Puigdemont pedirá al Supremo poder acudir a la investidura

El diputado de JxCat Josep Rull ha anunciado que Carles Puigdemont pedirá autorización judicial para asistir al pleno de investidura del próximo martes. Así lo ha dicho en una entrevista en 'El Suplemento' de Catalunya Ràdio después de que el Tribunal Constitucional español (TC) haya acordado avalar una investidura presencial de Puigdemont si hay una autorización judicial previa.

Sobre si Puigdemont asistirá igualmente al pleno de investidura aunque la justicia no le dé la autorización, Rull no quiso adelantar acontecimientos. 'Habrá pleno, lo que no quería Sáenz de Santamaría. Con unas condiciones inauditas pero habrá pleno ', se limitó a afirmar. Por su parte, la CUP se ha dirigido al presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), para que la sesión de investidura se celebre aunque finalmente el juez Pablo Llarena decida denegar a Puigdemont el permiso para presentarse en la sesión.

Rull ha reafirmado que ahora toca invertir Puigdemont 'y, por tanto, que se pedirá la autorización judicial tal como ha acordado el TC para poder asistir físicamente el pleno de investidura convocado para el próximo martes. El diputado de JxCat afirmó que 'nunca se renunciará al mandato de los ciudadanos' de Cataluña y ha añadido que no están autorizados a negociar el voto de los ciudadanos. 'Si negociamos la democracia, como nación no tenemos viabilidad', ha insistido.

Según el consejero, el TC aún ha quedado 'más en entredicho' tras la decisión de este sábado y ha considerado que la resolución del alto tribunal es una 'bofetada con la mano llena' a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue quien anunció el recurso contra la candidatura de Puigdemont y la convocatoria del pleno de investidura.

El pleno del TC resolvió la tarde del sábado aparcar su decisión sobre la toma en consideración del recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la investidura no presencial de Puigdemont. Tras horas de deliberación, los magistrados y magistradas no pudieron ponerse de acuerdo sobre la admisión a trámite del recurso, y en la línea de lo recomendado por el Consejo de Estado decidieron esperar a que se produzca el posible acto ilícito -en este caso, una investidura a Puigdemont no presencial, o sin permiso del juez- para admitir el recurso de la abogacía del Estado.

El compromiso alcanzado por el Constitucional ha sorteado así el problema que le suponía haber emitido un dictamen sin consenso, algo que habría sido interpretado como la primera fisura interna del TC desde la aplicación del artículo 155. Antes de la deliberación, tanto el informe de los técnicos del tribunal como la ponencia del magistrado Antonio Xiol se prounciaron en contra de admitir el recurso del Gobierno.

La resolución no se refiere explícitamente a la sesión de investidura, pero impide claramente tanto a Puigdemont como al resto de consejeros exiliados en Bruselas la facultad de intervenir en el Parlament o de votar sin estar presentes físicamente, sea de forma telemática o por voto delegado. Por su lado, el juez Llarena no impidió el voto por delegación a los tres representantes electos presos, posibilidad que ya ha sido aprobada por la mesa del Parlament, de mayoría procesista.