Justicia
Interponen un recurso contra Igualdad por excluir de subvenciones a ONGs que no se declaren abolicionistas

Las ONGs CATS, Ambit y Genera han presentado dos recursos contencioso-administrativos en la Audiencia Nacional contra dos órdenes ministeriales aprobadas este año que modifican las bases reguladoras de dos líneas de subvenciones del Ministerio de Igualdad. 

El escrito, fechado en el mes de junio y admitido a trámite el 30 de junio según explican las entidades, argumenta que la nueva normativa obliga a reconocer la prostitución de forma explícita como una forma de violencia contra las mujeres y, por tanto a “asumir un marco abolicionista, lo que constituye una condición ideológica sin precedentes en la democracia española”. 

Los nuevos requisitos para acceder a dos líneas de subvenciones no se basan en criterio técnicos, sino ideológicos, denuncian las organizaciones

Los nuevos requisitos, argumenta el escrito al que ha tenido acceso El Salto, “reconocen sin ambages que el criterio rector no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. Por eso, “constituyen un condicionamiento ideológico directo sobre las entidades solicitantes” que vulneraría los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. “La equiparación de la prostitución con la violencia sexual —calificación que la norma impugnada impone como requisito de acceso— carece de respaldo en el ordenamiento jurídico positivo español vigente”.

Las órdenes modificadas

En febrero de este año, el Ministerio de Igualdad modificó dos órdenes ministeriales: la Orden IGD/239/2022, sobre programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y la Orden IGD/183/2024, destinada a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijos e hijas, para que las entidades incluyan el reconocimiento de la prostitución como una forma de violencia de género de forma explíticra, decía, en sus estatutos. 

Para el Ministerio de Igualdad, las modificaciones de la Orden IGD/239/2022 respondían a “la necesidad de adaptar las bases reguladoras de las subvenciones al nuevo marco estratégico definido por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado en 2025”, como recogía el documento de impacto consultable en su página web. En el caso de la Orden IGD/183/2024, el motivo de la modificación era “fomentar una mayor especialización de las entidades solicitantes en relación con el objeto de la subvención” y “mejorar la calidad de los proyectos y facilitar la programación del trabajo de las entidades”.  En ambos casos, las modificaciones, que fueron aprobadas y publicadas en el BOE en abril, incluyen como requisito el reconocimiento explícito de la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres.

Para las organizaciones que han interpuesto estos recursos, este cambio es profundamente preocupante ya que el acceso a recursos públicos “queda condicionado a compartir una posición ideológica concreta”. “Nunca antes en democracia se había establecido un requisito semejante para acceder a subvenciones públicas”, argumentan. Consideran que se vulnera la Constitución y la Ley General de Subvenciones y la jurisprudencia existente. Y avisan: “Si es necesario, llegaremos al Tribunal Constitucional”.

En conversación con El Salto, CATS explica que esta organización, que entre sus objetivos incluye “luchar contra la trata, la explotación y otras violencias en prostitución” y que cuenta con programas para crear alternativas laborales para trabajadoras sexuales que quieran cambiar de actividad o proyectos de investigación, no solo ha quedado excluida de las subvenciones —como viene ocurriendo desde hace varios años, explican—, sino que ni siquiera ha entrado a formar parte de las entidades elegibles.

“No quieren disidentes, no quieren testigos incómodos que ponen en duda su ‘verdad’, esa que consudera que toda prostitución es violencia y de que todas las feministas son abolicionistas”, lamenta una portavoz de CATs

En febrero de este año, 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación apoyaron un escrito de alegaciones a estas órdenes. Entonces ya adelantaron que tomarían “las acciones legales que correspondan para la defensa de los derechos fundamentales y del interés público” si finalmente se aprobaban las modificaciones.

“El feminismo abolicionista nos quiere quitar de en medio a las feministas proderechos, está claro. Tiene el mismo fondo que cuando proclaman eso de que ‘el feminismo es abolicionista’”, lamenta la portavoz de CATs, que cree que este requisito crea un pésimo precedente que abre la puerta a aplicar criterios ideológicos por encima de los técnicos. “No quieren disidentes, no quieren testigos incómodos que ponen en duda su ‘verdad’, esa que considera que toda prostitución es violencia y de que todas las feministas son abolicionistas”.