Justicia
El juicio al fiscal general queda finiquitado sin pruebas sólidas de que éste filtrase el correo

Diez días. Eso es lo que ha durado el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Dos semanas en las que frente al tribunal han desfilado más de dos docenas de testigos cuyas declaraciones ayudarán a la Sala a dirimir si Álvaro García Ortiz es culpable del delito que se le imputa.

La causa contra el fiscal general se basa en la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. Según la acusación, el fiscal general supuestamente filtró a la prensa un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde su cliente admite que cometió varios delitos económicos como fraude fiscal, facturas falsas o corrupción en los negocios.

García Ortiz repitió que el borrado de dispositivos y la emisión de una nota de prensa por la Fiscalía eran dos procesos distintos, que se habían entremezclado mediáticamente

La ronda de declaraciones ante el tribunal la cerró el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, antes que él y durante esos diez días de vistas en el Supremo hubo hasta 40 testigos que desfilaron por la Sala del Supremo aportando varios testimonios clave. Unos orientados a remarcar la base con la que la acusación pide para García Ortiz hasta seis años de cárcel, y otros que demostraron que el contenido del correo electrónico incriminatorio del abogado de González Amador fue difundido antes de que lo recibiera la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz: ‘La verdad no se filtra, la verdad se defiende’

La declaración del fiscal general fue la última. Tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde y se prolongó cerca de hora y media. Como era de esperar, en su testimonio García Ortiz negó de forma rotunda su participación en la filtración del correo electrónico que incrimina a la pareja de Ayuso, y justificó las acciones de seguridad que él mismo aplicó a sus dispositivos electrónicos.

García Ortiz detalló que el contenido del correo ya circulaba antes de que él lo recibiera en la Fiscalía y afirmó que no lo hizo llegar a ninguna persona ajena a sus funciones. Al ser preguntado si había enviado el correo a terceros, respondió con un seco “no lo he hecho”. Además, defendió que el borrado de sus mensajes de WhatsApp realizados mensualmente obedece a un protocolo de seguridad institucional. Con respecto a esto, García Ortiz explicó que, al cambiar de móvil como parte de su renovación habitual, había eliminado su antiguo dispositivo para evitar riesgos de filtración: “Soy la cabeza de una institución y me comunican circunstancias que atañen a todos los procesos del país. Si mi terminal acaba en manos de terceros, pongo en peligro a muchas personas”.

Martín Pallín está convencido de que “la pieza a cazar era la Presidencia del Gobierno, pero como no han podido, se han centrado en el fiscal general del Estado”

Durante su intervención, el fiscal general le reprochó al abogado de Alberto González Amador (parte querellante) lo que consideró una “deslealtad procesal”. Aseguró que en la querella no se mencionaba que el correo ya había sido reenviado a un tercero en febrero de 2024 ni que había dejado la Fiscalía para circular en otros ámbitos. Esa omisión, dijo García Ortiz, es clave para entender que “la acusación parte de una deducción y no de una prueba”, y concluyó su alegato con la frase: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”.

En su turno final ante el tribunal, García Ortiz repitió que el borrado de dispositivos y la emisión de una nota de prensa por la Fiscalía eran dos procesos distintos, que se habían entremezclado mediáticamente, “pero tan diferentes son que creo que son incompatibles”. Esa distinción es clave para su defensa, que insiste en que la nota no fue una filtración, y que el correo no fue obtenido ni divulgado por la Fiscalía bajo su supervisión.

La pieza a cazar

El fiscal emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín asegura que “esta causa debería ser estrictamente jurídica y llegar a la conclusión de que no había delito”. Sin embargo, señala el enorme trasfondo político que la rodea. A la luz de cómo se ha ido desarrollando el juicio y de las premisas que lo motivaron, Martín Pallín está convencido de que “la pieza a cazar era la Presidencia del Gobierno, pero como no han podido, se han centrado en el fiscal general del Estado”.

A lo largo de las sesiones del juicio se han producido algunas intentonas de la acusación por vincular a Moncloa con el presunto delito por el que se está juzgando a García Ortiz. Prueba de ello es la recurrencia con la que ha aparecido en la Sala el nombre de Pilar Sánchez Acera, exasesora de Presidencia del Gobierno y alto cargo del PSOE-Madrid, a quien se ha intentado relacionar con la filtración del correo electrónico que compromete a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según el auto del juez instructor Ángel Hurtado, a primera hora de la mañana del 14 de marzo de 2024 Sánchez Acera envió el mail inculpatorio a Juan Lobato —entonces secretario general del PSOE-Madrid—. No obstante, esto sucedió cuando el correo ya había sido filtrado a falta de que apareciese en los medios de comunicación, por lo que el asunto quedó fuera del objeto procesal cuando la Sala de Apelaciones decidió archivar esa parte del caso.

