Infancia
Una madre guineana denuncia que le han quitado a sus dos hijos con autismo en León

Inés Nchama Andeme no ve a sus dos hijos, de 12 y 9 años, desde hace seis meses. Ambos tienen autismo no verbal y la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en León, ha asumido su guardia y custodia desde el pasado 30 de septiembre de 2021, el día en el que el Grupo de Menores de la Policía Local (Paidós) se los llevo a la Residencia de Protección Suero de Quiñones.

La historia de Inés, que nació en Guinea y llegó a España con tan solo tres años, comenzó a torcerse cuando tuvo que abandonar Luxemburgo, país en el que trabajaba y residía con sus hijos desde 2012. En 2019 tuvo que regresar a España con los menores para ayudar a su madre con la venta de una casa que tenía en Mallorca. Mientras tanto, estalló la pandemia y las fronteras cerradas le impidieron salir del país. “Llegué a León en el mes de julio de 2021, desde Palencia, donde compramos una casa tras vender la vivienda de Mallorca. Mi madre murió y me quedé sola en un pueblo con dos niños con autismo. Busqué trabajo y lo encontré en León”, explica a El Salto.

“Alquilé un estudio en un hostal, en el que entré a vivir con mis dos hijos, mientras encontraba algo mejor. En agosto la propietaria me empezó a decir que me iban a quitar a los niños, sin ningún motivo”

Un trabajo en un bar como animadora para la terraza que, por las restricciones del covid, no pudo comenzar. “Alquilé un estudio en un hostal, en el que entré a vivir con mis dos hijos, mientras encontraba algo mejor. En agosto la propietaria me empezó a decir que me iban a quitar a los niños, sin ningún motivo”, explica esta madre que no entendía muy bien estas amenazas. “Yo la pedí permiso para empadronarnos en el hostal, comenzaba el colegio y sin empadronamiento no podía escolarizar a mis hijos. Pero se negaba”, explica.

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El 4 agosto se cumplen tres años de la “encerrona” en la que los Servicios Sociales de Bizkaia separaron de su hija a Irune Costumero. El anteproyecto de ley que aborda las violencias contra la infancia da el visto bueno a esta práctica que varias organizaciones piden revisar.

Inés cuenta que a inicios de septiembre consiguió trabajo como teleoperadora y, al mismo tiempo, las amenazas de la dueña del hostal fueron tomando forma. “Me dijo que había hablado con Cáritas, que había dado mis datos y la información de mis hijos. Decía que tenía que ir allí personalmente para que me ayudaran con una vivienda”, cuenta Inés. Cuando se personó en la sede de esta asociación, la ofrecieron un empadronamiento en un centro para drogodependientes. “Aceptar que me empadronen ahí es un riesgo para mí, van a decir que soy una drogadicta. Entonces, me negué”. Y ahí fue cuando empezaron los problemas.

Cáritas dio aviso de una posible situación de desamparo y el Grupo de Menores de la Policía Local (Paidós) comenzó a ir al trabajo de esta madre, quien decidió cambiarse de hostal ante la posibilidad de que vinieran a por sus hijos. El día 30 de septiembre decidió quedar con este grupo de policías para hablar con ellos. “Por la mañana llamé a la niñera para que viniera a quedarse con los niños. Yo quería ir a hablar con ellos. En el último momento, cuando ya había quedado con la policía, la niñera me dijo que no podía venir. Le dije al señor del hostal que iba a salir un momento que en veinte minutos estaba de regreso. Y me dijo que me fuera tranquila”. Cuando regresó un grupo de policías ya estaban allí para llevarse a sus hijos al centro de Suero de Quiñones, previo contacto con Fiscalía de Menores. Justifican la decisión de trasladarles en que se encontraban solos, tal y como se refleja en la resolución de asunción de guardia y custodia que entregaron a la madre ese mismo día.

