La UE apunta, el gobierno dispara

El Gobierno de Rajoy ha trascendido las exigencias comunitarias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para desmantelar el modelo de la estiba.

estiba
Asamblea de estibadores en el puerto de Barcelona. Víctor Serri

publicado
2017-07-01 11:44:00

Dos años después de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponía una reforma del modelo de estiba en los puertos, el Gobierno despertó de su letargo. Con una multa acumulada superior a los 20 millones de euros, el ministro de Fomento apeló a la “responsabilidad” sindical para evitar perjuicios en el erario público y cumplir con Bruselas. Pero la ofensiva legislativa ha ido más allá de lo exigido. Según Vidal Aragonés, asesor del Consejo Internacional de Estibadores, “la sentencia ha sido la excusa para hacer una contrarreforma legislativa”.

Una de las bases del modelo español de la estiba y desestiba ha sido la centralidad de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (SAGEP), que tienen en su plantilla a los estibadores y los ceden a las empresas que los necesitan. Para acceder a los servicios de estos trabajadores, las empresas deben entrar en el accionariado de las SAGEP. Y este es el principal punto de la sentencia del TJUE. “Para cumplir la sentencia, bastaba con redactar un decreto donde se indicase que las empresas estibadoras no pueden ser obligadas a formar parte de las SAGEP. Y que las empresas pudiesen desvincularse si lo creían conveniente”, afirma Aragonés. Jaime Rodrigo de Larrucea, abogado y profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), también cree que la sentencia se basa en ese aspecto, pero recuerda que “esta exigencia del TJUE tiene unas implicaciones que, en el fondo, acaban cambiando el modelo”.

“Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”, señala Paloma López

Quizá por ello, Paloma López, europarlamentaria por la lista Izquierda Plural, defiende la creación de estructuras alternativas a las SAGEP que preserven al máximo el modelo previo: “Nada impide que se mantengan registros de trabajadores de la estiba bajo otra forma”. Como afirma Tania González, europarlamentaria de Podemos, “la libertad de establecimiento empresarial no implica una desregulación total, como pretende el Gobierno, siguiendo su política de buscar la competitividad —y beneficios para sus amigos— en la degradación de las condiciones laborales”. “Imagínate si hay poca limitación al establecimiento empresarial que la principal empresa en el puerto de Barcelona es de capital chino. En Tarragona es una sociedad de Dubái, y en el puerto de Valencia, una compañía danesa”, añade Aragonés.

INSTRUMENTALIZACIÓN

“Los decretos del Gobierno se extralimitan. La sentencia no es el problema, sino la oleada neoliberal”, afirma Aragonés. El coco europeo, siempre ávido de liberalizaciones, se convierte así en una excusa para legislar y propiciar recortes de salarios llamados, de manera eufemística, devaluación competitiva. Aragonés habla de un proceso judicial convertido casi en una escenificación de divergencia: “El Estado hizo una defensa de mínimos para que una sentencia condenatoria justificase el cambio de sistema”.

Para la europarlamentaria de Izquierda Plural, “el Gobierno debería haber defendido el modelo ante el TJUE, pero optó por dinamitar el actual sistema e ignoró el preacuerdo entre Anesco —la patronal de los estibadores— y los sindicatos para imponer una reforma mucho más agresiva para los trabajadores”. Rodrigo de Larrucea también cree posible que el Estado descuidase su defensa: “Ha funcionado un lobby, donde figura la empresa Noatum, vinculada con José María Michavila, exministro de Justicia con José María Aznar, y otros personajes del PP. Puede ser que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se haya producido una defensa de unos ciertos intereses”.

Según Aragonés, la naturaleza de la patronal Anesco dificulta hacer análisis sencillos —“incluye a empresas con intereses contrapuestos”, afirma, y de hecho la organización se está rompiendo por las diferentes maneras con las que se pretende superar el actual conflicto—, pero la solución estaba clara: “El Gobierno debería haber buscado una mayor complicidad, el modelo de la estiba solo podía cambiarse desde la estiba. Se trataba además de un modelo perfectamente defendible desde la eficiencia, y aquí añado un recado a los trabajadores”. Para Rodrigo de Larrucea, podía haber mejoras pendientes, pero discrepa en uno de los puntos del relato mediático oficial: “¿Los costes de manipulación de la carga en España eran desmadrados, desmedidos, en comparación con el resto de Europa? No”.

