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Justicia
La Audiencia de Barcelona acuerda la libertad de Dani Alves a cambio de una fianza del 1,82% de su patrimonio
La Audiencia de Barcelona acaba de acordar dejar salir a Dani Alves de la prisión con medidas cautelares a cambio de abonar una fianza de un millón de euros. Según la estimación de Celebrity Net Worth, el futbolista de 41 años tiene un patrimonio de 55 millones, de acuerdo con los ingresos acumulados por su paso en distintos clubes, como el Barça y el Juventus, los contratos publicitarios y de patrocinio, así como sus inversiones (la agencia de representación de futbolistas Flashfoward Group, Cedro Esports, un restaurante y negocios de moda). La fianza de un millón de euros supondría el 1,82% de su patrimonio estimado.
Violencia sexual
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Alves fue condenado en febrero por la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona a cuatro años y seis meses de prisión por violar a una mujer de 23 años en los baños de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 31 de diciembre de 2022. El protocolo de agresiones sexuales que impulsó el Ayuntamiento de la ciudad, la rápida actuación de los trabajadores de la discoteca y la nueva ley del sólo sí es sí favorecieron que la sentencia fuera condenatoria, pero el tribunal impuso la pena mínima. La fiscalía solicitaba nueve años y la acusación particular, doce.
Ahora la Audiencia le permite acceder a la libertad provisional a cambio de un millón. No podrá salir de España hasta que se resuelvan los recursos a su condena, que piden elevar la pena. La decisión no ha sido unánime, uno de los tres magistrados prefería mantener al condenado en prisión. Según el cálculo normal —para quien no puede abonar una fianza de un millón de euros—, Alves saldría de la cárcel en 2025, al haber cumplido ya un año y dos meses de prisión provisional antes de la sentencia condenatoria de febrero. Su abogada ha solicitado que, al haber cumplido una cuarta parte de la condena y esta aún no ser firme, podía solicitar la libertad condicional.
Análisis
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La Audiencia ha considerado que el riesgo de fuga es mínimo y que, hasta que se resuelvan los recursos, se puede optar por otras medidas de control. También valora que el futbolista haya depositado 150.000 euros como posible indemnización a la víctima (el 0,15% de su patrimonio, en función de la estimación de Celebrity Net Worth).
Versión de Alves
Sin embargo, desde el inicio del proceso judicial, han salido varios artículos en la prensa para asegurar que la situación financiera del futbolista condenado por violación no es boyante. Según ha publicado La Vanguardia, debe recurrir a préstamos de terceros —como el padre de Neymar— al encontrarse sus bienes en situación de embargo. Según este diario, porque tiene un proceso abierto de divorcio con su exmujer. Según El Confidencial hace un año, un mes después de su detención, Alves debía a Hacienda 2,25 millones de euros y su situación económica no era óptima —empresas quebradas y una hipoteca de 213.086 euros en La Caixa por un piso de 60m2—.
Estas informaciones no casan con, por ejemplo, con el salario anual del futbolista brasileño en 2016 en la Juventus era de 3,5 millones, y se encuadran dentro de la estrategia de la defensa, que alegó durante el juicio “una ahogada situación económica”. Aseguró que en febrero Alves aún debía medio millón a Hacienda, tenía un embargo de 150.000 euros y su “saldo bancario es de 70.000 euros”.
Según la crónica de El País durante el juicio, el futbolista mintió a la jueza cuanto esta le preguntó cuánto ganba: él respondió que 30.000 euros al mes. La magistrada le rectificó con el contrato en la mano: en el Pumas de México cobraba 300.000 euros mensuales.
En el Barça llegó a cobrar 10 millones de euros al año antes de irse al Juventus, regresó cobrando el mínimo de la Liga de Primera División (155.000 euros) antes de recalar en el Pumas.
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No soy yo, quien decida cuanta cárcel deben de pagar las personas que cometen delitos, la cárcel es muy dura, más de lo que cualquier persona se pueda imaginar. El caso de Alves es una justicia para ricos por otro lado.
La pena se rebajó a 4 años. Como dice Violeta Assiego en Píkara magazine, "la rebaja de esa pena se debe a la atenuante de “la reparación del daño a la víctima” al ser indemnizada con 150.000 euros cuando precisamente es el “derecho a la reparación” uno de los ejes fundamentales de la ley del sí es sí, que lo entiende como un derecho fundamental en el marco de obligaciones de derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Es decir, el tribunal desvirtúa ese derecho de la víctima para transformarlo en un derecho del agresor a reducir su condena, insólito."