Opinión
Apagar incendios, quemar derechos

Humo, ceniza, viento, calor, noches sin descanso, turnos interminables, pueblos cercados por las llamas, familias desalojadas, carreteras cortadas, animales muertos, montes arrasados. No es el catálogo de una distopía climática ni el decorado de una película de catástrofes. Es, cada vez más, una parte reconocible de nuestros veranos. Una parte demasiado real. Una parte que, por desgracia, empieza a resultarnos familiar. 

Conviene decirlo al comienzo de una nueva campaña de incendios forestales: no nos enfrentamos al fuego de siempre. Los incendios son más intensos, más rápidos, más difíciles de controlar y, sobre todo, más peligrosos para quienes viven donde suceden y para quienes tienen la obligación profesional de ponerse delante de las llamas. Y eso debería obligarnos a hablar no solo de hectáreas quemadas, hidroaviones y dispositivos extraordinarios, sino también de condiciones laborales, de prevención, de salud, de estabilidad en el empleo y de reconocimiento profesional. Porque detrás de cada operativo hay personas trabajadoras, y porque ninguna emergencia climática puede gestionarse dignamente sobre la precariedad de quienes la combaten.

Los datos son, como casi siempre, más elocuentes que cualquier discurso. En 2025, ardieron en España 354.746 hectáreas de superficie forestal. Hubo menos incendios que la media de la última década, sí, pero ardió muchísima más superficie. Es decir: no necesariamente prende más veces el monte, pero cuando prende, el fuego se nos va de las manos con una facilidad alarmante. Sólo el año pasado se registraron 63 grandes incendios forestales, cuando la media anual del decenio era de 23. Y cinco de los 16 mayores incendios documentados en España desde 1968 se produjeron en agosto de 2025. Así, como suena.

Deberíamos grabarnos esta idea: ningún país serio puede fiar su política forestal a la épica de última hora

Tomemos, por ejemplo, el caso de Jarilla (Cáceres), un incendio que arrasó más de 16.000 hectáreas y movilizó un dispositivo excepcional de 700 efectivos, 81 unidades de bomberos y la UME, 34 aeronaves y personal de 28 instituciones distintas. Y aun así, hubo momentos en los que el fuego resultó inabordable, no por falta de heroicidad, compromiso o entrega profesional, sino sencillamente porque hay incendios que, bajo determinadas condiciones de temperatura, viento, humedad, orografía y combustible vegetal, superan nuestra capacidad de extinción.

Deberíamos grabarnos esta idea: ningún país serio puede fiar su política forestal a la épica de última hora. Porque ese es uno de nuestros grandes errores: acordarnos de los incendios al verlos en televisión, cuando el cielo se vuelve naranja y el humo llega a las ciudades, cuando la cámara enfoca a un bombero forestal con la cara ennegrecida después de horas de trabajo. Entonces aplaudimos, agradecemos, elogiamos su valentía. Pero después, demasiadas veces, volvemos a la indiferencia. Y la indiferencia, en materia de incendios, también arde: es su combustible.

Los bomberos y bomberas forestales no son figurantes de una campaña de verano. Son profesionales de una actividad esencial, muy peligrosa y cada vez más compleja. Apagan incendios, pero también previenen, vigilan, detectan, mantienen infraestructuras, informan a la población, actúan en emergencias y trabajan en un territorio abandonado durante décadas por políticas públicas insuficientes, por la despoblación, por la pérdida de actividad agroganadera y por una gestión forestal cuanto menos intermitente. Porque el monte no empieza a arder en agosto: empieza a arder cuando se abandona en enero y febrero, en marzo y abril.

Resulta incomprensible que aún tengamos que defender algo tan básico como la profesionalización del sector, el empleo estable o la aplicación efectiva de la Ley Básica de Bomberos Forestales 

Por eso resulta incomprensible que aún tengamos que defender algo tan básico como la profesionalización del sector, el empleo estable durante todo el año, la aplicación efectiva de la Ley Básica de Bomberos Forestales, la formación continua, los equipos de protección adecuados, la vigilancia de la salud, el reconocimiento de enfermedades profesionales, la coordinación real entre administraciones y unas condiciones laborales acordes con la peligrosidad, la penosidad y el desgaste físico y psicológico de su trabajo. Porque no hablamos de privilegios: hablamos de derechos. Hablamos de que quien entra en un frente de llamas debe saber con claridad cuál es su cobertura jurídica, cuál su jornada, cuáles sus descansos y qué exposición asume, qué protección recibe y quién responde si algo sale mal.

Más aún cuando trabajan rodeadas de humo, calor extremo, estrés, riesgo de atrapamiento, deshidratación, quemaduras… y una presión emocional difícil de explicar desde la comodidad del aire acondicionado. Hablamos, en fin, de salud laboral. Y la salud laboral no puede negociarse a la baja. Que las jornadas de más de doce horas sean una realidad habitual en el trabajo de las bomberas y bomberos forestales, y que no siempre se cuente con medios adecuados ni con personal suficiente, supone, demasiadas veces, una sobreexposición a grandes riesgos de seguridad, pero también a una tensión excesiva, a ansiedad y a otros riesgos psicosociales.

