Laboral
Piden 30.000 euros a un trabajador por denunciar con memes la contratación de directivos en la televisión asturiana

Un trabajador de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) perteneciente a la sección de la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) se enfrenta a un juicio por denunciar la contratación de tres directivos en medio de un plan de recorte de gasto en el ente, según este sindicato.

En el escrito al juzgado, la acusación argumenta que el querellado “ha venido acosando sistemáticamente desde 2016 tanto en su trabajo como en su vida personal” a Ana Francisco, trabajadora también de la cadena. Los hechos se remontan a 2016. Entonces, trabajadores afiliados a CSI denunciaron públicamente, con varias publicaciones y dos memes, que el ente público se disponía a contratar a tres directivos. 

Para denunciar lo que consideraban “enchufismo” y “un nuevo atropello contra la RTPA y el servicio público”, CSI publicó varios artículos y acompañó uno de ellos con dos memes. En estas imágenes aparecen Antonio Virgili, entonces director general, y Ana Francisco, presentadora de El Picu, junto a Bárbara Alonso, Lucía Herrera y Jaime Poncela, los nuevos directivos seleccionados.

Sin embargo, la denuncia no llegó hasta más adelante. CSI indica que fue a partir de febrero de 2017, cuando los trabajadores difundieron uno de estos memes en formato de pegatina, cuando el asunto “creó revuelo” e “indignación en la dirección”, aunque entonces no se materializó en ninguna respuesta judicial.

La querella fue interpuesta en marzo de 2018 por una trabajadora del ente público, la presentadora Ana Francisco, contra un trabajador que es miembro de la sección sindical y que fue también miembro del consejo de administración por Podemos.

La querellante argumenta en su denuncia que los carteles eran “denigratorios” y que hacían referencia a su situación personal. También asegura que el querellado se valió de su posición en la empresa para hacerlo.

Por ello, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra los trabajadores, además de uno contra la integridad moral. Además, continúa, serían constitutivos de un delito de calumnias e injurias. Por ello, pide una indemnización de 30.000 euros.

Fuentes de ese sindicato aseguran que esta denuncia atenta contra su libertad de expresión y que pretende convertir en individual un problema colectivo, al señalar únicamente a un trabajador, pese que este no fue el único que difundió estos memes, y tampoco es su autor.

CSI denuncia además que la acusación ha incluido como prueba unas grabaciones de la cámaras de seguridad del centro de trabajo de la televisión pública, imágenes que habrán sido conservadas pese a que la ley de protección de datos obliga a deshacerse de ellas a los 30 días.

PROCESO “viciado”

CSI mantiene que el proceso de selección de los directivos venía viciado tras el acuerdo político entre PSOE, PP e IU para mantener a Antonio Virgili como director y poder colocar luego a una persona de su confianza en la dirección. De ahí que  estas contrataciones fueran “innecesarias” y que se hicieran mediante un proceso “viciado”. Además, se hacía en un contexto de “recorte de gasto, imposibilidad legislativa y negativa de aumentar empleo público”.

Sobre la necesidad de estas contrataciones, alegan que en ese momento el organismo público contaba con 140 personas en plantilla, de las que 38 eran jefaturas y seis personas en dirección. Las nuevas contrataciones dejarían a la RTPA con las mismas jefaturas, la misma plantilla, pero nueve puestos directivos.

Sobre el proceso selectivo, aseguran que estuvo “plagado de irregularidades y con el entonces director, Antonio Virgili, como único miembro del tribunal selectivo”. Tras el proceso, que CSI considera hecho a medida para seleccionar personal “a dedo”. 

Desde CSI explican a El Salto que esperan que el trabajador sea absuelto. “Nuestro objetivo es defender los servicios públicos desde un punto de vista sindical defendiendo los derechos laborales y el uso del dinero público para los objetivos para los que está encomendado, y entendemos que tenemos derechos y libertad de expresión para defender lo que consideramos que son nuestros derechos”.