La querella por rebelión que podría llevar a Puigdemont a la cárcel 30 años
La Fiscalía General del Estado presentará una querella por rebelión contra Puigdemont y el resto de miembros del Govern que tramitaron la votación de independencia.
La respuesta del Estado a la declaración de independencia votada el viernes en el Pleno del Parlamento catalán llega por vía judicial, con la presentación de una querella por un delito de rebelión, sedición y malversación de fondos que la Fiscalía General del Estado ha registrado.
En rueda de prensa, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha explicado los detalles de la querella, dirigida contra los miembros del Govern destituido y contra los integrantes de la Mesa del Parlament que tramitaron la votación de la declaración de independencia.
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Aunque el Ministerio Público anunció la pasada semana que estaba preparando una demanda inicialmente contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente también ha incluido en la misma al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico.
Las dos querellas por delitos de rebelión, sedición ymalversación de caudales públicos se dirigen contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de personas que integraban su equipo de gobierno, interpuesta ante la Audiencia Nacional, y también contra los miembros de la Mesa del Parlament que el viernes participaron en la votación por la independencia, presentada ante el Tribunal Supremo.
30 años de cárcel por rebelión
La rebelión, castigada con hasta 30 años de prisión, se recoge en el artículo 472 del Código Penal e incluye varios supuestos de aplicación, entre ellos el de ser responsable de esta conducta quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos.
También se contemplan como conductas que integran el delito de rebelión "sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma", así como "usar o ejercer por sí o despojar" a estas instituciones o "a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
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