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Los interinos van a la huelga general contra el “Icetazo”

Los más de 800.000 interinos de las Administraciones públicas en España siguen en pie de guerra. Una huelga general convocada el próximo jueves 28 de octubre contra el “Icetazo”, tal y como denominan a la Ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público debido a que fue propuesta por el antiguo ministro de Política Territorial y Función Pública de España, volverá a reclamar que se incluya la normativa europea 70/1999. Dicha directriz recoge la obligación de contratar de forma indefinida a cualquier persona que haya prestado sus servicios durante tres años para el mismo empleador, algo que sí se cumple en el sector privado.

Las centrales sindicales también remarcan el alto coste para el Estado que acarrearía tener que indemnizar a los cientos de miles de afectados ante un posible despido, además de la pérdida de trabajadores altamente cualificados para las funciones que desempeñan desde hace años. Asimismo, una lectura minuciosa del proyecto de ley deja entrever cómo, de aprobarse tal y como está redactado, supondría la entrada de empresas privadas en servicios que siempre fueron gestionados desde lo público. Por contra, CC OO, UGT y CSIF, los tres grandes sindicatos presentes en la mesa de negociación, han firmado el acuerdo ante el asombra del resto de sindicatos minoritarios.

“Hay sectores concretos en los que la temporalidad es superior al 90%, como el servicio de urgencias en la Comunidad de Madrid”

Maite Agredano es la responsable del Sector Público en Comisiones de base (Co.bas) para la Comunidad de Madrid: “Hay casi un millón de trabajadores en la Administración que se encuentran en abuso de temporalidad. Más de 20 años exigiendo al Estado que se transponga la normativa europea, incluso con sentencias a nuestro favor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y nada”. La sindicalista apunta que la realidad para estas miles de personas empieza a ser insostenible. Al principio, la tasa de temporalidad era bastante baja, “pero ahora, en las Administraciones autonómicas y locales, sobre todo, hay sectores concretos en los que la temporalidad es superior al 90%, como el servicio de urgencias en la Comunidad de Madrid”.

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El perfil: mujeres que superan los 55 años

En estos ámbitos laborales, algunas personas llegan a concatenar más de 500 contratos durante los 15 años que llevan de interinidad, en los casos más extremos. Por el contrario, Agredano incide en que estos profesionales “desempeñan funciones estructurales, al igual que el personal fijo”. Pero ellos aún no tienen su plaza, por lo que la solución planteada en el proyecto de Ley es sacarlas en una oferta de empleo público, una medida que no gusta a los sindicatos: “La media de edad de este personal es superior a los 55 años y el 70% somos mujeres, así que sacar nuestras plazas a un proceso selectivo sin hacerlo de forma diferenciada a los procesos ordinarios donde la gente joven quiere acceder es un error”, remarca la militante de Co.bas.

A tenor de lo expresado en el “Icetazo”, tan solo el personal que tuviera en su haber una dedicación de diez años podría convertirse en trabajador fijo

Además, echar a la calle a casi de un millón de trabajadores ya formados tendría un gran coste para el Estado, y en última instancia la sociedad, de cara a las indemnizaciones que cada uno de los afectados recibiría, a lo que se suma la pérdida de un profesional cualificado y ya formado. La responsable de Co.bas, en este sentido, afirma que el personal interino no está en condiciones de prepararse un proceso selectivo empezando de nuevas, por la edad, compatibilizar el estudio con la jornada laboral y las cargas familiares. Y apostilla: “Nosotras ya hemos demostrado nuestra valía durante muchos años porque de no haber sido así nos habrían echado a la calle”.

A tenor de lo expresado en el “Icetazo”, tan solo el personal que tuviera en su haber una dedicación de diez años podría convertirse en trabajador fijo, al contrario de lo que recoge la normativa europea, que reduce dicho periodo a los tres años. “Es un acuerdo firmado por las grandes centrales sindicales que no representan al personal interino de la Administración”, comenta Jorge del Olmo, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STAP) de Solidaridad Obrera. Se refiere a las tres organizaciones laborales en la mesa, CC. OO., UGT y CSIF. “Esto es una medida de cara a la galería que la venden como estabilidad, pero vislumbramos una pérdida enorme de puestos de trabajo de personas con cierta edad”, continúa este anarcosindicalista.

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Copan los puestos en todas las administraciones públicas desde hace años mientras se enfrentan al despido libre y gratuito. Una disposición de la Unión Europea les avala, pero el Ejecutivo se niega a trasponerla a España. Su principal reivindicación: asegurar la fijeza en los puestos para los que tienen decenas de años de experiencia.

El gran coste de la no fijeza

Desde su punto de vista, el Estado español intenta retrasar la transposición de la normativa europea, algo que tendrá que hacer antes o después. Así retoma el aspecto de las indemnizaciones: “Ya sean 20, 33 o 40 días por año trabajado, dependiendo en lo que acabe el principio de acuerdo, supondrán un desembolso importante para el Estado. No entendemos por qué no atienden a nuestra reclamación, que no va más allá de cumplir con lo establecido a nivel europeo y que sí ocurre en el sector privado, y a las personas en puestos de trabajo en fraude de ley por su alta temporalidad las convierten en fijas, porque tan solo sería un trámite administrativo”, se explaya Del Olmo.