“En ningún momento”, insistió, “fue el fiscal general quien me facilitó el correo”, declaró Miguel Ángel Campos

En su testifical, Sánchez Acera afirmó que la información le llegó por “vía periodística” y negó que proviniera del Gobierno o de la Fiscalía: “Me había olvidado bastante del tema”, declaró en relación a los meses transcurridos hasta su citación. Para la defensa de García Ortiz, este testimonio confirma la tesis de que la documentación circulaba ya fuera del ámbito fiscal antes de su recepción oficial por la Fiscalía, lo que diluye la acusación de que el fiscal general fuese el responsable de la filtración.

El correo ya circuló antes de la presunta filtración

En la primera semana del juicio varios periodistas ya declararon ante el Supremo que conocieron la confesión de González Amador antes de la supuesta filtración del correo electrónico. Esto fue corroborado por otros dos periodistas el pasado martes, insistiendo en que tuvieron acceso al contenido del correo electrónico de la pareja de Ayuso horas antes de que el fiscal general del Estado lo recibiera.

El primero de los informadores, José Manuel Romero —entonces subdirector de El País— relató ante la Sala que el 12 de marzo de 2024, al mediodía, su fuente (que no quiso revelar en el juicio) había informado de que el abogado del empresario Alberto González Amador ya había presentado un acuerdo de conformidad con reconocimiento de delito, antes de que el correo fuera recibido por la Fiscalía General. Romero precisó que no obtuvo el correo íntegro, sino “la información contenida en el mail”.

Hidalgo, fiscal de protección de datos, también aseguró que García Ortiz estaba autorizado a destruir los dispositivos electrónicos en desuso por razones de seguridad

El segundo periodista, Miguel Ángel Campos (Cadena Ser), explicó que accedió al correo alrededor de las 15:34 horas de aquel mismo día, y que pudo leerlo en pantalla después de que la fuente (tampoco revelada) se lo mostrara. Afirmó que no publicó inmediatamente la información porque no tenía permiso explícito, y negó que el fiscal general fuera su fuente. “En ningún momento”, insistió, “fue el fiscal general quien me facilitó el correo”. Ambos periodistas insistieron en que actuaron conforme al secreto profesional, aunque reconocieron que contactaron con la Fiscalía tras obtener la información.

Los testimonios de los periodistas que han desfilado por el Supremo refuerzan la línea argumental de la defensa al insistir en que la filtración del correo electrónico inculpatorio del abogado de la pareja de Ayuso no se produjo desde la Fiscalía General del Estado, sino que el mail ya había sido difundido por otras vías antes de su recepción oficial por el organismo. La acusación, sin embargo, mantiene que la responsabilidad directa recae en García Ortiz o en su entorno.

La nota de prensa de la Fiscalía y el ICAM

A principios de la segunda semana de juicio compareció Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce como acusación popular en el proceso. Ribón centró su declaración en la nota de prensa que la Fiscalía General del Estado emitió en marzo de 2024 y en lo que él considera una vulneración de la confidencialidad entre abogado y fiscal. Según el decano, la nota de la Fiscalía generó un “profundo malestar” entre los abogados madrileños, por considerar que pudo romper el secreto profesional entre abogado y fiscal.

En sede judicial, Ribón también relató que, tras la difusión de esa nota de prensa, fue convocado a una reunión donde García Ortiz le planteó firmar un “comunicado conjunto” entre la Fiscalía y el ICAM para dar una imagen de cordialidad institucional y “poner paños calientes” al asunto. El decano asegura que rechazó esa propuesta porque el Colegio esperaba que se abriese una investigación y la depuración de responsabilidades en lugar de arreglar una imagen de acuerdo entre ambas instituciones.

Asimismo, Ribón admitió que “no le consta” que Carlos Neira, el abogado de Alberto López Amador (la pareja de Ayuso) solicitase formalmente amparo al Colegio de abogados de Madrid, aunque defendió que la actuación del ICAM se fundamentó únicamente en la nota de la Fiscalía y su presunto perjuicio al derecho de defensa: “Sin confidencialidad no es posible una defensa libre”, dijo. También justificó que se mantenga la acusación pese a que el Supremo ya descartó que esa nota constituya por sí sola un delito.

El borrado de dispositivos se hace ‘por seguridad’

Más tarde, ese mismo día, Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal de sala responsable de Protección de Datos, declaró que revisó el contenido de la nota de prensa “y, en mi opinión, no se aprecia ninguna violación de seguridad”. Hidalgo también aseguró que García Ortiz estaba autorizado a destruir los dispositivos electrónicos en desuso por razones de seguridad. Según explicó, esa facultad se ampara en la Instrucción 2/2019 de la Fiscalía General del Estado, que regula la gestión de datos personales dentro del Ministerio Fiscal.

