Opinión
Notas de urgencia sobre el anteproyecto de reforma de las carreras judicial y fiscal

Teniendo en cuenta el actual sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, donde la media de ingreso se sitúa entre los cuatro o cinco años, con una enorme dificultad objetiva dado que se trata de memorizar casi 400 temas y “cantarlos”, que no “comprenderlos”, ante el temible Tribunal Supremo, merece a priori una evaluación positiva la actual reforma para intentar acomodar el estado de cosas tras cuarenta años de democracia. No cabe olvidar que en esencia, el sistema sigue siendo el mismo que el aprobado en 1870 (y no, no es una errata).

Sin embargo, el método sigue siendo esencialmente el mismo, basado en el aprendizaje de los temas a modo de acróbatas, por mucho que se introduzca un examen final escrito y anónimo.

Los preparadores privados no se eliminan, siendo este un aspecto negativo dado que el sistema, como se ha dicho, debería ser público y gratuito

Entiendo que ello va a suponer aumentar la dificultad para aprobar y que sería mucho más lógico y sano efectuar un examen al final de la carrera, de Estado, y luego ingresar en un centro público para aprender lo que supone ser un buen juez, es decir, dotado no solo de capacidad técnica sino también de contacto con la realidad social, atendiendo sobre todo a las problemáticas de la población más vulnerable.

Por otro lado, considero un avance que se eleve el número de becas, que garantizan el salario mínimo anual y por un plazo máximo de cuatro años, y que el Centro de Estudios Jurídicos se constituya como una alternativa pública junto a la privada para preparar las oposiciones.

Pero los preparadores privados no se eliminan, siendo este un aspecto negativo dado que el sistema, como se ha dicho, debería ser público y gratuito, si es que verdaderamente se quiere garantizar la igualdad de oportunidades.

Para evitar determinados comportamientos fraudulentos que se han producido, se introduce, eso sí, un registro de preparadores privados y determinados métodos para solucionar posibles incompatibilidades.

Con respecto a la altísima tasa de jueces y juezas sustitutos, que son unos 930 respecto a una carrera de 5.400 jueces y magistrados titulares, se trata de reducir sus niveles de temporalidad, siendo que en algunos casos llevan ejerciendo 15 años, y se posibilita que puedan realizar otras profesiones si no están en activo. Se prepara para ellos un concurso oposición en el que se prima el tiempo de prestación de servicios.

Ello no obstante, y teniendo en cuenta la ausencia alguna de corporativismo en esta reflexión, puede ser peligroso tratar de cubrir la ausencia de plazas por cuestiones presupuestarias cubriendo las necesidades con personas que entran sin una formación equiparable a la que se tiene, aún con todos los déficits, tras la superación de las oposiciones.

En todo caso, estamos ante un anteproyecto y tendremos que esperar al recorrido parlamentario para ver el resultado final, siendo importante, por ello, que se siga profundizando en matices como los expuestos y atender a la opinión de las personas expertas en la materia.