Israel
Una filial de la israelí ICTS ha vigilado 19 instalaciones públicas vascas y factura 24 millones desde 2019

En las declaraciones posteriores al episodio de represión policial vivido en el aeropuerto de Loiu el pasado sábado 23 de mayo, aplaudido por los sindicatos policiales de la Ertzaintza, Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno vasco, afirmó que “los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto”. En Loiu, esa seguridad aeroportuaria está adjudicada a I-Sec Aviation Security, filial de la multinacional israelí ICTS fundada en 1982 por exagentes del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y de la unidad de seguridad de El AI (Israel Airlines), presidida desde 2004 por Menachem J. Atzmon —condenado en 1996 por la justicia israelí por fraude a raíz de su rol como tesorero en la financiación de las campañas del Likud—, y que mantiene su centro de Investigación y Desarrollo en Israel.

Según testimonios presenciales, tras saberse que en el vuelo previsto a las 11.10 no llegarían los integrantes de la flotilla, solo había tres ertzainas visibles y alejados de la zona de llegadas. Los familiares y allegados se dispersaron ligeramente “para tomar café o retirar las piernas”, relata una de las personas presentes. Fue entre este momento y la llegada del segundo vuelo, previsto para las 13.23, cuando aparecieron varias furgonetas de antidisturbios y se desplegó el cordón policial. La secuencia y las declaraciones del consejero invitan a investigar qué sucedió en las casi dos horas entre ambos vuelos y qué llevó a la Ertzaintza a desplegar a los antidisturbios en un dispositivo que no estaba previsto inicialmente, así como a cuestionar el papel que pudo desempeñar la seguridad aeroportuaria en la activación o refuerzo del dispositivo. 

La matriz ICTS fue fundada en 1982 por ex agentes israelís del Shin Bet y de la unidad de seguridad de El Al, y la preside Menachem J. Atzmon, condenado en 1996 por fraude en la financiación de campañas del Likud cuando era tesorero del partido de Netanyahu

El testimonio que ha podido recoger Hordago-El Salto concluye que “llegaron tres furgones y se pudieron a hacer identificaciones preventivas”, según explicaron los propios agentes a estas fuentes, para después “rodear los laterales de la barra de separación de llegadas para evitar que pudiéramos entrar al aurresku ni abrazar a los familiares y amistades”. En su intervención en inglés ante el Parlamento Vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que uno de los integrantes empujó a un mando de la Ertzaintza y agredió a otro agente cuando intentaba mantener el perímetro de seguridad para justificar su actuación. Al mismo tiempo ha reconocido “la repercusión que han tenido estas imágenes en todo el mundo” y ha sentido lo ocurrido “especialmente porque no debería haber sucedido nunca”.

Lo ocurrido en Loiu es la rendija por la que se ha hecho visible una arquitectura de adjudicaciones públicas que llevaba años consolidándose en silencio. La empresa que custodiaba la terminal donde la Ertzaintza cargó contra los allegados de la Global Sumud Flotilla es la misma que prestó servicios de seguridad al super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun, su academia de Arkauti, el centro de internamiento para menores de edad de Zumarraga, Metro Bilbao, varios puertos pesqueros de Bizkaia y varios centros de salud de Osakidetza. La pregunta sobre qué papel jugó la seguridad privada en la activación del dispositivo antidisturbios cobra una dimensión mayor cuando se sitúa sobre el mapa completo de los contratos públicos que el sector institucional vasco mantiene, desde finales de 2019, con I-Sec Aviation Security S.L.

La administración pública vasca ha externalizado estos servicios a una sociedad cuya matriz opera su I+D en Israel y está presidida por un exresponsable financiero del partido que hoy ordena la ofensiva sobre Gaza

El 30 de diciembre de 2022, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco —del que depende la Ertzaintza— formalizó con la sociedad I-Sec Aviation Security S.L. un contrato que cubre la vigilancia para el centro de internamiento para menores de edad Ibaiondo ubicado en Zumarraga. El contrato continúa hoy en estado de modificación, con un precio de adjudicación final superior a los dos millones de euros y una modificación de la prórroga por 1.312.500 euros adicionales. Pero no es el único: I-Sec acumula 19 adjudicaciones del sector público vasco desde finales de 2019, por un valor agregado de 23.958.833 euros con IVA si se contabilizan prórrogas y modificaciones contractuales.

