Juicio del 1 de Octubre
Jordi Pina : “El Ministerio Fiscal no ha sido capaz de probar una breve violencia”

La penúltima jornada del Juicio del Procés antes de que quede visto para sentencia es el turno del alegato final de las defensas. El primer turno ha sido para el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde.

Juicio del referéndum 1 de octubre
Instantes previos al inicio del juicio sobre la responsabilidad del 1-O. Álvaro Minguito

publicado
2019-06-11 11:00:00

En la penúltima jornada del Juicio del Procés antes de que quede visto para sentencia han sido las defensas de los acusados las que han hecho sus últimos alegatos. Empezando con la defensa de Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde ha denunciado la que considera ha sido una “investigación política” y ha emitido quejas sobre un proceso que, según el abogado, se ha centrado en “simbolismos”. Sus palabras hacen referencia a los hechos del 20 de Septiembre, a las concentraciones ante la sede de Economía.

De esa jornada denuncia que las acusaciones se centraron, por ejemplo, en los coches de la Guardia Civil: “Son simbólicos, pero lo que no lo son son los 40,000 manifestantes, ninguno de ellos herido, o que no se sustrajera ningún arma de los vehículos”. También se ha hecho referencia a las declaraciones “sesgadas” de algunos de los protagonistas de las jornadas, como la letrada que tuvo que salir de la sede por el tejado: “No puede ser que declare que oyera desde dentro a Carme Forcadell, que ni siquiera habló. La secretaria judicial hizo un relato de terror de ese día y los hechos le contradicen”.

Esos hechos, según Van den Eynde, demuestran la incomodidad” de hacer un registro ante unos manifestantes “que no lo impiden, pero tienen unos derechos”. El abogado también ha denunciado que no se hayan mostrado todos los vídeos que reclamaban las defensas: “Esos archivos sí mostraban los hechos: los Jordis pidiendo calma son los hechos, no la incomodidad que mostraba el relato de la secretaria judicial”.

Pasando al 1 de Octubre, asegura que a Pérez de los Cobos “no le gusta el auto del Constitucional” y por eso, el abogado asegura que lo incumple. “Dijo en esta sala que la convivencia no está por encima del cumplimiento de la ley, contrariamente a lo que dice el auto”. Por eso, según el abogado, el Govern “tiró pa’lante, porque nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó. El escenario que se plantea de rebelión es absurdo”.

Hablando sobre la actuación de los cuerpos policiales, así como Van den Eynde asegura que la actuación de los Mossos fue coherente, acusa a la Guardia Civil de mentir en sus testimonios en el Juicio.

Respecto a la DUI, dice, “sólo estamos de acuerdo en una cosa: que su trascendencia política es simbólica”. La Fiscalía, según el abogado, ha hecho una lectura de la Declaración Unilateral “partidista y exagerada. Sobre los delitos que se les imputan a sus defendidos, sobre el de Rebelión ha dicho que yo aún no sé cuándo es el alzamiento. Quizás no me he enterado. Hay un problema de principio acusatorio bastante serio

La gente no salió a la calle a “derrocar el Estado, sólo a protestar, un día y otro a votar”, ha declarado el abogado. La pregunta clave de este juicio es determinar si se está haciendo un uso autoritario de la acusación de rebelión, ha declarado el abogado. Según la defensa, “nos están diciendo que eran los dos millones y medio de personas los que generaban el clima de rebelión”, pero Van den Eynde ha recordado que la rebelión debe ser un “acto de sublevación militarizado”. Así, “indignación la que quieran; violencia, ninguna”, ha sentenciado. 

Los actos multitudinarios que sustentan las acusaciones de rebelión o sedición, según el abogado, no fueron “indisciplina ni sublevación con un objetivo común como marcar posiciones o declarar la independencia, sino que simplemente son concentraciones para protestar. Si no hay alzamiento, ni violencia, ni armas, poco más tendríamos que decir”. 

El abogado ha señalado que las reglas de la OSCE dicen que nunca se actuará con fuerza sobre reuniones o manifestaciones no violentas aunque no sean ilegales. “Ese es el escenario”, señala respecto a la jornada del 1 de octubre. 

