Junta de Extremadura
Presupuestos de Extremadura y violencia de clase (y II)

La importante inhibición de la Administración o mejor dicho el poco interés del ejecutivo regional para efectuar un pleno control de la legalidad en las contrataciones laborales y en el cumplimiento del convenio colectivo del campo, junto a otro conjunto de factores como los bajos salarios, los misérrimos subsidios de desempleo y las pocas posibilidades de encontrar un trabajo, promocionan el fenómeno social de la economía sumergida.

El poco interés del ejecutivo regional para efectuar un pleno control de la legalidad en las contrataciones laborales y en el cumplimiento del convenio colectivo del campo, junto a otros factores, promocionan el fenómeno social de la economía sumergida

La economía sumergida, que se tolera, por no decir que se promociona, desde los poderes institucionales, va en contra de los intereses de la clase trabajadora y sin duda, beneficia a la clase capitalista. Algunos trabajadores agrícolas ante las pocas posibilidades de encontrar un empleo y ante el miedo a perder los bajos subsidios sociales que cobran en los periodos de desempleo, se ven obligados a sobrevivir a base de situaciones laborales anómalas de las que se aprovechan ciertos empleadores contratando al margen de la legalidad vigente. Con esta anormalidad laboral “admitida” se burlan las cotizaciones sociales que a medio plazo tendrán una influencia negativa en el futuro de las pensiones.

A la renta básica se destinan 47 millones de euros. El PSOE se ha olvidado de las promesas de su máximo dirigente, el señor Fernández Vara, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015. En aquella ocasión, prometió que se destinarían a este tipo de ayudas el porcentaje del PIB Extremeño que numéricamente era equivalente a “unos ochenta y tantos millones de euros”, casi el doble de lo que viene asignándose anualmente. También, nos queda la duda si los 47 millones se ejecutan en su totalidad.

El PSOE se ha olvidado de las promesas de su máximo dirigente, el señor Fernández Vara, en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015. En aquella ocasión, prometió casi el doble de lo que viene asignándose anualmente

La justificación que se da para incumplir aquella promesa electoral es que en materia laboral la situación económica extremeña ha mejorado tanto, que no es necesario incrementar la cantidad que se viene presupuestando. Sin embargo, los datos estadísticos referidos al porcentaje de desempleo y al nivel de vida de la población extremeña contradicen la teoría oficial del gobierno regional. Los políticos que nos gobiernan desconocen u olvidan que estamos en una sociedad de clases, la que ellos regentan, en la que hay miles de personas que recurren a esta ayuda social por las limitaciones de todo tipo que encuentran a la hora de vender su fuerza de trabajo, desde la inexistencia de un mercado laboral a todo tipo de condicionamientos sociales, físicos, familiares, edad, etc.

Las normativas y reglamentos que regulan el acceso a las ayudas sociales debieran tener una consideración prioritaria de las necesidades de las personas, sin embargo, suelen diseñarse con trabas burocráticas que establecen límites a su acceso. Por ejemplo, uno de los preceptos más difícil de cumplir por el solicitante es el empadronamiento individual. La falta de medios materiales conduce a situaciones obligadas de convivencia, por eso, es muy normal que nos encontremos con que una mujer joven separada con pequeños a su cargo que, al carecer de una vivienda propia, tenga que vivir con sus padres, a veces en condiciones próximas al hacinamiento. En estos casos, se le deniega la renta básica o las ayudas de alquiler porque no puede presentar un empadronamiento individual.

Es muy normal que nos encontremos con que una mujer joven separada con pequeños a su cargo que, al carecer de una vivienda propia, tenga que vivir con sus padres. En estos casos, se le deniega la renta básica o las ayudas de alquiler porque no puede presentar un empadronamiento individual

Desde Campamento Dignidad se exige que se revisen y se eliminen algunos de los requisitos para acceder a la Renta Básica (renta garantizada extremeña), y se cumpla de inmediato la Carta Social Europea. En este sentido, se deben modificar las ridículas pagas que toman como base el IPREM, cantidades insuficientes para satisfacer las mínimas necesidades vitales.

La Carta Social Europea establece que las ayudas sociales que se perciban no puedan ser inferiores a lo que es el umbral de la pobreza, unos 739 euros (8.871 euros anuales por persona) y en los casos de un hogar formado por dos adultos y dos niños menores de 14 años, de unos 18.629 euros anuales. Una persona con unos ingresos anuales por unidad de consumo inferiores a los valores del umbral de pobreza está en riesgo de pobreza relativa.

Las Ayudas para Contingencias tienen una consignación presupuestaria de unos 2 millones de eurosc si bien en el ejercicio anterior a pesar de que se consignaron no se llegaron a publicar ni a ejecutar. Esperemos que este año sí se pongan en marchan y se distribuyan lo antes posible entre quienes lo necesiten.