Uso “abusivo” de las declaraciones de desamparo

Posteriormente, y tal y como se refleja en la resolución de declaración de desamparo y asunción de la tutela legal, emitida el 11 de octubre, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales habla de “maltrato psicológico severo debido al aislamiento en el que habitualmente se encuentran los menores”, “uso abusivo de dispositivos electrónicos”, “inasistencia a centro educativo”, “falta de atención terapéutica” y “negligencias” en aspectos como la alimentación.

Poco antes, el 6 de octubre, transcendía un informe redactado desde la subdirección de la residencia Suero de Quiñones, en el que se habla de “sospechas de abusos sexuales”, basándose en la manera de comportarse de la niña y en que “se muestra más incómoda ante el personal educativo de género masculino”. No se hace alusión a ninguna señal física, ni a ningún reconocimiento médico para confirmar esos abusos.

“La ley del menor dice que, salvo en casos excepcionales, los menores tienen que mantenerse con la familia. Inés tiene familiares muy bien posicionados”

“No hay ningún informe de especialistas que acrediten estos abusos sexuales”, expresa José Antonio Amilivia Cañedo, abogado de Inés, quien indica que se han cometido muchas irregularidades en el procedimiento administrativo. “Por ejemplo, no se ha respetado el plazo de 15 días para presentar alegaciones tras comunicarle la resolución de desamparo, y en su caso tuvo efectividad inmediata”, explica.

Además, asegura Amilivia, no se consultó con la familia de esta madre para encontrar otro lugar, que es lo que se debe hacer según la ley de protección a la infancia. “La ley del menor dice que, salvo en casos excepcionales, los menores tienen que mantenerse con la familia. Inés tiene familiares muy bien posicionados”, añade el letrado. “Y luego, se sacan de la manga un informe del centro. Los trabajadores reconocieron a Inés que no habían visto tal cosa. Es imposible acreditar unos abusos sexuales con la mera observación. Es una irregularidad manifiesta con la que se puede condicionar al juez y a todos”, se queja.

Desde el arrancamiento, Inés sólo ha visto una vez a sus hijos. El pasado 13 de diciembre recibió la noticia de que le suspendían las visitas “sin ningún tipo de explicación”, se queja esta madre. Desde entonces, no ha vuelto a verles y, posteriormente, tuvo conocimiento de que fueron trasladados desde León hasta otro centro en Valladolid.

“Las madres, la mayoría, no tienen medios económicos para asumir un procedimiento judicial ni impugnar las medidas"

Amilivia advierte de que estamos ante procedimientos muy complejos en los que, en ocasiones, la gerencia hace un uso abusivo de la declaración de desamparo sin darles oportunidad a las madres de defenderse. “Le suspendieron las visitas con los menores sin resolución ninguna por escrito, solo verbalmente, a través de una llamada telefónica. La gerencia dice que lo intentaron notificar y no pudieron, pero eso es falso. No nos dan informes de por qué suspenden las visitas y esto es contrario al derecho al acceso a la información pública. Dicen que no dan informes de parte, solo si demandan. Las madres, la mayoría, no tienen medios económicos para asumir un procedimiento judicial ni impugnar las medidas”, sentencia este letrado.

Desde el gabinete de prensa de la Junta de Castilla y León aseguran a El Salto que el procedimiento está totalmente reglado, con informes y supervisado por la comisión de infancia. “En este caso siempre se actúa pensando en el bienestar de los menores”, aseguran. Añaden además que el tema está judicializado.

Así las cosas, Inés recurrió el arrancamiento y el asunto será juzgado el próximo 17 de mayo. “Mis hijos me echan de menos”, insiste Inés mientras explica que dos niños con autismo no pueden ser arrancados de su figura de referencia, desestabilizando su día a día. Ella misma tuvo que acompañarles hasta el centro para enseñarles su nuevo lugar. “Han mandado una carta al juez diciendo que no aceptan mis alegaciones. Dicen que yo todo lo que pueda decir es mentira. Están infringiendo mis derechos y los de mis hijos”, se queja Inés mientras confía en que la balanza se incline a su favor.