Los datos proceden del análisis de la totalidad de adjudicaciones publicadas en la plataforma oficial de contratación pública de Euskadi. La administración pública vasca ha externalizado estos servicios a una sociedad cuya matriz registra su domicilio social en los Países Bajos, opera su I+D en Israel y está presidida por un exresponsable financiero del partido que hoy ordena la ofensiva sobre Gaza. Este recuento se cierra después del fin de semana —23 y 24 de mayo— en el que la Ertzaintza cargó contra los activistas de la Global Sumud Flotilla a su llegada a Loiu, una operación sobre la que informé añadiendo el rol de I-Sec en labores de seguridad del aeropuerto.

El reparto institucional vasco

Cuatro de los diecinueve contratos firmados por I-Sec en la Comunidad Autónoma del País Vasco los gestiona directamente el Departamento de Seguridad. El más visible —y el más antiguo— es el del super-cuartel de la Ertzaintza en Oiartzun (Gipuzkoa) por dos millones de euros en la adjudicación inicial de 2020, a los que se fueron sumando dos prórrogas posteriores hasta enero de 2024 de un millón de euros cada una, hasta alcanzar la cifra de cuatro millones. Le sigue la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkauti (Araba), donde I-Sec se hizo cargo en 2020 del servicio de seguridad privada por 1.512.296 euros, contando con una prórroga hasta noviembre de 2024 por el mismo importe, lo que eleva la cuantía total del contrato a 3.024.592 euros.

Diez meses antes, en julio de 2020, el mismo departamento le había adjudicado un contrato menor de 11.000 euros, por la vía de “emergencia covid-19”, para la protección personal de 22 personas durante las elecciones al Parlamento Vasco de aquel año. El cuarto contrato del Departamento de Seguridad es el ya citado de diciembre de 2022, correspondiente al centro de internamiento para menores de edad Ibaiondo, ubicado en Zumarraga (Gipuzkoa), cuyo coste ascendió a 1,6 millones.

La empresa ha venido custodiando el super-cuartel de la Ertzaintza de Oiartzun, su academia de Arkauti, un centro de internamiento de menores, el Metro de Bilbao, varios puertos pesqueros y parte de la red de Osakidetza, además del aeropuerto de Loiu vía Aena.

La adjudicación de mayor cuantía no procede, sin embargo, del Departamento de Seguridad. Metro Bilbao S.A. formalizó el 10 de marzo de 2025 un contrato por 6.492.884 euros. La vigilancia de parte de las instalaciones y del material móvil del suburbano queda, hasta la finalización del contrato, en manos de la filial de ICTS. 

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco firmó en diciembre de 2019 la seguridad de los puertos de Ondarroa, Lekeitio, Mundaka y Bermeo por 2.621.427 euros, e incorporó después tres modificaciones contractuales en julio de 2020, marzo y julio de 2021 (19.180, 176.083 y 38.384 euros) y una prórroga en enero de 2022 por 2.797.510 euros, hasta totalizar 5.652.584 euros en el conjunto del contrato. A esa cifra se suman dos contratos menores —cobertura estival de los puertos de Armintza y Elantxobe en 2020 por 18.132 euros y servicio complementario para la nueva lonja de Ondarroa en febrero de 2021 por 17.642 euros.

El contrato de mayor cuantía lo firmó Metro Bilbao el 10 de marzo de 2025: 6.492.884 euros con IVA por la vigilancia de las instalaciones y del material móvil del suburbano

Osakidetza concentra el otro polo del entramado y es —por detrás de Metro Bilbao y del Departamento de Seguridad— la tercera pata más voluminosa del recuento. La Red de Salud Mental de Bizkaia formalizó el 11 de febrero de 2020 dos lotes del mismo expediente: el Lote 3 del Hospital de Zaldibar, por 612.503,55 euros, y el Lote 4 del Hospital de Zamudio, por 905.848 euros, ambos con una duración prevista de 24 meses. Tres años después, en junio de 2023, la misma RSMB adjudicó dos contratos consecutivos —ambos hoy en modificación— para los centros de salud mental Uribe y Ajuriaguerra, por 33.987,06 euros cada uno, a los que se han incorporado dos prórrogas por contrato (de 16.993,53 y 25.490,30 euros respectivamente).

El Hospital Gorliz adjudicó en 2023 cuatro contratos menores de seguridad a I-Sec por 69.423,32 euros en conjunto, y la entidad foral de Araba Agencia de Desarrollo le entregó dos contratos consecutivos (enero de 2023 y octubre de 2024) por la vigilancia diurna del antiguo Colegio Izarra International College, en el concejo de Beluntza (Araba), por 63.201,52 euros conjuntos.