Las Ayudas para Contingencias tienen una consignación presupuestaria de unos 2 millones de euros si bien en el ejercicio anterior a pesar de que se consignaron no se llegaron a publicar ni a ejecutar

Las Ayudas a Domicilio, con algo más de 4.000.000 euros, se reducen respecto al ejercicio de 2019 que eran de 5.863.282 de euros. Entendemos que esta disminución perjudica a trabajadores/as empleados, ya que conllevará menos contrataciones y/o inferiores salarios, y menores tiempos de asistencias y cuidados para las personas mayores y dependientes. Le recordamos a la Consejera que este tipo de trabajos asistenciales puede ser un nicho de empleo público importante.

Las Ayudas a Domicilio, con algo más de 4.000.000 euros, se reducen respecto al ejercicio de 2019 que eran de 5.863.282 de euros

Para las Ayudas a Mínimos Vitales, están asignados unos 3.500.000 euros, es decir se reducen en 1.200.000 euros, aproximadamente, respecto al año anterior. Las declaraciones de los responsables de la Junta explican esta disminución presupuestaria en base a que los ayuntamientos no gastan el dinero que les asigna la Junta de Extremadura. Es decir, nos vienen a decir que las cosas han mejorado respecto a épocas anteriores y ya no son tan necesarios este tipo de ayudas sociales. Nuevamente estas manifestaciones públicas son contradichas por la realidad económica y social que reflejan los datos estadísticos de nuestra Comunidad.

Consideramos que se trata de un problema de escasa difusión de dichas ayudas y que hay que darles mucha más publicidad para que la población necesitada conozca suficientemente su existencia. Además, los niveles de referencia para su concesión deben estar en el Umbral de la Pobreza, es decir que todas las familias cuyos ingresos sean inferiores al umbral de la pobreza tengan derecho a estas ayudas sociales, y se debe permitir que las Organizaciones y Movimientos sociales participen en el control y distribución de estos fondos.

Se debe permitir que las Organizaciones y Movimientos sociales participen en el control y distribución de estos fondos

Los presupuestos regionales una vez más se olvidan de la vivienda. Un año más un derecho como la vivienda sigue estando ausente de los planes de la Comunidad a pesar del enorme déficit que hay en nuestra región. Ni se construyen viviendas sociales, ni se toman medidas para disponer de las viviendas que tienen las entidades financieras, muchas de ellas en estado de abandono, como las de los Álamos en Mérida, o se dejan olvidadas a medio construir como ocurre con las 31 viviendas de Villafranca de los Barros que poco a poco se transformarán en una escombrera.

Los presupuestos regionales una vez más se olvidan de la vivienda. Un año más un derecho como la vivienda sigue estando ausente de los planes de la Comunidad a pesar del enorme déficit que hay en nuestra región

El PSOE ha aceptado destinar unos 200.000 euros para la compra del edificio del cuartel de la guardia civil, en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz. La noticia es positiva y esperemos que se lleve rápidamente hasta su ejecución definitiva, y no ocurra lo que pasó con el millón de euros destinado en los presupuestos regionales de 2015 para la compra de las 200 viviendas de los Álamos, que por arte de birlibirloque se quedaron sin ejecución presupuestaria, para desaparecer finalmente en años posteriores.

Las ayudas de alquiler que se proponen, además de ser escasas, son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los mortales, ya que para acceder a ellas hay que superar una verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añaden los habituales retrasos en la percepción de estas ayudas, y a veces el sorprendente rechazo de la concesión ya aprobada, por la falta de presupuestos.

Ante este conjunto de cosas, nos llama la atención que aparezcan partidas importantes que financien entidades como la Academia Europea e Ibeoramericana de Yuste con más de un 1.200.000 de euros, o se financie a las organizaciones empresariales y sindicales, que dan la sensación de que así vivirán bajo el techo del gobierno con una cantidad global que se aproxima a los 2.000.000 euros, más los 700.000 euros a las organizaciones agrarias más representativas.

Ante este conjunto de cosas, nos llama la atención que aparezcan partidas importantes que financien entidades como la Academia Europea e Ibeoramericana de Yuste con más de un 1.200.000 de euros, o se financie a las organizaciones empresariales y sindicales

En Educación, van a parar a la concertación educativa en Extremadura unas cantidades próximas a los 90 millones de euros para seguir subvencionando los diferentes niveles de enseñanza de centros educativos privados que en su mayoría están regidos por la Iglesia Católica. Un gobierno progresista debiera cambiar el sentido de la atención educativa de manera definitiva hacia lo público.

Consideramos que el gobierno regional tiene que exigir al Estado la modificación de las normativas que regulan el acceso a los subsidios para los mayores de 52 años. Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una región en la que muchas personas han trabajado toda su vida y no tienen las cotizaciones mínimas necesarias para cumplir con estos requisitos. Mucha gente, en nuestra comunidad, ha estado realizando trabajos en unas relaciones laborales precarias sin estar dadas de alta en la seguridad social, por lo que le resulta muy difícil reunir ciertos requisitos mínimos exigidos por la ley, 15 años de cotización a la jubilación y 6 años para el desempleo