Defensas que no se hicieron

Más allá del gusto de la UE por la liberalización y la regulación de mínimos, los expertos coinciden en que había margen de maniobra si la voluntad política del Gobierno hubiese sido preservar el modelo. Rodrigo de Larrucea destaca que “todos los Estados pueden definir lo que es un sector público. El decreto de 1986, que da lugar al modelo actual de la estiba, la definía como un servicio esencial de titularidad estatal. Eso se ha eliminado”. Para González, nada evitaba que se protegiese esa categorización: “La forma en que las empresas acceden a la prestación de servicios no debe implicar el desistimiento de las autoridades. Se deben garantizar unos servicios seguros y de calidad, así como un nivel adecuado de protección social”.

Académico y europarlamentaria coinciden en recordar el modelo belga como un ejemplo que se podría haber seguido. Según explica la representante de Podemos, “Bélgica recibió un dictamen previo a la apertura de un procedimiento de infracción y puso en marcha un proceso negociador con la patronal y los trabajadores. Se detuvo el proceso sancionador con un acuerdo. En España, sin embargo, la dejadez del Gobierno nos ha costado una multa millonaria y se ha llevado la situación al límite para imponer una modificación legislativa unilateral”. En opinión de Rodrigo de Larrucea, “el modelo belga evidencia que se podía evitar una liberalización total del sector, haciendo hincapié en la cualificación profesional de los estibadores”.

Aragonés advierte que los decretos impulsados por el Gobierno han querido dejar a los trabajadores como la parte débil en la negociación “y las empresas ven su oportunidad”. Rodrigo de Larrucea, de nuevo, habla de intereses diversos: “Muchas grandes compañías quieren que se arregle el tema, pero creo que en Noatum sí hay un planteamiento de pelotazo, de alterar el reparto económico de la estiba tras haber prorrogado sus concesiones en los puertos”. El mecanismo de maximalización de beneficios empresariales pasaría por las rebajas salariales. “Creo que habrá recortes y los estibadores también conseguirán una buena parte de lo que pretenden. Están siendo muy inteligentes, no quieren paralizar al país pero sí presionar a las empresas, y creo que se llevarán el gato al agua en gran medida”, pronostica el profesor de la UPC. Rodrigo de Larrucea añade: “Quizá se plantee un escenario kafkiano a la española, en el cual el Gobierno pueda decir que ha cumplido, pero la realidad fáctica sea muy parecida a la previa”. En este último aspecto, un actor podría ganar importancia en el conflicto: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que fiscalizaría los pactos con los estibadores a los que están llegando algunas empresas. Estos acuerdos cumplirían formalmente con la sentencia europea, pero protegerían parcialmente a los trabajadores de la desregulación agresiva planteada por el Gobierno en sus decretos.

Para Aragonés, el responsable máximo del conflicto es el Gobierno actual, pero añade una consideración: “No podemos perder de vista que la Unión Europea no se creó como un espacio de derecho y libertad, sino como un espacio en que el oeste del continente unificaba mercados. Y este proceso del TJUE ilustra el carácter antidemocrático de la Unión: a día de hoy no sabemos quién ha denunciado el modelo español de la estiba, hay absoluta opacidad en el procedimiento. Los afectados, tanto los trabajadores como las empresas, no hemos podido participar en él”.

¿Pudo hacerse más para prevenir el conflicto de la estiba? Según Aragonés, puede haber fisuras jurídicas pero hay poco margen con los instrumentos que da la Unión Europea: “Lo fundamental no será lo que se consiga a través de juristas, sino a través de movilizaciones. Una sentencia europea y una normativa contraria no deben limitarnos. Estas políticas deben empezar a romperse con luchas concretas que pongan encima de la mesa la necesidad de atacar de raíz las limitaciones que se nos imponen”. Desde la calle, según el abogado, se puede conseguir algo también en los tribunales. “Si se visualizan conflictos sociales de gran dimensión, pueden acabar influyendo en el TJUE o en la normativa interna de la Unión. ¿O es que alguien piensa que las sentencias europeas sobre la ley hipotecaria española no tienen relación con lo que hacen la PAH y otros movimientos sociales?”, se pregunta.