Esta huelga general convocada por Co.bas, Solidaridad Obrera y Confederación Intersindical no solo está orientada a salvaguardar los puestos de trabajo de las miles de personas que engrosan los servicios esenciales, pues esos son los sectores en los que más se da la interinidad. También se movilizan por la defensa de los servicios públicos, ya que si el texto se aprueba tal y como está confeccionado “abrirá las puertas a grandes privatizaciones”, en palabras del delegado de STAP.

Del Olmo se refiere a que las plazas que sigan estando cubiertas por interinos y que no salgan a concurso después de dos años de la aprobación de la Ley, desaparecerán, así que multitud de funciones se dejarán de cubrir de forma directa por parte del sector público: “Esto supone un despido barato y una privatización encubierta. Un ERE de tapadillo en la Administración pública en el que las grandes empresas se erigirán como las grandes salvadoras para rapiñar todo lo que puedan”, en sus propios términos.

Debate político

A su vez, para Mari Luz González resulta alarmante que la directiva europea sí se cumpla en el sector privado, pero no en el público. Ella es la responsable de Acción Sindical en la Confederación Intersindical: “Exigimos que si alguien concatena más de tres años con contratos temporales en un puesto de trabajo, debe hacérsela fija, que es el estatus laboral más estable que existe”. Ella misma manifiesta que la movilización social que vienen desarrollando desde hace años empieza a dar sus frutos, pues después de otra huelga planteada el pasado 18 de junio, la medida ministerial que de entrada iba a ser un real decreto sin debate en el Congreso, finalmente sí pasará por la Cámara baja.

Asimismo, González afirma que los sindicatos ya están hablando con algunos grupos parlamentarios para exponerles sus medidas: “Esto afecta a muchos sectores de muchos ámbitos y para cada uno la respuesta no será la misma. De todas formas, parece haber cierto consenso en solucionar la situación mediante un concurso de méritos restringido a aquellos interinos que cumplan los requisitos y así conseguir la fijeza de los mismos”, desarrolla esta militante de la Confederación Intersindical.

Contra los actuales procesos de estabilización

Agredano, la sindicalista de Co.bas, añade las dos cuestiones que se ponen en entredicho por parte de la Administración pública y los sindicatos mayoritarios. La primera de ellas está relacionada con la obligatoriedad de que para entrar en el sector público debes superar un proceso selectivo, a lo que Agredano responde: “Eso es falaz porque todos los que ya estamos dentro hemos superado un procedimiento de selección totalmente legal, bien por una oposición o por una bolsa de trabajo regulada y publicada en el boletín oficial correspondiente”.

“El problema de todo esto, que lo tapan la Administración y los sindicatos mayoritarios, es que sienta las bases para el desmantelamiento total de los servicios públicos”, critica Agredano

El segundo aspecto al que alude la sindicalista se encuentra ligado a los procesos de estabilización que están llevan acabo algunas comunidades autónomas. “En la inmensa mayoría tan solo se está cubriendo el 2% de las plazas fijas ofertadas, así que el resto que quedan vacantes, si los interinos no pueden ocuparlas, pasado un tiempo se extinguirán y nunca saldrán a oferta”, desarrolla en referencia a lo ya expresado por su compañero de Solidaridad Obrera.

El negocio de los sindicatos mayoritarios

“El problema de todo esto, que lo tapan la Administración y los sindicatos mayoritarios, es que sienta las bases para el desmantelamiento total de los servicios públicos”, critica Agredano. Cabe remarcar que el casi millón de trabajadores en régimen de interinidad suponen un tercio del total de la plantilla de las Administraciones públicas, así que “si el 80% va a desaparecer en los próximos años, sus puestos serán cubiertos por empresas privadas”, en palabras de la propia Agredano.

Ella misma explica por qué los sindicatos mayoritarios no se ponen del lado del casi millar de trabajadores afectado: “Aparte de que tienen su negocio en los fondos de pensiones, también tienen otro con las academias para preparar oposiciones y las editoriales. Los ingresos por afiliación les importan poco, porque son los menos, pero sí defienden el negocio que les proporciona la formación de opositores, algo que llevan copando muchos años junto con funcionarios que trabajan fuera de su horario laboral como preparadores y muchas veces cobrando en negro”.

Del Olmo llama a la movilización en el día de mañana, a la que también se sumarán sindicatos y secciones de otras organizaciones como CGT, CNT, CNT-AIT, CUT y STEM: “Esta huelga general está orientada a la defensa de miles de puestos de trabajo y la lucha por unos servicios públicos de calidad. Tenemos que salir a la calle para hacernos escuchar, que aunque trabajemos en la Administración pública nosotros somos y siempre seremos clase obrera”, concluye el sindicalista de Solidaridad Obrera.