Se ha dirigido a la presentación de las pruebas sobre los dos acusados a los que representa el fiscal Zaragoza. “Eran prensa, editoriales. Y no es sorprendente porque lo primero que hizo en este juicio fue leer la editorial de un periódico, y se hablaba de paz”. 

También ha apuntado como el principio de intervención mínima: “Cuando hablamos de la ratio hay que hablar de porqué desapareció el delito de convocación de referéndum y ahora se aplica”. Van den Eynde ha hecho referencia al concepto de “violencia normativa” pronunciado por el fiscal Cadena. “Habló de ello ya cuando empezó el juicio”, señala el abogado, que afirma que en este concepto hay “una gran confusión”. “Se está confundiendo la desobediencia de manual con la rebelión. El golpe de Estado normativo, la negación de la norma, que alguien diga que no quiere cumplir con una cosa, se traslada a la rebelión, y es por la imposibilidad de probar la violencia que requiere el tipo penal de rebelión”. 

El 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía, sino que fue al revés. Esto es desobediencia de toda la vida

“La sedición también tiene que ser violenta”, ha señalado en referencia a los cargos de los que acusa la abogada del Estado. El abogado ha hecho referencia a la “perversión de la sedición: el 1 de octubre la gente no fue a parar a la policía, sino que fue al revés. Esto es desobediencia de toda la vida. El problema es que la desobediencia no basta a las acusaciones”, ha declarado. “No puede haber atribución del hecho a mis clientes: sólo participaron de una votación pidiendo la paz pública”.

También ha hecho Van den Eynde referencia a la acusación de malversación. Se ha centrado, en primera instancia al Departamento de Acción Exterior, “el miedo a la internacionalización no se puede entender: que no pueda venir gente de fuera a ver el referéndum o que no se pueda explicar un proyecto fuera no tiene sentido”, ha denunciado, añadiendo que “la criminalización de ideas se da solo cuando se las decimos a un francés, pero si nos las contamos aquí no pasa nada”.

“He mirado 200 veces el anuncio de catalanes en el exterior y ahí no sale el mapa de España: no hay ninguna Catalunya que se desgaje de España. La lectura debe ser muy subliminal para poder sustentar un delito de malversación”. “Los visitantes internacionales hace diez años que vienen a Catalunya”, continúa Van de Eynde, quien ha explicado que todas las actividades a las que se acusa de malversación se las tacha de este delito solo por haber tenido lugar en determinadas fechas.

“No se persigue ni a los votantes ni a los manifestantes porque es evidente que ejercían derechos fundamentales”

“El problema de la desobediencia es otro: la ponderación de derechos fundamentales. Qué pasa cuando la posición mayoritaria se encuentra en la predisposición de hacer actos de gobierno. Es una contradicción penal”. Sobre los derechos fundamentales ha seguido su exposición Van den Eynde. “No se persigue ni a los votantes ni a los manifestantes porque es evidente que ejercían derechos fundamentales”, ha sostenido el abogado.

“La Fiscalía ha hablado más del derecho de autodeterminación que las defensas, la palabra que usó fue ‘impugno el derecho de autodeterminación’”. “Pero yo no dicho que este juicio vaya sobre el derecho de autodeterminación, eso correspondería al Tribunal de la Haya, sino sobre qué pasa cuando un político cree que el pueblo tiene derecho de autodeterminación, si se tiene derecho a hablar de autodeterminación, a preguntarle a la gente qué opina”, ha continuado el abogado. “Y hablar es también votar, eso es de lo que se trata”. 

El abogado ha apuntado jurisprudencia europea que defiende el derecho a la libertad de expresión en cuanto a temáticas “que choquen”, como pueda ser el independentismo. “Protestar no es odiar”, ha recordado el abogado.

Van den Eynde ha continuado enumerando las vulneraciones a los derechos de sus representados durante este proceso, destacando, al final de ellos, el derecho a la presunción de inocencia. “¿Vamos a tolerar que cuando se juzgue a un ciudadano, se siente y antes de empezar el juicio se esté hablando en qué prisión se cumplirá la pena, qué régimen se le aplicará y en qué celda va a estar?”.