Hidalgo detalló que los fiscales y empleados que utilizan material informático proporcionado por la Administración son también responsables de la información que contienen, y que esa responsabilidad implica proteger la confidencialidad de los datos almacenados. En su intervención subrayó que, en muchos casos, “el valor inmaterial de los datos supera con creces el del propio dispositivo físico”, por lo que su destrucción puede estar plenamente justificada cuando dejan de usarse.

A preguntas del abogado de Alberto González Amador, Hidalgo explicó que su labor se desarrolla de oficio y que la apertura de una investigación requiere que la persona afectada sea “proactiva” en la denuncia o comunicación del posible incumplimiento, algo que —dijo— no ha ocurrido en este procedimiento. El propio Hidalgo figura mencionado en los anexos de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se detalla que su número de teléfono se encontraba entre los datos que fueron divulgados en el marco de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado.

“No solo es que crea que García Ortiz es inocente”, insiste Martín Pallín, “es que los hechos son los hechos. Que quede claro que el fiscal solo actuó cuando conoció que en [el diario] El Mundo Miguel Ángel Rodríguez decía que la fiscalía había ofrecido conformidad [a la pareja de Ayuso], y en esas mismas declaraciones añadió una calumnia y un bulo, que es acusar al fiscal de prevaricación. Luego, el TSJM utilizó la nota de prensa para ir contra García Ortiz”.

El registro de la UCO: ‘Literalmente no sabía qué estaba buscando’

Los agentes de la UCO que participaron en el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024 declararon ante el Supremo que realizaron un volcado “integral” de los dispositivos electrónicos de García Ortiz: teléfonos móviles (personal y corporativo), cuentas de correo (dos oficiales y una personal) y un disco duro con copia del ordenador de sobremesa. Según los agentes, se trató de una intervención que se extendió durante más de diez horas y en la que se copió información más allá del “marco temporal” (del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024) que figuraba en el auto del juez instructor.

Los agentes explicaron en la Sala que la imposibilidad técnica de filtrar únicamente los datos que correspondían al tramo temporal autorizado los llevó a “volcar de todo” y dejar la selección para una fase posterior. Uno de ellos resumió: “cuando se produce la entrada y registro yo, literalmente, no sabía lo que estaba buscando. A mí sólo me dicen que se necesitan cualquier tipo de documentos y correos electrónicos”.

Ese hecho es central para la estrategia de la defensa de García Ortiz, que sostiene que la actuación vulneró derechos fundamentales por desproporción e indeterminación, y que podría derivar en la nulidad de los registros. Los peritos informaron de no pudieron acceder al teléfono del fiscal general porque estaba borrado, aunque reconocieron que la colaboración del fiscal general fue “activa” durante los registros, puesto que facilitó contraseñas.

Al mismo tiempo, los agentes de la UCO apuntaron a la jerarquía institucional comentando que “lo que vea la Fiscalía General del Estado no lo hace sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general del Estado”. Con esa afirmación sostuvieron que el dominio operativo correspondía al acusado —y no exclusivamente a sus subordinados—. La Fiscalía, por su parte, replicó que esto se trataba de una deducción del testigo y no de una prueba directa, y la defensa de García Ortiz respondió aludiendo a que las conclusiones de la UCO se sustentan en “inferencias” y que los registros fueron excesivos.

Tras las comparecencias de los miembros de la UCO presentes en el registro y del propio Álvaro García Ortiz, el tribunal emplazó a las partes a presentar sus conclusiones. La defensa considera que los testimonios y los informes técnicos presentados hasta ahora favorecen su estrategia de absolución. Por su parte, la acusación continúa convencida de que lo expuesto en estos diez días de sesiones constituye una base lo suficientemente sólida como para que García Ortiz sea condenado.

Daño de la institución a nivel nacional e internacional

No existe precedente en la democracia en España de que un fiscal general del Estado en ejercicio se haya sentado en el banquillo de los acusados, y sobre esta excepcionalidad, el fiscal emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín cree que “ha habido daño institucional, pero no solo a nivel nacional, sino también internacional y en el marco de la Unión Europea. La entrada en la Fiscalía General del Estado de un operativo de la Guardia Civil que se suele utilizar para el narcotráfico y otros delitos ya llama bastante la atención”.

“Espero que después de esto no se siente un precedente que lleve a ver sentado en el banquillo de los acusados al presidente del Gobierno, porque esas intenciones sí que las hay”, comenta Martín Pallín, y añade que si sucediese esto, “estaríamos en un caso paradigmático de lawfare [guerra judicial para perseguir a oponentes políticos] semejante al de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador o Fernando Lugo en Paraguay”.

“El caso no tiene consistencia ninguna, es un montaje al que nunca se debió prestar el Supremo”, incide el fiscal emérito. “Ellos pensaban que el fiscal ibas a dimitir y se han encontrado con que han tenido que intentar salvarle la cara al juez instructor y sus tropelías procesales, y ahora creo que es imposible que construyan sobre pruebas algo que no existe”, añade.