Aragonés reivindica la movilización ciudadana como motor principal de cambios posibles. En el ámbito parlamentario, la correlación de fuerzas limita las posibilidades de acción. Aun así, González defiende que los partidos como Podemos empiezan a ir más allá de las reacciones defensivas: “No solo tratamos de frenar ese deterioro y proponer soluciones, sino que intentamos anticiparnos a los problemas que genera la subordinación política al poder económico”. Su homóloga de Izquierda Unida ya apunta problemas futuros en otro sector: se ha abierto la puerta a la privatización del sector del tren de pasajeros en los Estados. “Esto ha sucedido con apenas escrutinio, pese a la notable oposición pública a que se repita el caos de los ferrocarriles británicos privatizados. Probablemente no encontraremos resistencia hasta que la legislación empiece a aplicarse”, afirma. 

Cumplir con Europa (a veces)
El Estado español es líder en incumplimiento del derecho comunitario. Y no tiende a poner remedio con rapidez a las sentencias o directivas que le atañen. La necesidad de cumplir con Bruselas y no seguir acumulando multas por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido uno de los argumentos del Gobierno contra los estibadores. En otras ocasiones, el Estado no ha reaccionado con la misma urgencia en temas que afectaban al ecosistema y a la salud pública. El tratamiento de las aguas residuales en España lleva más de 15 años en el punto de mira de las autoridades europeas. Una directiva europea que debía cumplirse desde 2001 seguía siendo vulnerada diez años después por 37 aglomeraciones urbanas. Un tercio de estas seguían incumpliéndola en 2016.

Europa: límites y posibilidades
Los estibadores no pudieron participar en el proceso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que les condenaba a una liberalización perjudicial para sus intereses. Solo el Estado español podía defender, al parecer con escaso vigor, el modelo español de la estiba. La europarlamentaria de Izquierda Plural Paloma López explica que los representantes de la ciudadanía deben afrontar limitaciones de este tipo, derivadas de la arquitectura de la Unión Europea: “La capacidad del Parlamento para controlar las iniciativas de la Comisión y el Consejo es muy limitada”, afirma. Añade, además, una reflexión autocrítica: “Los movimientos sociales, los sindicatos, incluso la opinión pública tiene dificultades para articularse más allá del nivel estatal. Creo que seguimos avanzado, pero seguramente menos de lo que necesitaríamos para organizar una oposición eficaz”.
López explica que la falta de políticas sociales comienza a ser vista como un problema incluso por el establishment: “La profundización del Mercado Único sin medidas sociales empieza a ser un problema para la estabilidad de la UE y del euro, lo que requiere un cambio de prioridades si se quiere evitar su desintegración. Este es un diagnóstico compartido en algunas instancias europeas, pero por el momento no se ha traducido en ese cambio”. El abogado Vidal Aragonés, por su parte, advierte de que “si las clases populares comienzan a percibir que el gran limitador de políticas sociales es la Unión Europea, esto se puede acabar de romper. Gran Bretaña ya se está yendo, y eso no solo responde a políticas chovinistas o racistas”.
López afirma que la posibilidad de pactos es limitada con la actual correlación de fuerzas del Parlamento Europeo: “Quizá hay la posibilidad de mayorías alternativas en la política social o la protección del medio ambiente, pero una gran mayoría de la socialdemocracia vota con la derecha en temas de comercio exterior o la gobernanza económica”. Desde Podemos, la europarlamentaria Tania González apuesta por presionar a estas fuerzas socialdemócratas denunciando su sumisión “a la lógica económica neoliberal. Aquellos partidos que aspiran a representar a una ciudadanía a la que le hemos explicado los entresijos del juego político deberán moverse si no quieren retratarse del lado del poder económico”. Aragonés se muestra muy duro: “No veo la posibilidad de reforma ni de la UE ni del Estado español a día de hoy, aunque eso no significa que seamos incapaces de conseguir victorias. Creo que no es mal momento para recalcar la necesidad de acabar con esta Europa”. González, por su parte, insiste en que las izquierdas empujen a las fuerzas socioliberales para que se pueda “abandonar el austericidio y reconstruir la Europa social, pero no la de corte ordoliberal alemán, altamente burocratizada y que mantiene la subsidiariedad de los Estados periféricos, sino una Europa social genuinamente democrática, más participativa, más igualitaria, más cohesionada”.

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