¿Qué modelo de Estado queremos? ¿Queremos un ‘Mundo Feliz’ en el que nadie protesta? Ese es el modelo que quieren las acusaciones, el modelo del ex ministro Zoido, que se preguntaba por qué habían ido a votar

“¿Qué modelo de Estado queremos? ¿Queremos un ‘Mundo Feliz’ en el que nadie protesta? Ese es el modelo que quieren las acusaciones, el modelo del ex ministro Zoido, que se preguntaba por qué habían ido a votar”, se pregunta el abogado. “En la democracia se hacen cosas y lo que la distingue del totalitarismo es cómo se responde ante la protesta. El derecho penal del enemigo es un termómetro; los derechos fundamentales son cartas de triunfo y uno de ellos es la libertad. No estoy haciendo solicitud formal de libertad provisional”, continúa.

“Este juicio es una oportunidad, es una forma de superar una crisis, porque la política no va a desaparecer ni la gente va a dejar de protestar, y le tenemos que devolver la pelota a la política, y es una cosa interesante que puede hacer la sentencia. Las hojas de ruta se planteaban en términos de negociación, porque la política es negociación y es multilateral, y cuando no la hay hay protesta y hay indignación”.

El segundo representante de las defensas en tomar la palabra ha sido Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn i Meritxell Borràs, quien ha empezado su intervención denunciando la “trivialización” que considera que ha caracterizado el proceso judicial. “La mera mención a los nazis puede tergiversar todo lo que suceda en este juicio. Se contamina el debate”, ha asegurado. “Por mucho que se hable de la violencia potencial, lo que no se puede hacer es trivializar la violencia de tan sangrientos sucesos, es faltar al respeto a las víctimas”.

Sobre las víctimas, pero las del Referéndum, ha seguido Melero, que ha criticado que las personas heridas durante el 1-O fueran “ninguneadas e imputadas a los organizadores del Referéndum” y no a los ejecutores de la violencia. El ministerio fiscal debe partir de la premisa que los asistentes al referéndum o al 20S fueron “meros instrumentos de un hombre que manipulaba su decisión y actuación. Pero ¿cómo se hace esto con dos millones y medio de personas?”, se ha preguntado Melero.

Sobre las capacidades y competencias de la Generalitat ha versado la intervención de Melero, quien ha partido de la declaración del Fiscal Zaragoza, quien dijo que “el Govern de la Generalitat ya tenía el poder, sólo tenía que cortar las amarras”. Pero el poder, según el abogado, “es la capacidad de imponer por la fuerza un marco normativo. La Generalitat no puede imponer, ni cortar amarras. De hecho hizo lo posible para poner en las manos del Estado este poder el día 27 de Octubre. Las únicas actas de la Generalitat son actas de abandono del poder”.

No estamos aquí para juzgar a policías: los que actuaron bien, nada hay que decir, pero adolecieron de un gravísimo déficit de organización que fue pretendido y buscado

“Quien viene aquí a defender a la policía soy yo”, ha dicho Melero, en referencia a que uno de sus clientes, Joaquim Forn, fue Conseller de Interior, responsable de los Mossos d’Esquadra. “No estamos aquí para juzgar a policías: los que actuaron bien, nada hay que decir, pero adolecieron de un gravísimo déficit de organización que fue pretendido y buscado”.

Sobre la violencia como elemento fundamental para entender las acusaciones que recaen sobre los acusados, Melero ha criticado que se desacredite a toda una administración pública como es la Generalitat “acusándolos de conspiración”. Sobre esto, ha entrado en la pretensión que Forn desobedeciera al Constitucional. “Se trata de un brindis al sol desde el punto de vista probatorio”, ha afirmado su abogado. Pero “cedo esta trinchera: el señor Forn desobedeció al Constitucional”.

Melero ha asegurado que su defendido hizo actos para evitar la celebración del referéndum desde su papel de representante de la administración. “Con el objetivo de reforzar la Policía al servicio del Constitucional y el TSJC”. Pero la “trinchera de la desobediencia la cedo con gusto, porque si la desobediencia se basa en participar de un Gobierno y no basta hacer acciones positivas para obedecer al TC, no puedo hacer nada”, ha añadido. “Todo lo relativo a la desobediencia ha sido disfuncional en este juicio”, ha sentenciado.

Sobre el delito de rebelión, Melero ha asegurado que “me hacía el planteamiento sobre la rebelión clásica, pero se ve que hemos pasado al momento de las redes sociales”, ha dicho en referencia a los tuits presentados como pruebas por las acusaciones.

