Laboral
Las empleadas de hogar se plantan y piden la derogación de la enmienda que las discrimina

No están dispuestas a esperar un año, mucho menos cinco. Las empleadas de hogar se han plantado ante la enmienda 6777 a los presupuestos generales del Estado, que se aprueban hoy en el Congreso y piden que se derogue inmediatamente. La enmienda, que introdujo el PP a sus propios presupuestos, se aprueba hoy con el paquete de los PGE 2018 y supone un retraso de cinco años —hasta 2024— de la equiparación de las cotizaciones de las trabajadoras de hogar, 637.000 en España, de las cuales un 96% son mujeres.

Pero ellas no están dispuestas a permitir el retraso, injustificado, según denuncian, de una equiparación que se aprobó en 2011. Por ese motivo, el 27 de junio, en la víspera de la aprobación de los presupuestos, un centenar de personas, entre trabajadoras de hogar, militantes del movimiento feminista y diputadas del Congreso, se concentraron en la plaza de las Cortes. También se produjeron concentraciones en Bilbao, Valencia y Pamplona, y el próximo domingo lo harán en Granada y Sevilla.

Piden el total compromiso por parte del PSOE de que en los presupuestos de 2019 se eliminen los efectos de la enmienda 6777. Simultáneamente, el grupo confederal Unidos Podemos introdujo una Proposición no de Ley en el registro del Congreso que insta al Gobierno a una suspensión de la enmienda por vía de un Decreto Ley. 

Entre cánticos de “Esta enmienda la vamos a tumbar” y “Porque sin nosotras no se mueve el mundo” y con canciones tuneadas para la ocasión, las empleadas de hogar, movilizadas por el Grupo Turín y el Observatorio Jeannette Beltrán, recordaron que postergar el acuerdo de 2011 para la equiparación supone mantener las paupérrimas cotizaciones a la seguridad social que sufren las empleadas del hogar, que les impide ejercer su derecho a la cobertura de desempleo y retrasa y empeora sus condiciones de jubilación.

España no ha firmado la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni la recomendación 201 sobre trabajo doméstico, lo que ahonda, según las firmantes del comunicado leído ayer, en las condiciones de invisibilización y discriminación del trabajo doméstico.

Las condiciones de las trabajadoras migradas a España son, si cabe, más difíciles en este sector. Si, tras su vida de cotización, quieren regresar a su país de origen, se les retiran los complementos que cubre la seguridad social hasta la pensión mínima. Además, pasan de media tres años en hogares —la mayoría de veces en régimen interno— antes de recibir una oferta de trabajo que les permita conseguir papeles.

De las más de 600.000 empleadas de hogar, un 33% no están dadas de alta en el sistema y, según denuncia Unidos Podemos en su PNL, “la mayoría de estas trabajadoras carecen de salarios o tiempos de descanso reglados y de prestaciones de baja por maternidad”. Por ese motivo, las mujeres concentradas ayer frente al Congreso reclamaron asimismo la derogación de la Ley de Extranjería, “que condena a la clandestinidad y a la exclusión a las personas, muchas de ellas trabajadoras de hogar”.

Derogar la enmienda 6777 y dignificar las condiciones de trabajo del sector es “una exigencia principal para el movimiento feminista y la sociedad en su conjunto”, declaró ayer una militante de la Comisión 8 de Marzo. “Ya es hora. de vivir en una sociedad con justicia e igualdad, con cuidados dignos y trabajo digno para todas y todos”, reclamó ayer un centenar de personas. Ahora la decisión de terminar con una situación anómala según los estándares de la OIT corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez. Las empleadas de hogar lo dejaron claro en el Congreso: no van a esperar cinco años para ver reconocidos sus derechos. De hecho, tampoco están dispuestas a esperar ni un minuto más.