Justicia
La Audiencia Nacional inadmite la denuncia por las protestas contra Israel en La Vuelta

La Audiencia Nacional ha decidido no procesar la querella presentada por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) relacionada con las manifestaciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición La Vuelta.

El magistrado Santiago Pedraz ha dictado una resolución este viernes declarando la inadmisión del caso por carecer de jurisdicción sobre los hechos denunciados. Esta decisión se produce tras recibir el parecer de la Fiscalía, que consideró que los acontecimientos no corresponden al ámbito competencial de dicho tribunal.

En su resolución, el juez argumenta que únicamente en situaciones donde se evidencien desde el inicio claros indicios de delitos específicamente asignados por ley a la Audiencia Nacional, se puede obviar el procedimiento competencial habitual.

“Sentado lo anterior procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias”, según establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica en la resolución.

Las acusaciones de ACOM

La organización ACOM había manifestado la semana pasada mediante un comunicado su intención de presentar la denuncia, argumentando que las manifestaciones ciudadanas contra la presencia israelí durante la ofensiva en Gaza iban más allá de protestas pacíficas.

“Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas”, sostuvo ACOM, las protestas “evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”.

La asociación calificó estos actos como “un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional”. Además, denunció que “convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales”.

Implicados en la denuncia

La querella se dirigía contra los participantes directos de las protestas y también “contra los instigadores y amparadores institucionales”. ACOM señaló específicamente a la red RESCOP/BDS y a diversas formaciones políticas, incluyendo EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, acusándolas de “haber promovido activamente la exclusión del equipo israelí”.

La denuncia, formulada por presuntos delitos de incitación al odio, infracciones contra la seguridad vial, lesiones y alteración del orden público, también incluía a responsables de la organización de la competición, entre ellos el director técnico Kiko García.

Medidas solicitadas y acciones futuras

ACOM había solicitado a la Audiencia Nacional medidas cautelares extremas, incluyendo la suspensión inmediata de La Vuelta 2025, alegando “el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público”. También requirió “refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos”.

La organización anunció además su intención de emprender acciones legales adicionales contra figuras políticas como el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares y la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego.

ACOM describió las protestas como una manifestación de antisemitismo a través de esta “campaña discriminatoria” contra Israel, promoviendo el “boicot, las desinversiones y sanciones” contra el país. La asociación concluyó: “Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España”.