“Quería argumentos para buscar y objetivar la violencia que pudiera haber ejercido la Generalitat”, ha comentado Melero, con todo irónico. Se ha centrado en la “apacidad de fuego de la fuerza rebelde”. Los resultados de comparar la fuerza de Los Mossos, fuerza de una comunidad autónoma que se encuentra en alerta 4 antiterrorista, son “irrisorios” comparados con la Guardia Civil, según Melero. Siguiendo con su argumento, Melero dice que la estrategia de cesión del poder de la Generalitat se cerró con la “acatación inmediata del 155”.

La prueba de ello, dice Melero, es que en el momento preciso de la DUI, Forn se despide. “Sólo pueden pasar dos cosas ahora: o elecciones o 155”, y en los dos escenarios Forn se debía ir. “Los hechos del 27 de octubre se han analizado muy poco en este juicio”, ha destacado Melero. “Después de las leyes de desconexión, la Generalitat lo único que hace es incumplir sistemáticamente lo que se decretó en esas leyes”.

“Soy consciente de que a muchos les puede molestar esta versión de los hechos”, ha apuntado Melero, que ha reiterado que la Generalitat no hizo ninguna declaración de independencia, “digan lo que digan ellos”.

Siguiendo con la violencia, que sustenta las acusaciones, Melero ha afirmado que este juicio se ha basado en una “tesis novedosa de la violencia”, en la que no se habla de la violencia que se ejerza desde el poder sino de la que sufra la ciudadanía. “El alzamiento en que los alzados sufren la violencia”.

En esta línea, Melero ha hecho referencia a que el único plan de actuación de cara al referéndum “con sentido” era el de los Mossos d’Esquadra. Por eso, “pudo ser objeto de crítica por parte del Ministerio Fiscal”, según el abogado. La actuación de la policía puede ser base para la acusación de rebelión y sedición, según Melero, ya que los Mossos, “cuando la ciudadanía no delite, ellos no cargan. Pero según parece, que la policía se porte bien significa cargar, porque los ciudadanos son sediciosos, aunque no cometan ninguna falta activamente”.

Así, Melero se ha preguntado qué deberían haber hecho los Mossos, “¿disparar a matar?”. El abogado ha asegurado que los manifestantes del 20S, fueron “numerosísimos” y por tanto molestos: “yo vivo ahí cerca y todo el mundo se manifiesta ahí: preferiría que las prohibieran y pusieran un ‘manifestódromo’. A veces ver la ejecución de la libertad ajena produce molestias, pero eso es democracia”. Y, añade, “a quién se portó mal, la BRIMO de los Mossos d’Esquadra le dio lo suyo”.

Los agentes, afirma Melero, mostraron su preocupación y su malestar respecto a la situación. “Me lo creo; les molestaban las declaraciones de los políticos y la poca concreción de las actuaciones, porque no querían incurrir en un delito de desobediencia”. Sobre la jornada del 1 de octubre, ha recordado que se suspendieron las jornadas de coordinación de las fuerzas policiales. “Se nos ha puesto de manifiesto que el dispositivo de coordinación era un fraude: vinieron a hacer una intervención unilateral. Los agentes no sabían que se tenían que coordinar con los Mossos”. Si alguien quedó “a los pies de los caballos el 1 de Octubre”, dice Melero, fueron los Mossos. “Ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial; desde este punto de vista, la orden es un fracaso”. Melero, que se ha referido a los agentes policiales como “sufridos funcionarios”, ha asegurado que la falta de coordinación fue una falta para un cuerpo que no se merece “las consecuencias que la actuación ha tenido en su reputación”.

Después del descanso de la comida, le ha tocado el turno a Jordi Pina, abogado de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Ha comenzado haciendo referencia al informe del fiscal Zaragoza, en el que este decía que estábamos ante un golpe de Estado. “No existe ningún delito de golpe de Estado”, ha señalado el abogado. “Por más frases grandilocuentes que haya no lo encontrará”.

