Laboral
Hagamos más justo el pago de cotizaciones sociales de los autónomos

En las últimas semanas se ha abierto un debate entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos en torno a la modificación de las cotizaciones que pagan los autónomos a la Seguridad Social. Resulta que en el acuerdo presupuestario firmado entre ambas partes se incluyó la siguiente medida: “Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja”. Se trata de una redacción imprecisa que da pie a varias interpretaciones, porque, aunque queda claro que se pretende bajar el pago a los autónomos de menores ingresos, no queda especificado qué ocurre con los que tienen más ingresos, ya que de la literalidad de la redacción cabría suponer que ellos sí tendrían que pagar más, puesto que ingresan realmente más.

Pero en las últimas semanas Unidos Podemos ha aclarado su posición: quieren reducir las cotizaciones a los autónomos de menos ingresos pero no aumentárselas al resto. Así lo ha expresado varias veces el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, al insistir en que acorde al pacto firmado "no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos". El pasado martes 30 de octubre el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro fue incluso más específico al expresar que “los autónomos de más ingresos no se verán perjudicados”.

En cambio, el gobierno de Pedro Sánchez adopta otra postura: no sólo es que plantea subir las cotizaciones a aquellos autónomos que más ingresan, sino que además está barajando tres escenarios de subidas de cotizaciones a los autónomos de menos ingresos. Esto es en parte consecuencia del acordado incremento del salario mínimo interprofesional, que eleva por defecto la base de cotización mínima provocando en principio que los autónomos de menos ingresos tengan que pagar más. Resalto por defecto y en principio porque el gobierno tiene muchas opciones para evitar que esto ocurra. Bastaría, por ejemplo, con incluir en el BOE que este incremento del salario mínimo no provocaría un aumento en la base mínima de cotización, ya que es perfectamente legal hacerlo. Pero parece que el gobierno está optando por la vía de respetar las características de nuestro sistema de cotizaciones, y lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago, pero no a evitarlo. 

El PSOE podría evitar que suba la cuota de los autónomos, pero parece que lo máximo a lo que está dispuesto es a suavizar el incremento en el pago

Hay una justificación económica de fondo para esta postura: la de considerar que el pago en cotizaciones sociales es parte del salario diferido (en el tiempo). De esta forma, lo que pagan los autónomos en cotizaciones sociales es al fin y al cabo dinero que acabará volviéndole a ellos cuando no estén trabajando, ya sea a través de prestaciones sociales como desempleo, incapacidad laboral, o pensiones. El pago de cotizaciones en el presente es el cobro de prestaciones en el futuro. Así lo expresó el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo: "Si queremos que las personas autónomas accedan a pensiones dignas, a una prestación por cese de actividad en condiciones, o accedan a un sistema de protección social digno, tienen que cotizar en una cuantía equiparable cuanto menos al Régimen General de la Seguridad Social". Desde este punto de vista, incrementar las cotizaciones sociales es una forma de incrementar el salario y, por lo tanto, no hacerlo sería indeseable. 

Esta reflexión es correcta porque nuestro sistema de Seguridad Social está pensado de esta forma. Pero que esto sea lo que existe no quiere decir que sea lo deseable. Me explico. Creo que la clave del asunto no pasa por asegurarnos de que nuestro sistema siga funcionando tal y como está pensando sino que deberíamos preguntarnos si su funcionamiento actual es mejorable. Y yo creo que lo es (siempre desde una óptica de izquierdas, por supuesto). 

Ni que decir tiene que lo más urgente e importante que hay que hacer es modificar el sistema para que los autónomos que hayan ingresado muy poco o nada, no coticen ni un solo euro a la Seguridad Social. Es un cambio de justicia y además se apoya en el artículo 31 de la Constitución: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. No tiene ningún tipo de sentido que una persona que apenas está ingresando dinero se vea obligado a pagar al Estado una cantidad que iguala o supera lo ingresado. 

Se debe configurar el sistema para que la protección de los autónomos de menos ingresos dependa cada vez más de la renta y riqueza general de nuestra sociedad

Pero si no cotiza, no va a tener protección social acorde a las características del sistema actual. Pues cambiémoslo y logremos que siga teniendo protección social aunque no cotice o lo haga muy poco. Tan sencillo como eso. No hay ninguna necesidad de ahogar en el presente a un autónomo para que tenga prestaciones en el futuro. La protección de los autónomos de menor renta no puede depender únicamente de su propia renta, precisamente porque es reducida e insuficiente, e impide que pueda tener un adecuado desarrollo en su actividad. Es fácil evitarlo: se debe configurar el sistema para que la protección de los autónomos de menos ingresos dependa cada vez más de la renta y riqueza general de nuestra sociedad, y no sólo de los ingresos que ellos mismos puedan conseguir.

Ésta es una visión mucho más holística, solidaria y colectiva que la actual, en la que se abandona al autónomo a su suerte. La protección social de estos autónomos con bajos ingresos se podría financiar con el resto de fuentes de financiación del Estado. Si estas fuentes fueran progresivas, es decir, basada en tributos en los que pagan proporcionalmente más quienes más tienen, estaríamos hablando de redistribución de la renta desde arriba hacia abajo. Por decirlo de una forma simplona pero ilustrativa: el dinero pagado por las grandes empresas y grandes fortunas se estaría utilizando para financiar la protección social de los autónomos de menor renta.

De esta forma, los autónomos que sí tuvieran suficientes ingresos se seguirían pagando su propia protección social. Pero los que no tuviesen suficientes ingresos pasarían a estar cubiertos también por el resto de la sociedad, especialmente por los más adinerados. Hablamos de justicia fiscal y social. Hablamos de mejorar nuestro sistema de Seguridad Social para que sea incluso más solidario y redistributivo. No nos cerremos a su rígido funcionamiento actual: vayamos más allá y mejorémoslo. Sólo así lograremos que los autónomos puedan llegar a fin de mes y al mismo tiempo no perder la protección social a la que tienen derecho.

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