Israel
Aduanas inspecciona un barco con químicos procedente de Israel, Rescop exige su decomiso

Desde el mediodía, un equipo de la Agencia Tributaria, responsable del servicio de aduanas, inspecciona el material que carga el buque Trans Tind que, a pesar de llevar bandera de Bahamas, pertenece a la compañía israelí ICL y tiene previsto descargar 4.500 toneladas de ácido fosfórico en el puerto de Cartagena (Murcia).

La agencia gubernamental ha procedido a detener el barco temporalmente “para garantizar que el destino final corresponde exclusivamente a la fabricación de fertilizantes”, según ha confirmado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en declaraciones obtenidas por la Cadena Ser.

Se trata de una de las primeras medidas de este tipo puestas en marcha por el Gobierno y se corresponde, aparentemente, con el control de puertos para el uso de buques con destino Israel que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció el lunes 8 de septiembre.

La Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina ha enviado un escrito exigiendo el bloqueo y decomiso del barco Trans Tind, en base a los negocios que ICL ha hecho merced a la ocupación de territorios palestinos y recuerdan que “cualquier tipo de intercambio comercial con esta empresa implica complicidad con la denominada economía de la ocupación”.

ICL participa activamente en el aparato industrial militar del genocidio, subraya la red Rescop, dado que una de sus filiales en EEUU es la que provee de fósforo blanco a Israel, el mismo que luego es utilizado para fabricar las bombas usadas en Gaza, “tal y como ha sido reportado por Amnistía Internacional”. Además, ICL está controlada mayoritariamente por Israel Corporation, uno de los mayores conglomerados del país, que controla a su vez la naviera ZIM, empresa que transporta armas de EEUU a Israel. 

“Si el Gobierno no actúa”, bloqueando y decomisando el barco, señalan desde Rescop, “estaría contradiciendo su propio paquete de medidas. El bloqueo, además, está amparado por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, aprobado con el voto a favor de España, señalan, ”el cual exige a los países medidas para impedir 'relaciones comerciales y de inversión' que refuercen, faciliten o mantengan la ocupación ilegal israelí".

Según el Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), ICL cuenta con una fuerte presencia en Catalunya, Murcia, Valencia y Mallorca bajo el nombre de ICL-Iberia o Iberpotash. Y no solo importa minerales, sino que también explota las minas de Súria y Sallente, en la comarca del Bages, desde 1998, una actividad que ha generado graves impactos ambientales. El ODHE responsabiliza a esta empresa de vender durante años fósforo blanco para proyectiles en Estados Unidos, proveedor del ejército israelí, convirtiéndose en “cómplice del uso de este tipo de proyectiles contra zonas densamente pobladas de Gaza”. A su vez, añaden desde esta organización de derechos humanos, la empresa ICL apoya de forma abierta y visible “la militarización del conflicto, contribuyendo no sólo al negocio de las armas incendiarias, sino financiando directamente diversas actividades y unidades” del ejército israelí.