En cuanto el delito de rebelión, Pina ha afirmando que “mal empezaba el fiscal” al decir que era un tipo de rebelión distinta. “Los delitos no son distintos, son los que son y están tipificados en el Código Penal, y el legislador va enriqueciendo el Código Penal adaptándolo a las nuevas formas. No es que el Código Penal esté obsoleto”. El primer análisis que Pina ha señalado que hay que hacer es que el delito de rebelión parte del “alzarse públicamente”, lo que es una conducta patente de sublevación de muchos ciudadanos. “¿Cuando se ha producido este alzamiento?”, señala Pina que hay que preguntarse. Pina apunta que, según el escrito de acusación de Fiscalía, en el año 2012. “Luego se hablaba de 2015, luego de un periodo insurreccional entre mediados de septiembre y hasta noviembre de 2017”, continúa Pina. “En este periodo insurreccional hubo una grandísima manifestación por la unidad de España a la que acudieron miles de ciudadanos, y después la fiesta de la Hispanidad, ¿a alguien le cabe en la cabeza que en un periodo insurreccional se permita que miles de ciudadanos contrarios a la independencia de Catalunya puedan libremente manifestarse por las calles de Catalunya?”. Pina ha señalado también que en estas manifestaciones también hubo algunos accidentes, se tiraron vallas y se agredieron a policías. “Y a nadie se le ocurrió atacar a los organizadores de la manifestación, porque en Catalunya hay paz, por más que digan políticos que lo que quieren es la confrontación”.

Todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar contra resoluciones de los jueces, eso es la sana crítica

“Miremos la hemeroteca”, sugiere Pina. “En los días de septiembre, ¿a alguien se le ocurrió decir que había un delito de rebelión?”, continúa. “No son alzamientos lo que hubo en ese periodo, son protestas, son manifestaciones. Todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar contra resoluciones de los jueces, eso es la sana crítica”. “Jueces hay muchos, y jueces que hayan prevaricado también, mal que nos pese”, concluye.

El abogado ha continuado analizando el artículo 473 del Código Penal, en el que se recoge distintas categorías de responsables de un supuesto caso de rebelión, apuntando que muchos de los nombres no están en esta sala, sino en otros juzgados o tribunales.

También la sentencia 1022 del 2012, en el que el Tribunal Supremo decía, respecto al autor inmediato de un delito, que había que haber un dominio psíquico o forma de control estructurada, como pasa en los sicarios, que actúan en nombre de otro. “Nadie entiende un delito de rebelión sin promotores y sin subalternos”. “Nadie ha traído a los responsables del Ejército de Catalunya”, prosigue el abogado. “Y no nos olvidemos de los que votaron no, ¿también se va acusar de rebelión a una persona que ha ido al referéndum y ha metido su voto en la urna en contra de la independencia?”.

Tras ello, ha recordado la actitud del rey Felipe VI sobre lo ocurrido en Catalunya: “Repasemos el discurso del 3 de octubre del rey, no habla en ningún momento de rebelión o de situaciones de violencia. Nadie percibió lo que a decir del excelentísimo señor fiscal puede ser un golpe de Estado, porque la resistencia pasiva de los ciudadanos es incompatible con el alzamiento público”. “Orgullo de país ver la gran manifestación sin un papel en el suelo”, señala en cuanto a la manifestación que se organizó con la entrada en la cárcel de los Jordis.

El abogado ha continuado con el concepto de violencia que se ha utilizado en el juicio al Procés. “Se utilizan unos epítetos que ponen los pelos de punta: armas, fuego…”. En cambio, la realidad, según recuerda Pina, fue muy distinta. “El día 20 de septiembre, una valla dañada, una joyería a escasos metros ni tuvo que cerrar y La Caixa, que cambió su sede y no es que sea la gran amiga del independentismo, nada.”, señala. “Los propietarios de los bares que estaban ahí al lado hicieron el agosto y hubo cinco detenidos, ¿ese es el concepto de violencia?”. “La acusación es incapaz de presentar un solo vídeo con cuatro actos concretos de leve violencia”, ha continuado. “Nos hemos aburrido dos días viendo vídeos, ¿dónde están las agresiones a policías? Hemos visto actuaciones desproporcionadas de los policías”.

Pina ha subrayado que el Ministerio Fiscal no ha sido capaz de probar una breve violencia y que incluso ha intentado meter a los propios ciudadanos agredidos por la policía, que habrían participado en la rebelión, como víctimas causadas por los acusados de rebelión.

