no ha tenido en cuenta el marco constitucional español por eso está desactualizada y está impulsando las crisis actuales”, como la política o la medioambiental. Para esta experta, el desarrollo del artículo 129.2 podría hacer que España enfrente los nueve desafíos que se han diagnosticado en el informe, como el problema de la resiliencia territorial, el de la desigualdad o el de la desertificación, cambiando el modelo extractivo por uno regenerativo gracias a la cogobernanza en el trabajo. 

“Los más ricos tienen el 65% de las acciones y de los activos del país, lo que significa que el acceso de la población es una quimera”, ha resaltado Ferreras y ha asegurado que “con un tercio de los empresarios a punto de jubilarse, abrir la propiedad a los trabajadores no solo es algo constitucional, si no una respuesta a la situación del tejido económico”. 

Comités de dirección, de empresa y la IA

Por eso, los tres ejes que proponen en el informe es reforzar la participación a través de los comités de empresa, que aumente en los comités de dirección y que se tenga gobernanza en las decisiones que se tomen en torno a la Inteligencia Artificial. Para explicarlo ha puesto el ejemplo de tecnologías de automatización que se aplican en empresas y donde la plantilla muchas veces se entera por la empresa cuando la decisión ya está tomada. “Hacer esto es un error, porque nadie mejor que las personas trabajadoras conoce qué hace falta para mejorar”, ha insistido la ministra, explicando que la legislación debe incidir sobre la participación de los trabajadores en consultas tempranas, incluyendo mecanismos que resuelvan qué hacer si no hay acuerdo y cómo aplicarlo en la práctica. 

“Ya hay empresas públicas y algunas privadas en España que ya dan voz a los trabajadores en los comités de dirección y no se ha roto nada”, ha recalcado Díaz, en referencia a las impresiones que puedan tener de estas propuestas los sectores más reaccionarios y ha recordado que se impuso una representación legítima y no solo representativa de las mujeres en los puestos de dirección. “De esta manera, la empresa pasa a ser un proyecto compartido, no solo un lugar donde vendemos la fuerza de trabajo”, ha prometido la ministra. 

Díaz ha recordado que la IA “decide” todo en la vida laboral por lo que las personas trabajadoras deben tener acceso a conocer y ha decidir cómo se programa ese algoritmo

El tercer eje, en referencia a la IA, desde Trabajo han desacatado su importancia ya que dan por demostrado que no es un mecanismo “neutro”. “Decide si entramos en la empresa, cómo lo hacemos, si nos discriminan, si nos expulsan, evalúan el desempeño, reparte tareas, todo es digital”, ha resumido Yolanda Díaz que ha recordado que este avance tecnológico esta ya patente en la llamada Ley Rider y en negociaciones colectivas como la del Estatuto del Artista, donde un algoritmo que puede proponer ascensos o turnos de trabajo, las personas trabajadoras deben tener acceso a conocer y ha decidir cómo se programa ese algoritmo. 

Más concreta es la propuesta de hacer un “índice de desarrollo democrático” con dos escalas para medir el acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad de los entornos laborales. Según ha adelantado Ferreras, este índice con dos escalas se usará para fijar incentivos a las empresas, lo que repercutirá en subsidios públicos, tipos impositivos corporativos, beneficios fiscales, acceso privilegiado a la contratación pública, etc.

La comisión propone el acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones y la creación de un fondo ciudadano que evite la disolución de empresas viables

“Tendrán en cuenta, en el aspecto voz, desde empresas donde haya una ausencia total de representación, pasando por las que den un tercio de representación hasta las que cuenten con la máxima representación de los trabajadores”. Lo mismo ocurrirá en el otro eje, el de la propiedad, donde los trabajadores serán duelos de los medios de producción, pasando por un porcentaje o nulo acceso. Por ello también se propone la creación del Observatorio sobre Acceso a la Participación y la Propiedad. “Así liberar el capital para impulsar nuevas formas de innovación será una realidad”, ha indicado la experta. 

La comisión también plantea ratios para que las personas trabajadoras se sienten en los consejos de administración, hasta la mitad de los puestos en el caso de empresas de más de mil trabajadores y trabajadoras y un tercio de los sillones en el caso de las empresas de entre 50 y mil empleados y empleadas. Además, propone el acceso a la propiedad entre un 2% y un 10% en el caso de las grandes corporaciones y la creación de un fondo ciudadano que evite la disolución de empresas viables en crisis de sucesión.

“La economía social no es marginal, es productiva, resiliente, innovadora y solidaria”, ha indicado la ministra de Trabajo, que ha destacado a Euskadi como ejemplo

Tanto Díaz como Ferreras han puesto de ejemplo empresas y cooperativas sobre todo de Euskadi. “Es posible imaginar en 10 o 15 años que la economía social progrese de manera duradera cumpliendo con las promesas constitucionales”, ha explicado la socióloga, en  referencia al documental que han realizado de forma paralela donde analizan cómo el grupo Mondragon han avanzado en los distintos aspectos de la cogobernanza. “La economía social no es marginal, es productiva, resiliente, innovadora y solidaria”, ha indicado la ministra de Trabajo, que ha recordado que Euskadi es el único lugar en Europa con un hub de economía social. “Es un ámbito avanzado a nuestro tiempo”, ha recalcado. 

Concluyendo la presentación, Díaz ha puesto el acento en que “la empresa es uno de los espacios donde más poder se concentra y se ejerce” y ha recordado las reuniones para aprobar la reducción de jornada laboral, donde muchos empresarios no tenían en cuenta cómo reorganizar el trabajo para trabajar menos horas. “Los trabajadores y trabajadoras saben mejor que nadie cómo organizar una empresa” ha indicado y ha pedido que también se les incluya en decisiones como “qué se debe producir, cómo se reparte el valor generado o  qué tecnologías incorporar”.

“Hoy nadie es capaz de criticar el voto político, pero vemos con naturalidad que nos pasemos un mínimo ocho horas en nuestro puesto de trabajo pero no podamos decir absolutamente nada y que la democracia quede en suspenso”, ha concluido la ministra de Trabajo que este miércoles presentará el informe en la Universidad de Harvard.