Lo ocurrido estos días en Castilla y León muestra hasta qué punto el modelo necesita una revisión profunda. Cuando, al inicio de una campaña de alto riesgo, surge un conflicto sobre la incorporación de centenares de bomberos y bomberas forestales, cuando empresas y Administración se acusan mutuamente de inseguridad jurídica, falta de planificación o deterioro de las condiciones, el problema no es solo laboral, es también democrático. Porque un servicio público esencial no puede depender de remiendos y tensiones de última hora, de externalizaciones mal resueltas o promesas que llegan siempre después de la catástrofe.

La prevención de incendios exige una política de Estado, pero también (y sobre todo) una política laboral decente

La prevención de incendios exige una política de Estado, pero también (y sobre todo) una política laboral decente. No basta con comprar medios aéreos, anunciar dispositivos o comparecer en rueda de prensa al inicio del verano. Hace falta invertir todo el año y ordenar el territorio. Hace falta limpiar, cuidar, planificar, formar, estabilizar plantillas y escuchar a quienes saben lo que ocurre en el monte porque lo pisan cada día. Y hace falta asumir que el cambio climático no es una opinión, ni una exageración ecologista, o un recurso retórico para adornar discursos: es una realidad material que modifica las condiciones de trabajo de miles de personas.

España dispone desde 2024 de una Ley Básica de Bomberos Forestales gracias a la presión de las organizaciones sindicales. Es un avance importante, pero las leyes no apagan incendios si no se aplican, ni protegen a nadie si no se desarrollan y se dotan de presupuesto, y si no se traducen en convenios, plantillas, protocolos, equipos, descansos y derechos efectivos. Tampoco basta con reconocer sobre el papel la peligrosidad de una profesión si quienes la ejercen siguen atrapados en la temporalidad y la dispersión normativa, en la desigualdad entre comunidades autónomas o en la dependencia de modelos de gestión que anteponen el coste al servicio.

Un buen ejemplo de la precariedad a la que se han visto, y se ven, sometidos estos compañeros y compañeras es el reconocimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Coeficientes que ha costado décadas conseguir y que todavía no se aplican con normalidad. O los convenios que, demasiadas veces, siguen sin concretarse porque implican cambios en presupuestos públicos, aprobaciones políticas y un sinfín de sinsabores que el colectivo vuelve a soportar.

El fuego llega. Y cuando lo hace, quienes se ponen delante son trabajadores y trabajadoras con nombre, cuerpo, familias, derechos y límites

A veces se dice que los incendios se apagan en invierno. Es una frase cierta, pero incompleta. Se apagan en invierno, en primavera y en otoño, con prevención, con gestión forestal, con inversión pública, con empleo estable. Pero también se apagan en los convenios colectivos y las mesas de negociación, en las evaluaciones de riesgos, en los protocolos de seguridad, en la formación dentro de la jornada, en la protección de la salud y en el reconocimiento de una profesión que no puede seguir viviendo de la admiración pública mientras se le niegan condiciones dignas. Porque el fuego, cuando llega, no pregunta si el contrato es fijo discontinuo, si la cuadrilla está completa, si el EPI es suficiente, si la formación fue adecuada o si la Administración hizo sus deberes. El fuego llega. Y cuando lo hace, quienes se ponen delante son trabajadores y trabajadoras con nombre, cuerpo, familias, derechos y límites.

El colectivo de bomberos y bomberas forestales ha sido especialmente combativo a lo largo del tiempo y ha demostrado una paciencia casi infinita. Una paciencia hecha de luchas interminables que, poco a poco, han ido logrado pequeñas mejoras. También ha demostrado una implicación enorme, llegando incluso a suspender sus protestas cuando ha habido un incendio por un sentido del compromiso difícil de discutir. Pero la paciencia tiene sus límites, y el compromiso no puede seguir sosteniendo un sistema que no funciona y que carga sobre las espaldas de las personas trabajadoras responsabilidades que corresponden a las distintas administraciones implicadas. Como muestra de ello, el 29 de junio, frente al Ministerio de Trabajo, el colectivo volverá a concentrarse para exigir mayores y mejores dotaciones de medios y personal.

Porque conviene mirar más allá de las llamas y atender a quienes las combaten. A quienes pasan calor cuando otros buscamos sombra. A quienes respiran humo cuando todos cerramos las ventanas. A quienes se juegan la vida para que no arda la nuestra. Conviene decirlo con claridad: defender a los bomberos y bomberas forestales es defender el territorio, los pueblos, la biodiversidad, la seguridad ciudadana y la decencia de un país que no puede pedir heroicidad a cambio de precariedad. Porque ningún monte debería arder por falta de prevención. Ningún pueblo debería quedar vendido por falta de coordinación. Y ningún trabajador debería jugarse la vida en un incendio sin derechos plenamente garantizados. Punto.