“Yo fui a votar el 1 de octubre, me fui a dormir a casa y al día siguiente me fui a trabajar”, recuerda. “Y el 26 de octubre se proclamó la independencia y lo que tú quieras, ¿el 27 de octubre pasó algo, hubo algarabía? Pues no, fuimos todos a trabajar. ¿Eso es compatible con la violencia tan grave de la que se acusa a estas personas para que lleven dos años privados de libertad? Nada, paz, civismo, concordia”.

“Nos guste o no nos guste, lo que hemos estado analizando estos cuatro meses es la conducta que ya no está en el Código Penal”, ha dicho en referencia a la despenalizada convocatoria de referéndum, que tenía una pena de hasta 5 años de cárcel. “Se inclinó por decir que era un delito de desobediencia por que es desobedecer al Tribunal Constitucional”.

En cuanto a la sedición, en los artículos 544 y 545 del Código Penal, del que acusa la abogada del Estado, el abogado ha afirmado que no se puede estar de acuerdo en cuanto a que el delito de sedición no supone una actuación violenta. “¿Por qué? Porque es incompatible que en el capítulo del bien jurídico protegido de orden público, para delitos como desórdenes público o atentados, con penas de hasta cuatro años de cárcel, se requiere de violencia, por sentido común, ¿cómo puede ser que para la sedición no se requiera de violencia?”.

Finalmente, Pina ha respondido a la acusación de organización criminal de Vox. “Si esto fuera, todos los delitos que se cometen por parte de miembros de un gobierno, también serían organización criminal”.

Y de ahí al concepto de “autoría adhesiva”, por el que se responsabiliza a Turull de supuestos gastos cometidos cuando él no estaba al frente de ninguna consejería, en relación al delito de malversación del que se le acusa. “Aquí los hechos que se imputan al señor Turull no se estaban ejecutando, ya se habían consumado, y la anterior consellera no ha sido ni llamada al procedimiento”.

Sobre los gastos relacionados con el CTTI —Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya—, el abogado señala que no se ha podido delimitar cuáles son porque no los hay. En cuanto a la web del referéndum, ha recordado que era de 2006, de la época de Pascual Maragall.

Y también el Carnet Jove —que durante la instrucción desde la Guardia Civil se ha dicho que podría haber financiado el referéndum—, las acampadas. “Una cosa es decir ‘busca cosas que se relacionen con el referéndum’ y otra es hacer el ridículo”. Ha continuado con Unipost: “Se presentan unos funcionarios policiales sin orden de entrada y registro, no informan de sus derechos, les quitan los teléfonos móviles y al final, cuando es tarde, piden una orden de entrada y registro que el juzgado número 13 les deniega. Y no es verdad que ciudadanos recibieran cartas que les dijeran que iban a ser presidentes o tal en las mesas. El servicio postal de Unipost del 1 de octubre no se prestó y se sigue imputando a Turull un millón de euros”.

Jordi Pina ha continuado con la segunda parte de sus conclusiones, en cuanto a cada uno de sus defendidos por delitos que se les imputan. Sobre Turull, Pina ha señalado que el Libro Blanco es un documento académico, que nunca fue impugnado, y es de 2014. “Si lo leen, evidentemente verán que no puede ser la prueba de un concierto”. Sobre la hoja de ruta, un documento que también se ha presentado como prueba del concierto entre acusados, señala que cuando se realizó Turull no era miembro del Gobierno”. Del documento Enfocats, Pina ha afirmado que nadie tiene ni idea de qué es ni ha habido ninguna mención de que hubiera corrido este documento entre los acusados. Y ya, la agenda moleskine. “Vale que no somos posmodernos y no usamos el email, pues vayamos a la agenda Moleskine, ¿no es razonable que se reuniera con sus homónimos? ¿cuántas reuniones tiene con Jordi Sánchez o Jordi Cuixart?”.

“El señor Turull lleva más tiempo en prisión del que estuvo de conseller”, ha concluido en cuanto a Jordi Turull, tras señalar que gran parte de la acusación parte de algunos tuits.