Loiu: la puerta que Aena entregó al grupo de Atzmon

El aeropuerto de Bilbao, en Loiu, queda fuera de la jurisdicción de la plataforma oficial de contratación pública de Euskadi porque su explotación depende de Aena, sociedad mercantil estatal mayoritariamente pública. El 30 de noviembre de 2023, ya iniciada la ofensiva sobre Gaza, Aena adjudicó a I-Sec el centro de gestión aeroportuaria y el control de pasajeros y equipajes facturados de 14 aeropuertos —entre ellos Bilbao, Gasteiz y Hondarribia— por más de 268 millones de euros para los cuatro años siguientes. La operación convertía a la filial española del grupo israelí en la segunda mayor proveedora de seguridad de la red estatal, con el 30% del total.

La hoja de servicios de ICTS en aeropuertos europeos y norteamericanos no se sostiene sobre una historia de eficacia operativa. Su filial Huntleigh USA era responsable del cribado de embarque en Boston-Logan y Newark el 11 de septiembre de 2001. El propio grupo gestionaba la seguridad del aeropuerto Charles de Gaulle de París cuando, el 22 de diciembre de aquel año, Richard Reid embarcó con explosivos en los zapatos en un vuelo a Miami. 

Aena adjudicó a I-Sec el 30 de noviembre de 2023, ya iniciada la ofensiva sobre Gaza, la seguridad de 14 aeropuertos —entre ellos Bilbao, Gasteiz y Hondarribia— por más de 268 millones de euros, convirtiéndola en la segunda mayor proveedora de la red estatal con el 30% del total.

Sus filiales I-SEC y PI operaban el cribado de pasajeros del aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, cuando, el 25 de diciembre de 2009, el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab cruzó los controles con un explosivo cosido a la ropa interior rumbo a Detroit. 

Haaretz publicó entonces, en enero de 2010, un reportaje titulado “Empresa israelí señalada por dejar pasar a un aspirante a bombardero”. Ninguno de aquellos episodios impidió que el grupo siguiera concentrando contratos públicos a ambos lados del Atlántico. La estabilidad del negocio, en su caso, no parece dependiente del desempeño técnico, sino del prestigio comercial que sus operadores —ex agentes del Shin Bet y de El Al— han exportado durante cuatro décadas bajo la etiqueta de “doctrina israelí” de seguridad aeroportuaria.

ICTS: del Shin Bet al Likud

ICTS International N.V. fue creada en 1982 por un grupo de profesionales del Shin Bet —el servicio de seguridad interior israelí— y de la unidad de seguridad de la aerolínea El AI, con el objetivo declarado de exportar al mercado privado los protocolos desarrollados por Israel para la protección de la aviación comercial. Su accionariado de control quedó hace dos décadas en manos de Menachem J. Atzmon, presidente del consejo de supervisión desde 2004 y propietario de más del 60% del capital a través de un fideicomiso familiar. 

La trayectoria pública de Atzmon en Israel no se limita a la gestión empresarial: en 1996 fue condenado por fraude en la financiación de las campañas electorales del Likud, delitos cometidos cuando ejercía como tesorero del partido que hoy lidera Benjamín Netanyahu y cuyo Gobierno coordina la ofensiva en Gaza.

Filiales de ICTS estaban a cargo del cribado en Boston-Logan y Newark el 11-S, en Charles de Gaulle cuando Richard Reid embarcó con explosivos en los zapatos, y en Schiphol cuando el “bombardero de la ropa interior” cruzó los controles rumbo a Detroit.

El grupo opera hoy a través de tres grandes filiales. I-SEC International Security Group, con sede registrada en los Países Bajos, agrupa la actividad de seguridad aeroportuaria que en el Estado español canaliza I-Sec Aviation Security S.L. La estadounidense Huntleigh USA, encargada del cribado de pasajeros en aeropuertos norteamericanos, fue la responsable del filtro de embarque de los aviones que salieron de Boston-Logan y de Newark el 11 de septiembre de 2001 y se estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

La tercera filial, Au10tix, también con base en Israel, opera los sistemas de verificación de identidad de plataformas digitales como X y PayPal: el mismo grupo que escanea el equipaje en Loiu valida la identidad de los usuarios que abren una cuenta en la red social comprada por Elon Musk. Hace meses que organizaciones del movimiento BDS reclaman a administraciones europeas que no renueven contratos con la matriz ICTS por su engarce con la economía israelí de la seguridad.