Islas Canarias
Una manifestación en Gran Canaria denuncia la creciente crisis habitacional que atraviesa la isla

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria volvió a convertirse en escenario de reivindicación social con la manifestación bajo el lema “La vivienda nos cuesta la vida”. La protesta, celebrada en el barrio de Schamann y con punto de encuentro en el Parque del Canódromo, reunió a centenares de vecinos y vecinas, colectivos sociales y personas afectadas por la creciente crisis habitacional que atraviesa la isla.

La movilización se enmarca en una ola de protestas que se están desarrollando en distintos puntos del archipiélago canario y del conjunto del Estado, todas ellas con un mensaje común: la vivienda se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía.

En Canarias, los inquilinos destinan una media del 56 % de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra que alcanza niveles todavía más insostenibles en las zonas sometidas a una mayor presión turística.

Desde primeras horas de la mañana, el ambiente estuvo marcado por pancartas, papagüevos, consignas y cacerolas que denunciaron el encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda pública y el aumento de los desahucios sin alternativa habitacional.

Vivir en un vehículo

Esta realidad está provocando un aumento de la precariedad habitacional, con familias obligadas a vivir en habitaciones, situaciones de hacinamiento o incluso personas que se ven forzadas a residir en vehículos ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. En un territorio donde el turismo tiene un peso determinante en la economía, la crisis de la vivienda se ve agravada por la especulación inmobiliaria, el auge del alquiler vacacional y la creciente atracción de inversión externa hacia el mercado residencial.

Este modelo está provocando la expulsión progresiva de la población residente de sus propios barrios, transformando espacios concebidos para la vida cotidiana en entornos orientados casi exclusivamente al consumo turístico.

El Gobierno de Canarias sigue sin pronunciarse sobre la solicitud de declaración de zona tensionada presentada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2025.

Sin embargo, el problema de la vivienda no es únicamente una cuestión económica. Es también un problema social, comunitario y emocional. La dificultad para acceder a una vivienda estable afecta a la salud mental, limita la capacidad de desarrollar un proyecto de vida y debilita los vínculos que sostienen los barrios.

Amenazas de desalojo

Resulta igualmente evidente que las administraciones públicas han sido incapaces de aplicar medidas efectivas para frenar la escalada de precios y garantizar el acceso a una vivienda digna. El Gobierno de Canarias sigue sin pronunciarse sobre la solicitud de declaración de zona tensionada presentada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2025, una medida que permitiría intervenir sobre los precios del alquiler en el municipio.

Asimismo, la finalización de las medidas extraordinarias de protección aprobadas durante los últimos años ha supuesto el fin de la suspensión de numerosos procedimientos de desahucio que afectan a personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente hay señalados seis desahucios que podrían ejecutarse antes del mes de octubre. 

Entre ellos destaca el caso de la parcela de Mr. Leacock, en Guía, donde más de sesenta personas migrantes, incluidas familias con menores de edad, afrontan la amenaza de un desalojo sin que exista una alternativa habitacional garantizada. Este caso pone de manifiesto una de las expresiones más duras de la emergencia habitacional que vive Canarias: personas que, tras años de dificultades para acceder al mercado de la vivienda, han terminado construyendo formas precarias de residencia. Lejos de ofrecer soluciones estables, las administraciones continúan respondiendo mediante procedimientos de expulsión que desplazan el problema sin resolverlo. La ejecución de este desalojo supondría dejar a decenas de personas en una situación de absoluta vulnerabilidad y evidencia la necesidad urgente de políticas públicas capaces de garantizar alojamiento, acompañamiento social y alternativas habitacionales reales para quienes carecen de recursos.