España podría convertirse en pionera mundial en la protección legal de sus grandes simios, pero la ilusión se topa con la realidad burocrática. Ayer, seis organizaciones defensoras de chimpancés, gorilas y orangutanes: Proyecto Gran Simio, Instituto Jane Goodall España, Fundación Rainfer, Fundació MONA, AAP Primadomus y Fundación Animal Guardians, se reunieron con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para exigir avances concretos en la futura Ley de Grandes Simios. 

El encuentro, calificado como “cordial y constructivo”, sirvió para presentar un frente histórico: todas las entidades especializadas en primates en España se unieron por primera vez, con demandas claras y consensuadas. Entre ellas, la creación inmediata de un grupo técnico de trabajo con juristas, primatólogos y expertos en bienestar animal, y la inclusión de medidas mínimas en la ley: prohibición del uso comercial y en espectáculos, fin del mascotismo, fin de reproducción en cautividad y traslados entre zoos, garantizando no romper lazos familiares ni grupos sociales, y recursos suficientes para los centros de rescate. “Después de 30 años de trabajo, nos emociona ver a todas las organizaciones unidas en la defensa de una ley histórica”, afirmó Marisa Mariñán, coordinadora de programas del Instituto Jane Goodall. 

Promesas y dudas

La Ley de Protección Animal, conocida como ley 7/2023, establecía que la norma sobre grandes simios debía presentarse tres meses después de su entrada en vigor. Ya han pasado más de dos años sin un camino claro hacia su aprobación. 

Si bien Bustinduy mostró disposición y voluntad política, la reunión no dio respuestas definitivas claras. José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, justificó los retrasos en la acumulación de otros decretos y esquivó un compromiso específico con el grupo técnico, generando malestar entre los asistentes. “Necesitamos el compromiso de que no se publicará un borrador de ley que no esté consensuado con las organizaciones”, señaló Marta Esteban, de Fundación Animal Guardians.

El ministro intervino para calmar tensiones y prometió una nueva reunión en la que se presentará el primer borrador de la ley, de modo que las organizaciones puedan aportar sus comentarios y continuar trabajando sobre él. Las organizaciones esperan que el texto esté listo antes del 31 de diciembre, aunque la ambigüedad y la falta de plazos concretos mantienen a las activistas en alerta.

La urgencia del caso

España alberga entre 40 y 50 gorilas, de 60 a 80 chimpancés y entre 10 y 20 orangutanes en zoológicos y santuarios, pero no hay bonobos. Actualmente no existe un marco legal que regule su bienestar: no hay estándares de instalaciones, estructuras sociales, enriquecimiento ambiental, censo estatal ni auditorías independientes.

Expertas alertan sobre los problemas que enfrentan los grandes simios: grupos sociales inadecuados, reproducción sin finalidad de conservación, escasez de recursos en santuarios y carencias en el bienestar psicológico. “Es urgente reconocer los derechos básicos de nuestros hermanos homínidos no humanos”, declaró Pedro Pozas, del Proyecto Gran Simio.

Homenaje a Jane Goodall y compromiso social

El borrador de la ley llevará el nombre de Ley Jane Goodall, en honor a la primatóloga fallecida recientemente. “Su legado incluye luchar incansablemente por el bienestar y la protección de los grandes simios en cautividad”, recordó Federico Bogdanowicz, del Instituto Jane Goodall España.

Con más de 72.000 firmas y el apoyo de 150 organizaciones, la presión social es clara, pero las defensoras advierten que estarán vigilantes. “Si el borrador refleja el consenso alcanzado, contará con todo nuestro apoyo. Pero nos aseguraremos de que los compromisos se cumplan”, afirmó Marta Esteban.

La futura ley tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la vida de decenas de grandes simios en España. La pregunta es si el ministerio estará a la altura de sus responsabilidades políticas y éticas.