Pina ha continuado con Josep Rull, acusado principalmente en cuanto al no atraco del barco de Piolín, que albergaba a las fuerzas y cuerpos mandados desde Madrid a Catalunya. Un tuit del día 20 que decía “en efecto, no les hemos dejado atracar” sería la principal prueba. “Nosotros hemos trabajado mucho y lo hemos explicado arduamente, que este tuit era referido un artículo de La Razón en el que se decía que no había atracado en Palamós un barco, y no había atracado por razones técnicas”.

Entre las razones técnicas, el abogado señala que simplemente no cabían dos barcos. “¿16 años de prisión por un tuit en el que decía que no había dejado atracar a un barco?”.

“Y la entrevista del periódico El Nacional ya me supera”, continúa el abogado. “Se engañó al Ministerio Fiscal y se cogió lo que se quiso de esa entrevista, trocitos de una pregunta, trocitos de una respuesta, trocitos de otra respuesta, creando algo que no tiene nada que ver con la entrevista”.

Pina ha continuado con la acusación de Jordi Sánchez, de Asamblea Nacional Catalana (ANC). “El referéndum lo organizó el Gobierno del señor Puigdemont, no lo hizo Jordi Sánchez ni la ANC”. Sobre la hoja de ruta de ANC, el abogado recuerda que durante el juicio el fiscal no ha preguntado a Sánchez por ella. “Da la sensación de que los ciudadanos de Catalunya que van a estas movilizaciones son como borregos, que no tienen criterio propio, y que aquí es el Govern de la Generalitat quien dice vamos a movilizar a estos tontos, y no funciona así, son los ciudadanos los que reclaman”.

Pina ha recordado que el fiscal afirma que Sánchez merece mayor reproche penal por incitar a la gente a ir a votar, por unos tuits en lo que decía que “ni el TC ni nadie va a impedir que vayamos a votar” y que “los que hayan votado que se mantengan en los colegios”. El abogado señala que el fiscal tampoco le preguntó a Sánchez sobre estos tuits. “Cuando no se le pregunta se le está hurtando la posibilidad decir si esto es verdad o no”. Tampoco se le preguntó por el tuit en el que decía “hemos defendido urna a urna”.

Sobre el 20 de septiembre, Pina reitera que el fiscal ha hecho oídos sordos a lo dicho en la sala. “Yo sí he estado atentos, hasta descubrí que un testigo ha venido dos veces”. El abogado señala que sí ha quedado probado que los manifestantes se manifestaron espontáneamente y se escoge la conselleria porque es un punto simbólico. “Es normal cometer un delito de rebelión o sedición y comunicarlo a las autoridades?”, se pregunta Pina recordando que la ANC comunicó la concentración, diciendo hora de inicio, final y calculando en 2.000 personas los asistentes. En segundo lugar, el abogado recuerda que en todo momento se enviaron mensajes llamando a tener una actitud pacífica, que hubo actuaciones musicales, entrevistas, aparecieron diversos políticos. “Esto es acorde con una actuación de un posible delito de rebelión o sedición?”, vuelve a preguntarse el abogado.

Pina ha recordado que si volvió a la Conselleria de Economía fue porque se lo pidieron los Mossos d’Esquadra. Y que, en cuanto a las armas, Sánchez avisó que se marchaba y los voluntarios de ANC también, para que fuera la policía a proteger los vehículos. “Se intentó hacer un pasillo y se intentó colaborar en todo”, sigue el abogado.

“Yo respeto mucho la sensación que pudo tener la letrada de Justicia en el cumplimiento de su función, porque las percepciones son muy personales, pero lo que sí puedo criticar es que diga cosas que no son ciertas”, ha dicho Pina sonre al “intento de invasión” que recibió la funcionaria que intentó salir de la conselleria por el tejado. “No le sacamos punta al lápiz en mucho de lo que se dice, pero en los atestados se ha llegado a decir que se lanzaban contra la puerta de Via Laietana aviones de papel y quien ha firmado eso ni se ha ruborizado”. Pina, para terminar, ha anunciado que ha dejado presentados en la sala un escrito por cada uno de sus representados solicitando la libertad condicional mientras se emite la sentencia. “El tribunal puede estar menos encorsetado si no les tiene encarcelados”. Para finalizar ha dado las gracias a sus tres defendidos por el honor de representarles. 


CATALUNYA PLURAL
Esta crónica es parte de la colaboración entre El Salto y Catalunya Plural. Puedes leer el texto en catalán aquí

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